El reciente mapa interactivo presentado por el Observatorio de Tierras —integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires— revela con crudeza el alcance de un fenómeno que ya no puede ignorarse: la creciente extranjerización del territorio argentino. En un contexto de incendios en la Patagonia y ante la lucha por el acceso a Lago Escondido, los datos expuestos interpelan directamente lo que han permitido —y promovido— sucesivos gobiernos.
Los números de un país en venta
Según el informe, más de 13 millones de hectáreas, casi el 5% del territorio nacional —una superficie comparable a la de Inglaterra—, pertenecen a firmas o Estados extranjeros. La Ley de Tierras sancionada en 2011, que el actual gobierno intentó derogar mediante el DNU 70/2023, establece un límite del 15% de tenencia extranjera por provincia o departamento. Sin embargo, los investigadores Julieta Caggiano y Matías Oberlin identifican 36 departamentos que ya superan ese porcentaje.
Los casos más extremos son alarmantes: en Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), la extranjerización supera el 50%. Todos ellos coinciden en la concentración de bienes estratégicos: agua dulce, recursos minerales, biodiversidad. A su vez, departamentos como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) —ubicados sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná— superan ampliamente el 30%.[1]
El patrón es claro y estratégico: se concentra en zonas fronterizas, cuencas hídricas, corredores logísticos y regiones con recursos mineros.
¿Quiénes son los dueños?
Estados Unidos lidera el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Pero más allá de las nacionalidades, lo preocupante es el modus operandi: la adquisición avanza sin respetar normativas, como lo ejemplifican emblemáticamente el magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido o Benetton en la Patagonia.
Estos actores no solo acumulan tierra, sino que instalan aeropuertos privados —violando la ley— y consolidan enclaves con lógica de Estado paralelo, mientras comunidades originarias y pobladores locales ven restringido el acceso a territorios y recursos esenciales.
Fuego, negocios y desprotección estatal
La Patagonia es un epicentro de este proceso. Curiosamente —o no—, mientras grandes extensiones en manos extranjeras permanecen intactas, los incendios recurrentes afectan sistemáticamente bosques nativos, territorios de comunidades originarias y zonas de pequeños productores. Detrás de las llamas, muchas veces, hay una lógica de “renovación” del paisaje para nuevos negocios: especulación inmobiliaria, expansión de monocultivos o preparación de terrenos para megaproyectos.
Este drama se agrava con el desfinanciamiento de políticas de protección ambiental y la reticencia estatal a hacer cumplir leyes clave como la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Glaciares. El Estado no solo omite proteger; a menudo allana el camino al despojo.
Leyes que no alcanzan, democracia que falta
Como señalan los investigadores, “definir qué se puede vender y bajo qué reglas no es una cuestión administrativa: ordena el acceso a recursos centrales para la vida y cualquier proyecto de desarrollo”. Las leyes existentes —de Tierras, de Glaciares, de Bosques— son herramientas necesarias pero insuficientes mientras no se revise el modelo que permite la mercantilización de los bienes comunes.
La verdadera raíz del problema es la exclusión de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios. Sin mecanismos de participación efectiva, sin consulta previa e informada, sin poder de veto ante proyectos extractivos, cualquier regulación será burlada o vaciada de contenido.
Hacia una soberanía real: por una salida socialista
Frente a un modelo que prioriza la ganancia de unos pocos —nacionales y extranjeros— sobre el bienestar colectivo, se necesita un cambio de paradigma. No basta con regular mejor; hay que cuestionar la lógica que concibe la tierra como commodity y los recursos naturales como botín.
Por eso proponemos:
- Prohibir completamente la venta de grandes extensiones de tierra y la nacionalización de las tierras vendidas a empresas y magnates extranjeros.
- Fortalecimiento de la soberanía alimentaria y apoyo a la agricultura familiar.
- Planificación democrática del territorio, con las comunidades como protagonistas.
- Transición energética y productiva que priorice al ambiente.
Este no es un debate técnico; es una disyuntiva política: ¿seguiremos permitiendo que el mapa argentino se redibuje según los intereses de fondos de inversión y magnates, o construiremos una soberanía territorial real, ejercida por quienes habitan y cuidan el suelo?
El futuro no se negocia: se defiende. Y esa defensa comienza con movilización en unidad y con la convicción de que otro país —donde la tierra no sea ajena— no solo es necesario, sino posible.
[1] https://observatoriodetierras.blogspot.com/2025/12/la-extranjerizacion-de-tierras-en.html
