Este viernes 26 de diciembre en el Senado, el gobierno de Javier Milei aspira a poder aprobar su proyecto de Presupuesto 2026, el que cuenta con la media sanción de Diputados, en una sesión que dejó niveles de crisis y ciertos escándalos.
Este proyecto consagraría el mayor ajuste educativo desde mediados del siglo pasado, ya que no se trata de un recorte más ni de un mero debate contable, sino que enfrentamos un ataque estructural al derecho social y humano a la educación, de aprobarse su funesto Artículo 30.
Allí se prevé una caída real del 47,3% para el área de Educación y Cultura respecto de lo efectivamente ejecutado en 2023, como el último presupuesto aprobado y vigente (ver cuadro). La misma suerte sufrirá el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con un recorte del 48,8% en términos reales frente al presupuesto ejecutado en 2023 (ver cuadro del CEPA, Centro de Economía Política Argentina). A partir de ese nefasto Artículo 30 se eliminará de la Ley Nº 27.614 el criterio de progresividad en los fondos asignados al área de ciencia y tecnología, los que debían ir aumentando hasta alcanzar el 1% del PBI en el 2032.
Además, implicará un golpe mortal a las escuelas Técnicas, que no tendrían razón de ser para el proyecto de apertura económica de la ultraderecha “libertaria”, que destruye toda industria nacional. Al licuarse en los hechos el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP, creado por el Artículo 52 de la Ley 26.058), que sufrirá un recorte de niveles históricos, con un 93% menos en lo proyectado para 2026, frente al presupuesto ejecutado en 2023 (ver cuadro).
Esto profundiza el vaciamiento que viene sufriendo ese Fondo para las Técnicas que, pese a estar vigente por ley, se viene desplomando desde que asumió Milei: “en 2023 se ejecutó el 50,5% de lo que correspondía, en 2024 apenas 9,4%, en 2025 10,8% y, para 2026, el proyecto reduce la cifra a un ínfimo 3,5%” (informe CEPA N° 553, 20/12/2025), con lo que el gobierno suprime en la práctica el FoNETP. También implicaría un desfinanciamiento al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), que sufrirá un recorte del 84,5%.
De igual gravedad es el Artículo 12 de este Presupuesto nacional 2026, que implica una caída real del 33,8% de las partidas universitarias, contra lo ejecutado en el 2023 (ver cuadro del Centro CEPA), profundizando el ajuste en todo el sistema educativo. Además de autorizar a la Secretaría de Educación que comanda el clerical y privatista Carlos Torrendel y en particular al siniestro Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a congelar el envío de fondos a una universidad si considera que sería insuficiente la información brindada sobre qué uso tendrán esos fondos (ver [1]). Una discrecionalidad total para asegurarse, de una u otra forma, el recorte universitario.
Senado: otra sesión con tensiones
Si este viernes 26 el oficialismo lograra la aprobación definitiva en el Senado, se abriría una etapa que puede implicar un retroceso histórico en materia educativa. Aunque hay preocupación en parte de la oposición para aprobar esos artículos 12 y 30 desde sectores del PJ, la UCR y fuerzas provinciales en el tratamiento en particular. Pero eso está por verse ya que, de haber un rechazo, debería volver a Diputados para su sanción definitiva.
Por eso Patricia Bullrich ejerce todas las presiones dado que el gobierno necesita el Presupuesto aprobado para cumplir con el FMI y las exigencias del mercado, ante los pagos por la estafa de la deuda, a saldar en enero próximo y en todo el 2026.
Ya la media sanción en la Cámara baja fue escandalosa. En la madrugada del jueves 18, La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales funcionales —aceitados con millonarios fondos de los ATN para gobiernos del PJ de Catamarca, Tucumán y de Salta, así como a fuerzas provinciales de Misiones, Neuquén y Santa Cruz— impusieron una votación por capítulos, negándose a debatirlo por artículo. Una maniobra antidemocrática que impidió rechazar también estos puntos críticos para la educación pública. La sesión estuvo a poco de no lograr el quorum necesario y solo pudo arrancar porque diputados peronistas de Córdoba que responden a Llaryora se sentaron en sus bancas, junto a Pichetto y Massot. Sin ese auxilio, el tratamiento de este recorte presupuestario se trababa.
El mayor ajuste educativo en las últimas ocho décadas
El corazón del ataque anti educativo son los Artículos 12 y en particular el 30, con el que pretenden derogar aspectos claves de leyes que hacen al presupuesto de la escuela pública, más allá de su escaso cumplimiento por los gobiernos capitalistas del PJ, la UCR, Macri y menos aún Milei, estos funcionaban como referencia y un supuesto piso de derechos a reclamar.
Como el compromiso del Estado de garantizar como mínimo el 6% del PBI en educación (Ley de Educación Nacional 26.206 al eliminar su Artículo 9), el financiamiento de la Educación Técnico Profesional (Artículo 52 de la Ley Nº 26.058) y el recorrido de aumento presupuestario previsto para ciencia y tecnología (Artículos 5, 6 y 7 de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación). En el proyecto presentado para el 2025 proponían “suspender” estos artículos por un año, ahora los quieren derogar directamente. Una barbaridad.
