Lo sucedido en el Senado quedará marcado, una vez más, como un nuevo capítulo de entrega, legislando a espaldas de las necesidades populares. La Cámara Alta del Congreso le otorgó al gobierno de Javier Milei su primera victoria legislativa de esta nueva etapa de su mandato.
Con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, el oficialismo logró sancionar de manera definitiva el presupuesto 2026, una herramienta diseñada no para el desarrollo del país, sino como un instrumento de garantía para los acreedores externos y los especuladores financieros. La sesión, que se extendió durante horas en un clima de rosca política frenética, culminó con la aprobación de un plan económico que profundiza el desguace del Estado y consolida el ajuste más brutal de las últimas décadas sobre la clase trabajadora.
Lo que se vivió en el recinto fue la firma de un pacto de gobernabilidad construido a base de billetera y extorsión. Patricia Bullrich, erigida como la conductora del espacio oficialista en la Cámara de Senadores, se puso la sesión al hombro y operó minuto a minuto para garantizar que los números cerraran. No lo hizo sola, sino con la inestimable colaboración de los gobernadores provinciales que, a cambio de un puñado de ATN y promesas de pago de deudas previsionales, instruyeron a sus senadores para levantar la mano y avalar el saqueo. De esta manera, el gobierno libertario logró sortear los fantasmas que sobrevolaban la previa y consiguió aprobar el proyecto a libro cerrado, tal como vino de Diputados, evitando una segunda revisión que hubiera sido catastrófica para sus tiempos políticos.
Esta sanción representa la señal política que el gobierno necesitaba desesperadamente para calmar la ansiedad de los mercados y, fundamentalmente, para rendir examen ante el Fondo Monetario Internacional.
Con este presupuesto bajo el brazo, el ministro de Economía, Luis Caputo, obtiene la llave necesaria para salir a buscar nueva deuda y refinanciar los vencimientos impagables que se avecinan en el horizonte inmediato. El gobierno se asegura así las herramientas para intentar surfear un enero caliente, donde deberá afrontar pagos por más de 4.200 millones de dólares, una cifra que hoy resulta imposible de reunir con la recaudación genuina y el esquema actual de bandas de flotación cambiaria.
La traición educativa y el quiebre del peronismo
El contenido de lo votado es de una gravedad inusitada, especialmente en lo referido al futuro del sistema científico y educativo nacional. La aprobación del polémico artículo 30, que consiguió luz verde gracias a la complicidad de la oposición dialoguista y de un sector del peronismo, elimina los pisos mínimos de inversión que establecían leyes fundamentales.
Con esta decisión, el Estado ya no estará obligado a destinar el 6% del PBI a la educación ni a cumplir con la progresividad de fondos para la ciencia y la tecnología. Se trata de un golpe mortal a las escuelas técnicas y a la universidad pública, legalizando el vaciamiento y permitiendo que la inversión en conocimiento caiga a sus niveles más bajos en casi un siglo.
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Sin embargo, para que este ataque pudiera concretarse fue necesaria la colaboración activa de quienes dicen ser oposición. La sesión expuso con crudeza la fractura y la descomposición del PJ. Por primera vez en la era Milei, el bloque peronista votó dividido, destruyendo la idea de que eran el último bastión de la resistencia institucional.
Los senadores que responden a los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Gustavo Sáenz de Salta, no dudaron en aportar sus votos afirmativos, priorizando los acuerdos de caja con la Casa Rosada por sobre la defensa de los derechos de las mayorías. Esta ruptura, termina siendo la confirmación de que el PJ, en su vertiente federal y conservadora, ha decidido actuar como furgón de cola del proyecto libertario, garantizando la gobernabilidad del ajuste a cambio de algunas migajas fiscales.
La maniobra del gobierno para asegurar estas voluntades fue obscena y a cielo abierto. En las horas previas a la votación, el Ministerio del Interior agilizó giros millonarios de fondos discrecionales hacia las provincias cuyos legisladores eran clave para el quórum y la aprobación. Provincias como Salta, Catamarca y Tucumán vieron incrementadas sus partidas de manera exponencial en comparación con el promedio mensual, dejando en claro que en el Congreso de la Nación las convicciones tienen precio y que la casta política funciona como una ventanilla de negocios donde se comercian leyes contra el pueblo.
Inocencia para los ricos, ajuste para el pueblo
Como si el presupuesto de hambre no fuera suficiente, la jornada legislativa también sirvió para consagrar la impunidad de los grandes evasores mediante la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal.
Este proyecto, aprobado en la misma sesión, modifica el Régimen Penal Tributario para elevar de manera escandalosa los montos mínimos a partir de los cuales se considera delito la evasión. Esta ley termina permitiendo que quienes fugaron capitales y evadieron impuestos por sumas millonarias queden exentos de persecución penal y puedan blanquear sus activos sin dar explicaciones sobre el origen de los fondos.
Mientras el gobierno persigue a los trabajadores con el Impuesto a las Ganancias y congela los salarios docentes, le tiende una alfombra roja a los especuladores y a los sectores concentrados de la economía para que regularicen su situación fiscal por monedas. La aprobación de esta ley complementaria es la legalización del saqueo y la consagración de un sistema tributario regresivo donde los que más tienen son los que menos pagan y los que menos rinden cuentas ante la justicia.
A pesar de esta victoria legislativa, el gobierno no tiene el camino completamente allanado. El triunfo en el Senado llega después de los serios traspiés sufridos en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tuvo que resignar capítulos enteros de su plan original y vio cómo se postergaba el tratamiento de la reforma laboral para febrero. La realidad política demuestra que, aunque logren comprar votos en el recinto, la conflictividad social y las contradicciones de su propio programa económico siguen latentes. La estabilidad que Milei intenta vender a los mercados está atada con alambre y depende exclusivamente de la voluntad de pago de una deuda fraudulenta que asfixia cualquier posibilidad de recuperación real de la economía.
La salida es por izquierda
Frente a este escenario de complicidad política y ataque a nuestras condiciones de vida, queda demostrado que no podemos confiar en las variantes del viejo régimen político. El peronismo, con su doble juego de oposición discursiva y colaboración práctica, ha probado una vez más su incapacidad para enfrentar consecuentemente a la derecha. Sus gobernadores y legisladores son parte del engranaje que permite que Milei avance sobre la educación, la salud y los salarios. La única oposición real y consecuente es la que se construye desde abajo, con independencia de clase y sin compromisos con los verdugos del pueblo.
Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que es urgente organizar la bronca y transformarla en una fuerza política capaz de disputar el poder. No hay salida posible dentro de los marcos del acuerdo con el FMI y el pago de la deuda externa. Debemos plantear un programa de emergencia que parta del desconocimiento soberano de esa estafa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y la defensa irrestricta de la educación y la salud públicas con un presupuesto acorde a las necesidades sociales y no a las metas fiscales de Washington. La aprobación de este presupuesto es una declaración de guerra contra los trabajadores; nuestra respuesta debe ser ganar las calles y construir una alternativa política que luche por un gobierno de los trabajadores y el pueblo.
