El gobierno ha decidido dar un nuevo paso en su desguace del Estado, apuntando esta vez contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. En su habitual conferencia de prensa, el ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni confirmó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como organismo descentralizado y autárquico.
Según las palabras textuales del funcionario, “la Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud“.
Bajo el pretexto de la eficiencia y la transparencia, el Ejecutivo justifica esta medida alegando que durante años el organismo acumuló “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente“, prometiendo que ahora “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades“. Sin embargo, detrás de este anuncio se esconde una maniobra que busca limpiar la imagen de una gestión manchada por escándalos y profundizar el recorte presupuestario.
Es imposible disociar esta decisión drástica del escándalo de corrupción extrema que sacudió los cimientos de la ANDIS en los últimos meses. La agencia quedó envuelta en una trama oscura tras la filtración de una catarata de audios de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y hombre de confianza del círculo rojo libertario. Esas grabaciones expusieron un esquema de coimas institucionalizadas, sobreprecios en medicamentos y direccionamiento de licitaciones a favor de un “cártel de droguerías“.
Si bien la investigación judicial avanza hoy sobre funcionarios de segundas líneas y empresarios del sector, el caso salpicó inicialmente a las figuras más altas del poder, ya que Karina Milei, la Secretaria General de la Presidencia, quedó como una de las principales apuntadas en el inicio del escándalo por su injerencia directa en el organismo. Aunque la justicia parece haber distanciado ahora la figura de “El Jefe” del centro de la acusación, la disolución del ente funciona como una cortina de humo perfecta para intentar enterrar políticamente el caso que expuso la voracidad de los negocios libertarios con los fondos públicos.
El traspaso de las funciones de la ANDIS a la órbita del Ministerio de Salud no responde a un reajuste en el organigrama estatal, sino a un retroceso conceptual y político de enorme gravedad. Las organizaciones y referentes del sector denuncian que esta medida implica volver a una visión médica y asistencialista de la discapacidad, borrando de un plumazo años de lucha por un abordaje transversal y social de la problemática, tal como lo exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al quitarle jerarquía y autonomía al organismo, se diluye la capacidad de articular políticas de inclusión laboral, educativa y de accesibilidad, reduciendo todo a una cuestión sanitaria.
Con esto queda representada la lógica de ajuste feroz que el gobierno viene aplicando sistemáticamente. No es casualidad que este ataque institucional ocurra contra el mismo sector al que el oficialismo intentó quitarle la protección de la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el fallido artículo 75 del Presupuesto.
La promesa de Adorni de que “esto no significa que se vayan a recortar pensiones ni nada por el estilo” choca de frente con la realidad de un Ministerio de Salud que también sufre la motosierra y el desfinanciamiento. Pasar la ANDIS a una cartera ministerial que está siendo vaciada no garantiza transparencia ni mejores servicios, sino que augura un escenario de mayor desprotección, demoras burocráticas y vulneración de derechos para las personas con discapacidad y sus familias, quienes vuelven a ser la variable de ajuste de un gobierno insensible y sospechado de corrupción.