La conducción Celeste de la CTERA denuncia que utilizar una ley de Presupuesto para derogar derechos permanentes viola abiertamente la Ley de Administración Financiera 24.156, que prohíbe modificar o derogar leyes vigentes mediante disposiciones presupuestarias anuales. Así lo expresa el Artículo 20 de esa ley: “No podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos”. Esta violación constituye una grave irregularidad institucional.
Esta política de ajuste permanente como forma de gestión y gobierno liberfacho viene marchando: la inversión educativa acumula un recorte cercano al 50% y este proyecto de Presupuesto 2026 lo consolidaría. Como explicamos, la educación técnica es una de las más golpeadas: el ajuste supera el 90% y se elimina el Fondo para la Educación Técnica que financiaba la infraestructura, talleres, laboratorios, maquinaria, insumos y capacitación docente. Más de 1.700 escuelas técnicas, agro técnicas y rurales quedarán así a la deriva, desde la Puna al sur del país.
El resultado sería devastador: la inversión educativa nacional caería así a niveles de catástrofe, del 1,41% del PBI en 2023 y del 1,66% que tuvo en 2015, se pasa a tan solo el 0,68% del PBI por parte de la Nación, el registro más bajo en los últimos 22 años (CTERA: Presupuesto para 2026. Un análisis desde el punto de vista del Sector Educativo, 12/9).
Los recortes incluyen infraestructura escolar (-84,4%), formación docente (-71,2%), educación técnica (-84,5%), eliminación del FONID, programas de conectividad casi anulados, becas estudiantiles (-75%) y un millón de estudiantes sin asistencia, universidad (-33,8%). Se profundiza la deserción en profesorados, cae la matrícula, la planta docente y se habla hipócritamente de “calidad educativa” mientras los salarios permanecen en la pobreza.
Este ajuste económico se complementa con un proyecto ideológico regresivo. La llamada “libertad educativa” propone un Estado subsidiario, prioriza el “rol de la familia” para decidir todo, fragmentando el sistema, vaciando la escuela pública como espacio común y reforzando la privatización. No hay diagnóstico serio ni respuestas reales a los problemas de aprendizaje: se rompe el tejido social y se retrocede a un esquema previo a la institución del sistema educativo nacional con la Ley 1420 (promulgada el 8 de julio de 1884).
Es posible enfrentarlo, nuestras propuestas
Desde Alternativa Docente, ANCLA y el MST en el Frente de Izquierda Unidad denunciamos este ataque histórico y planteamos una salida de fondo. Para que haya una verdadera educación pública es necesario destinar como mínimo el 10% del PBI al presupuesto educativo, cortar con los multimillonarios subsidios a la educación privada y a la Iglesia Católica, imponer impuestos reales y progresivos a las grandes riquezas y dejar de pagar la estafa de la deuda al FMI y los bonistas buitres. Plata hay: mientras ajustan a la escuela y la universidad pública, para 2026 el proyecto prevé destinar 60% más a pagar los intereses de la estafa de la deuda que a Educación y Cultura.
Luchamos por un sistema educativo nacional, único y estatal, con un nomenclador salarial único nacional que tenga en cuenta las canastas locales y sostenido íntegramente con fondos del presupuesto nacional, garantizando salarios iguales a la canasta familiar, becas y una inversión masiva en infraestructura, útiles, mobiliario, conectividad y dispositivos. Por una educación obligatoria, gratuita, científica y laica, democrática, con perspectiva de género y ecosocialista. Con funcionarios que ganen como una docente y manden a sus pibes a la escuela y el hospital público.
Nada de esto se logrará en los pasillos del Congreso ni en los Tribunales, como aspira la conducción Celeste de CTERA y de gremios poderosos como el SUTEBA. Como demostró la heroica lucha del hospital Garrahan, que logramos transformar en causa nacional, es posible enfrentar y derrotar al gobierno, el FMI y sus cómplices. El camino es la calle, el paro y un plan de lucha nacional.
Así derrotamos la Ley Ómnibus y así podemos frenar este Presupuesto de saqueo y ajuste permanente. La Celeste de CTERA se ha negado a convocar al paro nacional y a una verdadera Marcha Federal Educativa, expresan una corriente derrotada, escéptica, que milita la resignación y se adaptan a la agenda capitalista y al “posibilismo” o el “malmenorismo” del PJ y de gobernadores como Kicillof, con quien se alinean incondicionalmente.
Es una tarea pendiente a exigir y reclamar, pero a la vez a impulsar y organizar de cara a un no inicio de clases 2026 y un plan de lucha desde los sectores que integramos la Coordinación Nacional Docente, con los gremios, la FND (Federación Nacional Docente), las seccionales y agrupaciones docentes combativas, independientes, multicolor y antiburocráticas. Sumate a este desafío colectivo para defender y transformar la educación pública.
[1] El Artículo 12 del Presupuesto 2026 establece que “las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.
