El 2025 se despide de la peor manera para miles de familias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En medio de una ola de calor agobiante, con sensaciones térmicas que rozaron los 40 grados, un apagón masivo dejó sin suministro eléctrico a casi un millón de usuarios durante la madrugada, convirtiendo la víspera de Año Nuevo en una pesadilla. En la previa de la celebración por el fin de año, la oscuridad y la falta de refrigeración ganaron la escena, exponiendo una vez más la precariedad de un sistema energético vaciado por la desinversión empresarial y la complicidad estatal.
El corte, que se inició pasadas las 23 horas del martes, afectó tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al conurbano bonaerense, producto de una falla en la subestación Bosques de Edesur que generó un efecto dominó en la red de alta y media tensión.
Barrios enteros como Recoleta, Villa Crespo, Flores, Almagro y Monserrat quedaron a oscuras en Capital, mientras que en el conurbano sur el apagón golpeó con fuerza a Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora y Florencio Varela. Aunque el servicio se fue restableciendo gradualmente, al cierre de esta nota todavía persistían más de 12.000 usuarios sin luz, soportando temperaturas extremas sin ninguna respuesta concreta.
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La indignación existente no es solo por el corte en sí, sino porque hay otro elemento en este contexto que hace crecer la bronca. Este colapso se da en simultáneo con la oficialización de nuevos tarifazos que golpearán el bolsillo a partir del 1º de enero de 2026. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ya publicó los nuevos cuadros tarifarios con aumentos para Edenor y Edesur, sumados a la quita de subsidios exigida por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el gobierno de Javier Milei obliga a los trabajadores a pagar facturas impagables por un servicio que no funciona, garantizando la rentabilidad de empresas que hace décadas no invierten un solo peso en mejorar el tendido eléctrico ni las estaciones transformadoras.
La estafa de las privatizadas y la complicidad libertaria
La crisis energética no es un accidente ni producto del clima, es el resultado directo de una política de saqueo. Tanto Edenor como Edesur han sido beneficiadas sistemáticamente por todos los gobiernos de turno, desde el menemismo hasta el kirchnerismo y el macrismo, recibiendo subsidios millonarios y condonaciones de deuda (como los más de 66 mil millones de pesos de una deuda que les perdonó Massa) sin que esto se traduzca en obras de infraestructura. Con la llegada de Milei, esta lógica se profundiza al extremo: se liberan las tarifas, se eliminan los controles y se dolarizan los costos, mientras los usuarios quedan de rehenes de un servicio deficiente y peligroso.
El discurso oficial de que no hay plata para subsidios se cae a pedazos cuando se ve la transferencia de recursos hacia estas corporaciones. De hecho, la vocación de servicio a estas patronales quedó plasmada en el reciente debate del Presupuesto 2026: dentro del polémico Capítulo XI, el gobierno incluyó un artículo diseñado exclusivamente para beneficiar con pagos y saneamiento de deudas a las empresas distribuidoras de electricidad, garantizándoles un blindaje financiero con fondos públicos mientras ajustan al pueblo.
La libertad que pregona el gobierno es la libertad para que estos empresarios fuguen sus ganancias extraordinarias mientras en los trabajadores sufrimos el calor y nos alumbramos con velas. El nuevo esquema de subsidios focalizados, diseñado a medida del FMI, dejará a millones de hogares a la intemperie, pagando tarifas plenas en un contexto de salarios de hambre y recesión económica.
Estatización bajo control social: la única salida real
Frente a este desastre recurrente, no hay margen para parches ni multas irrisorias que las empresas pagan con la caja chica. Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que la energía es un derecho humano básico, no una mercancía para el lucro de unos pocos. Por eso, planteamos un programa de emergencia y de fondo para terminar con los cortes y los tarifazos:
- Reestatización inmediata de todo el sistema energético: Anulación de las concesiones a Edenor, Edesur y todas las privatizadas, sin pago de indemnización y con incautación de sus bienes para reparar el daño causado por la falta de inversión.
- Control social y democrático: La nueva empresa estatal debe ser gestionada por sus trabajadores y técnicos especializados, junto con comités de usuarios, para garantizar que las decisiones se tomen en función de las necesidades sociales y no del negocio.
- Plan de obras públicas urgente: Inversión masiva estatal para renovar el tendido eléctrico, las subestaciones y la infraestructura obsoleta, financiado con el no pago de la deuda externa y un impuesto a las grandes fortunas.
- Tarifas justas y accesibles: Eliminación de los tarifazos y la dolarización de las tarifas. Implementación de un cuadro tarifario social que contemple el verdadero poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones.
- Investigación de la deuda y la fuga: Apertura de los libros contables de las privatizadas para investigar a dónde fueron a parar los millones de dólares en subsidios que recibieron durante décadas y que nunca llegaron a las obras.
Solo recuperando la soberanía energética y poniendo los recursos al servicio del pueblo trabajador podremos terminar con la oscuridad a la que nos condenan los gobiernos capitalistas y sus socios empresarios.
