A poco menos de un mes para que la discusión sobre la reforma laboral inicie su recorrido en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli, ha intensificado una gira basada en la negociación directa de recursos y partidas presupuestarias por votos legislativos. El objetivo central de estos encuentros con los gobernadores es blindar los votos necesarios para que la reforma laboral esclavista consiga luz verde en el Senado, un recinto que históricamente ha sido el escenario de las mayores entregas contra la clase trabajadora.
En esta búsqueda desesperada de quórum, el Gobierno nacional despliega una moneda de cambio que exhibe la miseria política detrás del manejo de las provincias: reactivación de obras paralizadas, giros a las cajas previsionales y promesas de ingeniería impositiva para compensar el ajuste.
La reciente parada de Santilli en la provincia de Mendoza no sorprende respecto a la alineación ideológica, pero sí ha dejado en claro el precio de la gobernabilidad que exige Alfredo Cornejo. El mandatario radical, uno de los aliados más estrechos de la Casa Rosada, no dudó en comprometer su apoyo total al proyecto de flexibilización a cambio de promesas de infraestructura vial. En esta transacción, los derechos laborales se canjean por la licitación de la Ruta Nacional 7 y tramos de la ruta 40, proyectos que el propio Santilli utilizó para aceitar un diálogo que, según sus propias palabras, no admite disidencias. El ministro fue tajante al afirmar que ningún gobernador puede estar en contra de una reforma que, bajo la idea de la previsibilidad, busca destruir las protecciones básicas del empleo y abaratar el costo del despido en favor del sector empresarial.
En la misma sintonía se mostró Marcelo Orrego en San Juan, quien recibió al titular de la cartera de Interior con una predisposición absoluta para encontrar los consensos que el oficialismo reclama. Tras estas reuniones en Cuyo, la agenda de Santilli, también incluye una escala en el festival de Jesús María, donde, junto al presidente Javier Milei buscará mostrar una imagen de fortaleza política antes de encarar el tramo final de las negociaciones que continuarán el próximo lunes en Salta, en un encuentro ya pautado con el gobernador Gustavo Sáenz..
Cómplices de la reforma esclavista
Por la naturaleza de estos personajes no sorprende, pero sí es importante señalar este nuevo capítulo de entreguismo de sectores que hasta hace poco se autopercibían como opositores. El caso del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, es quizás el ejemplo más acabado de esta dinámica donde los discursos se licúan ante la presión presupuestaria de la Casa Rosada.
Si bien el encuentro previsto para este viernes fue reprogramado por supuestos motivos personales, la voluntad de Ziliotto de sentarse a la mesa de negociaciones con Santilli marca una ruptura con su discurso de opositor. Este acercamiento lo ubica en la misma vereda de gobernadores como Jaldo en Tucumán o Jalil en Catamarca, quienes, bajo la excusa de la responsabilidad institucional, terminan transando la suerte de los trabajadores de sus provincias a cambio de pequeñas concesiones fiscales o el mantenimiento de privilegios políticos locales. La cesión que le hizo el Ejecutivo a Jalil, regalándole el control la mina de oro YMAD, es una muestra del tipo de negociaciones a la que está dispuesto llegar Milei para conseguir una reforma impulsada por el FMI.
El debate que el gobierno hoy mantiene con los gobernadores sobre el impacto del impuesto a las Ganancias y la coparticipación federal es, en esencia, una discusión sobre cómo repartir las sobras de un ajuste que tiene como principal víctima al bolsillo de las mayorías. Los mandatarios provinciales que exigen condiciones claras para respaldar el proyecto no están preocupados por la estabilidad laboral de sus comprovincianos, sino por asegurar que el costo fiscal de la reforma no erosione su propio poder de gestión.
Es para resaltar el rumbo del gobierno de Milei y la complicidad necesaria de una liga de gobernadores que se comporta como una gerencia de recursos humanos al servicio de las grandes patronales. La reforma laboral que Santilli intenta imponer mediante este sistema de premios y castigos es una declaración de guerra contra las conquistas históricas del movimiento obrero argentino.
No hay modernización posible que nazca de la quita de derechos y de la sumisión al capital financiero internacional. Mientras el oficialismo y sus socios circunstanciales en las provincias cierran sus acuerdos a puertas cerradas, la tarea urgente es organizar la resistencia en las calles para frenar este intento de regresión social. La única respuesta frente a este mercado de votos debe ser la unidad de los trabajadores para derrotar un plan que busca condenar a las futuras generaciones a la servidumbre y la miseria bajo los dictados del mercado.
