Crédito imagen: Daniella Fernández
La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del cabo primero de Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, por haber disparado de manera antirreglamentaria y deliberada contra manifestantes durante la represión del 12 de marzo frente al Congreso de la Nación, en una nueva página de la ofensiva represiva que impulsa el gobierno de Patricia Bullrich. El tiro impactó directamente en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió lesiones gravísimas que pusieron en riesgo su vida y aún arrastra secuelas severas.
Un fallo que corrobora la violencia oficial
La Sala II de la Cámara Federal ratificó el procesamiento que había establecido la jueza María Servini a raíz de las pruebas audiovisuales y periciales aportadas durante la investigación. En el fallo, los camaristas señalaron que Guerrero realizó al menos cinco disparos horizontales con una pistola lanza gases directamente hacia la multitud, una conducta que incumple los protocolos de uso de la fuerza y que no puede considerarse legítima bajo ningún parámetro de orden público.
Los magistrados afirmaron que las imágenes muestran una actuación consciente del agente, que sabía que su accionar iba en contra de las normas y, aún así, aceptó el riesgo de causar daño grave a las personas presentes, lo que los jueces catalogaron como abuso de armas agravado y abuso de funciones.
El impacto sobre Grillo: violencia que deja marcas
El disparo impactó al fotógrafo Pablo Grillo, de 35 años, mientras cubría la movilización de jubilados y jubiladas que reclamaban en defensa de sus derechos. El proyectil provocó una fractura expuesta de cráneo, hematomas intracraneales múltiples y otras lesiones que demandaron meses de atención médica especializada. Grillo pasó largos períodos en terapia intensiva y, aunque fue dado de alta, continúa con un cuadro de salud delicado y secuelas profundas.
La represión como política de Estado
Este procesamiento no puede entenderse de manera aislada. La represión del 12 de marzo fue parte de un patrón de intervenciones violentas de las fuerzas federales bajo la conducción de Patricia Bullrich, quien en distintas oportunidades defendió públicamente estas acciones y, en algunos casos, llegó a acusaciones contra manifestantes y jueces por “desestabilización”, sin aportar evidencia concreta de conductas violentas justificadas.
La política de seguridad del gobierno no sólo legitima la violencia estatal, sino que también busca deslegitimar las protestas sociales, criminalizando a quienes salen a las calles contra el ajuste y la pérdida de derechos.
Responsabilidad política y cadena de mando
El fallo de la Cámara Federal también subraya la necesidad de analizar la cadena de mando dentro de los operativos represivos, apuntando indirectamente a las autoridades que ordenaron y supervisaron ese despliegue en las inmediaciones del Congreso. Esto abre la puerta a futuras investigaciones sobre la responsabilidad política de quienes diseñan y avalan estas estrategias de represión.
Justicia parcial en un contexto de impunidad
El procesamiento confirmado de Héctor Guerrero es un paso judicial relevante, aunque aún limitado si no va acompañado de una investigación más profunda sobre el rol de los mandos superiores y sus políticas represivas. En un país donde la protesta social ha sido reprimida con dureza bajo este gobierno, este fallo representa una mínima respuesta del Poder Judicial ante la violencia estatal, mientras que las políticas de seguridad siguen favoreciendo a las fuerzas de seguridad por encima de los derechos de la población.
En un momento en que la protesta social se intensifica frente al ajuste económico, este caso muestra que la justicia puede encontrar culpables en las filas represivas, pero la lucha por desmantelar la represión estatal y garantizar los derechos civiles sigue siendo una tarea de los movimientos populares y de izquierda.
