La decisión del Ejecutivo provincial profundiza el ajuste sobre trabajadores y trabajadoras estatales. Organismos de derechos humanos denuncian el vaciamiento del Registro Único de la Verdad y advierten sobre un ataque directo a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos resolvió no renovar los mal llamados “contratos temporales” de trabajadores y trabajadoras estatales que cumplen funciones desde hace años bajo diversas formas de precarización laboral. Frigerio profundiza así una política de ajuste que se traduce en despidos encubiertos. La medida impacta en distintas áreas del Estado y vuelve a descargar el costo de la crisis sobre quienes garantizan el funcionamiento cotidiano de los organismos públicos.
Lejos de tratarse de una situación aislada, esta medida se inscribe en una orientación general de recortes que el Ejecutivo presenta como “ordenamiento del Estado”, pero que en los hechos implica el desmantelamiento de políticas públicas y el deterioro de derechos laborales conquistados. La realidad de los trabajadores estatales se complejiza cada día más; con paritarias congeladas hasta febrero, con nuevas estafas que se anuncian como triunfos como el realizado hace unos días junto a UPCN, donde las tan esperadas recategorizaciones se patean al próximo año; estas decisiones significan una vez más, que el ajuste se aplica sobre los trabajadores que garantizan derechos.
Despidos en el Registro Único de la Verdad: un ataque a los derechos humanos
Entre las áreas afectadas se encuentra el Registro Único de la Verdad (RUV), un organismo clave para el sostenimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en la provincia. La no renovación de los contratos de sus trabajadores y trabajadoras implica, en los hechos, el vaciamiento de un área estratégica cuyo trabajo ha sido reconocido por su enorme valor histórico, jurídico y democrático.
Desde el RUV se desarrolla una labor fundamental que excede ampliamente lo administrativo: investigación, análisis, sistematización de información y preservación de documentación vinculada al terrorismo de Estado. El acervo documental que allí se resguarda resulta indispensable para la reconstrucción de lo ocurrido en Entre Ríos durante la última dictadura y para el avance de las causas por delitos de lesa humanidad en la Justicia Federal.
Organismos de derechos humanos, personas y organizaciones de la sociedad civil expresaron su profunda preocupación ante esta situación y señalaron que, a pocos meses de cumplirse 50 años del Golpe de Estado cívico-militar de 1976, existe una necesidad real y actual de sostener estos puestos de trabajo. La memoria no se sostiene sola: requiere políticas activas, equipos estables y una real participación de toda la comunidad. Frente a los discursos y acciones negacionistas como la que aplica el gobierno de Ente Ríos volvemos a denunciar que vaciar o precarizar el Registro Único de la Verdad no es un simple ajuste administrativo. Es un ataque directo a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y, por lo tanto, un ataque a los espacios que fortalecen nuestras libertades democráticas. El trabajo que allí se realiza es una garantía concreta para que la Memoria, la Verdad y la Justicia sigan siendo un camino de lucha y para enfrentar las políticas negacionistas.
Organización y lucha para frenar el ajuste
Frente a esta avanzada, se vuelve urgente una respuesta colectiva desde los lugares de trabajo, las organizaciones sindicales y junto a los organismos de derechos humanos. La defensa de los puestos laborales del RUV y de todas las áreas afectadas es inseparable de la defensa de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y de los derechos conquistados por el pueblo trabajador.
La salida no vendrá de quienes ajustan ni de acuerdos de cúpula, sino de la organización desde abajo, la unidad de trabajadores y trabajadoras estatales y la movilización independiente para exigir la continuidad de todos los puestos de trabajo y el cese de los despidos. Defender el Registro Único de la Verdad es defender la memoria, la democracia y el derecho del pueblo a la verdad. Y defender el trabajo estatal es defender la garantía de los derechos que hemos conquistado. Sumamos nuestra solidaridad y reclamamos: ¡Ni un despido más, ni un derecho menos!
