En medio de crecientes tensiones políticas y sociales, el Gobierno de Javier Milei se encamina a enfrentar la discusión en el Congreso de la polémica reforma laboral, anunciada como parte central de su proyecto de “modernización”. Aunque desde Balcarce 50 aseguran que la norma será tratada en febrero, la iniciativa enfrenta resistencias diversas y negocia apoyos con una combinación de incentivos fiscales y concesiones políticas que evidencia los límites del relato oficialista y las profundas contradicciones del proyecto.
Sesiones extraordinarias y calendario legislativo
El Ejecutivo nacional convocó a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero, con la reforma laboral incluida en un temario que también abarca la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la modificación de la Ley de Glaciares. El gobierno insiste en que el proyecto tenga dictamen y esté listo para su tratamiento en el Senado entre el 10 y el 12 de ese mes, un ritmo contrarreloj propio de un presidente que intenta imponer su agenda sin un respaldo social consolidado.
Negociaciones con gobernadores: fondos y presiones fiscales
Más allá de la retórica oficial sobre la “modernización del mercado de trabajo”, la Casa Rosada ha tenido que sentarse con gobernadores para ofrecer compensaciones fiscales y posibles cambios al texto original con el objetivo de sumar apoyos. En esas negociaciones se discuten aspectos tributarios, como escalas del impuesto a las Ganancias, que forman parte de la llamada “ropa interior” de la ley y revelan hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a mover recursos públicos para asegurar votos.
Sectores provinciales, sin embargo, no se muestran homogéneos: si bien algunos mandatarios expresan apoyo público, otros plantean reparos y condicionan su acompañamiento a no ver recortados los fondos coparticipables, una tensión que pone en evidencia el carácter clientelar y fragmentario de la negociación.
Debates técnicos y presión empresarial
Para sumar legitimidad a la discusión, el oficialismo habilitó mesas técnicas donde se escuchan —junto a funcionarios— representantes de instituciones empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CAME. Estas entidades apoyan la reforma en general, pero reclaman modificaciones puntuales a artículos vinculados a la seguridad jurídica y las reglas de negociación colectiva, subrayando que la modernización debería “mejorar la competitividad” aunque sin considerar los efectos sobre la precarización laboral. Aún entre cocodrilos, la ley no está cerrada y buscan más.
Nudos centrales de la reforma
Aunque no hay texto definitivo público, varios de los aspectos más criticados —y que configuran los principales nudos en la negociación— son:
- Modificación del cálculo de indemnizaciones, con exclusiones de conceptos salariales tradicionales que abaratarían los despidos.
- Reducción de cargas sociales y creación de fondos especiales con aportes del salario, que en los hechos trasladan costos a los trabajadores.
- Cuestionamientos sindicales sobre el debilitamiento de la negociación colectiva y la posible limitación a derechos colectivos.
Todas estas propuestas coinciden con los discursos de patronales y consultores liberales que, desde antes de 2026, señalaron que el proyecto favorecería la informalidad y la precarización, desmontando conquistas laborales históricas sin generar nuevos empleos de calidad.
Una aprobación que no está resuelta
Aunque desde el Gobierno circula un relato oficialista sobre el aseguramiento de votos en el Congreso, todavía no están garantizados ni el quórum ni las mayorías necesarias en ambas cámaras para sancionar la reforma. La propia Casa Rosada ha tenido que reabrir reuniones de mesa política y técnica justamente para ajustar apoyos, lo que desnuda la fragilidad de un proyecto que quiere avanzar “sí o sí” pero sin haber construido una base amplia de legitimidad social o política.
La negociación por la reforma laboral en Argentina es, en realidad, un termómetro de la correlación de fuerzas política y social. No se trata sólo de “modernizar” las relaciones de trabajo, como repite el Gobierno, sino de imponer desde arriba una reconfiguración de derechos enclave negrera y esclavista. La estrategia oficial, basada en negociaciones regionales y ajustes técnicos, revela un proyecto solo impulsado por demandas del capital y de sectores empresariales.
Los trabajadores no podemos quedarnos inmóviles ante semejante atropello y mucho menos depositar nuestras confianzas en un congreso que ha demostrado que el color de los billetes no importa a la hora de comprar votos. Mientras la CGT sigue dando declaraciones testimoniales sin convocar a ninguna acción, ni plan de lucha, es necesario impulsar una fuerte campaña por abajo, denunciando la reforma y preparando una enorme movilización para cuando se trate.
Desde ANCLA y el MST llamamos a la mayor movilización, reclamando e impulsando un paro nacional para esa fecha. Además, este 4 de febrero acompañamos el Cabildo Abierto a realizarse en el Garrahan con objetivo de contribuir a una inmensa convocatoria contra la Reforma Laboral.
