A falta de un mes para que comiencen las sesiones en el Senado, la cúpula libertaria acelera sus primeros pasos para conseguir la sanción definitiva de la reforma laboral.
El llamado realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para conformar una mesa política este próximo viernes 16 de enero, se inscribe como el primer paso para ordenar las filas internas antes de que la discusión llegue al Senado. En esta reunión, que tendrá lugar en la sede de Gobierno, se darán cita los nombres que hoy concentran el poder real y la estrategia legislativa del oficialismo. Bajo la conducción formal de Adorni, pero con la vigilancia estrecha de Santiago Caputo y Karina Milei, el encuentro servirá para ajustar los detalles técnicos de un proyecto que el Ejecutivo considera razonable pero que para el conjunto de la clase trabajadora representa un retroceso histórico en sus conquistas.
La presencia de Patricia Bullrich, jefa del bloque en el Senado, y de Martín Menem, titular de la Cámara Baja, asegura que la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo sea total bajo la modalidad de un trabajo en espejo. La idea es que lo que se apruebe en una cámara debe replicarse sin cambios en la otra para evitar dilaciones que generen temblores políticos y que no haya sorpresas en un mercado financiero que espera señales propias de un gobierno fuerte.
En esta mesa también se analizarán los ajustes impositivos necesarios tras la caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026 en diciembre pasado, buscando que las exenciones fiscales para los empresarios no naufraguen ante la resistencia de los gobernadores por la caída de la recaudación. Al mismo tiempo, el equipo técnico liderado por la abogada Josefina Tajes comenzará a monitorear las propuestas de la oposición dialoguista para intentar incorporar aspectos que no alteren el espíritu privatista y flexibilizador de la norma.
Mientras Adorni ordena la superficie en Buenos Aires, el ministro del Interior, Diego Santilli, se encuentra en una gira federal que tiene como objetivo asegurar el poroteo de voluntades. Este lunes, el escenario de las negociaciones fue la provincia de Chaco, donde Santilli mantuvo un encuentro clave con el gobernador radical Leandro Zdero. La reunión, realizada en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno chaqueña, respetando el modus operandi de encuentros anteriores, se basó en la discusión sobre cómo intercambiar la asistencia financiera a la provincia a cambio del respaldo legislativo para conseguir los votos en el Congreso. El gobierno sabe que la debilidad económica de las provincias es su mejor herramienta de presión y el caso de Chaco es un ejemplo testigo de esta dinámica.
El cambio de favores para conseguir los votos
La gestión de Zdero llegó al cierre de 2025 con las cuentas en un estado de fragilidad importante, al punto de haber tenido que retrasar el pago del aguinaldo para su gabinete y directorios de entes hasta el primer mes de este año. En este contexto de asfixia financiera y dependencia absoluta de los recursos nacionales, el gobernador chaqueño aparece como un aliado dócil para las pretensiones de la Casa Rosada. Lo que Santilli anota en estas reuniones como necesidades provinciales es luego traducido por Caputo en partidas presupuestarias discrecionales, siempre y cuando los parlamentarios que responden a Zdero levanten la mano en febrero. Es una mecánica de compra de voluntades que el oficialismo ya aceitó durante la discusión del Presupuesto 2026 y que ahora pretende llevar a su máxima expresión para que la reforma laboral no encuentre obstáculos en el recinto.
Esta gira de Santilli, que ya pasó por el Chubut de Ignacio Torres en medio de los incendios y que continuará por Mendoza y Corrientes, busca blindar los 37 votos necesarios en el Senado para asegurar la media sanción. El oficialismo se muestra optimista, confiando en que el incentivo económico a las cajas provinciales será suficiente para que los gobernadores aliados ignoren el impacto negativo que la reducción de las alícuotas de Ganancias tendrá sobre la coparticipación. Según informes técnicos que ya circulan entre los mandatarios, la reforma laboral esconde una reforma tributaria encubierta que beneficiará mayoritariamente a 144 grandes empresas, mientras las arcas provinciales sufren un recorte de casi dos billones de pesos. Sin embargo, la promesa de Caputo de que este impacto fiscal se anularía mediante regímenes de regularización de quebrantos funciona como la zanahoria para que los jefes provinciales acepten el trato.
En paralelo a esta rosca, la burocracia sindical de la CGT intenta hacer su propio juego de supervivencia. Aunque los triunviros Jorge Sola (sindicato del Seguro) y Cristian Jerónimo (del gremio del vidrio) planean su propia gira por las provincias para presionar a los gobernadores peronistas, el gobierno ya ha dado señales de estar dispuesto a sentarse a conversar cambios menores que no afecten la esencia del proyecto. La central obrera se opone formalmente, desde el discurso, a la limitación del derecho de huelga y a la quita de aportes obligatorios, pero la historia reciente demuestra que su accionar suele ser funcional a los tiempos del oficialismo cuando se trata de negociar cajas propias. El peligro está en que esta negociación a espaldas de los trabajadores termine legitimando un sistema de convenios por empresa que destruya la fuerza de la negociación colectiva nacional.
Para el gobierno, la reforma laboral es la modernización necesaria para atraer inversiones, pero para quienes ponen el cuerpo cada día en las fábricas y oficinas, no es más que el intento de legalizar la precarización y abaratar el despido. La articulación entre la mesa política de Adorni y la gira de Santilli demuestra que el oficialismo está dispuesto a usar todos los recursos del Estado para quebrar la resistencia institucional. Mientras los brigadistas en el sur reclaman salarios dignos y pases a planta permanente, el ministro del Interior solo tiene ojos para las bancas del Congreso. No hay margen para medias tintas; lo que se está gestando en estas reuniones de verano es un plan de guerra contra los derechos laborales que solo podrá ser frenado mediante la organización y la más amplia unidad en la movilización.
