A partir de las 12 del mediodía, el Senado se prepara para lo que puede ser un nuevo capítulo de desgaste político para el gobierno de Milei. El oficialismo apuesta todo para conseguir su presupuesto de ajuste para 2026.
En una sesión atípica convocada para el día después de Navidad, el oficialismo libertario buscará convertir en ley el proyecto de Presupuesto 2026, una herramienta que la Casa Rosada considera vital no para mejorar la vida de las mayorías, sino para enviar una señal de obediencia absoluta a los mercados financieros y al Fondo Monetario Internacional de cara a los vencimientos de deuda de enero. Junto a la ley de leyes, también se tratará la denominada Ley de Inocencia Fiscal, para conseguir un nuevo blanqueo que premia a los evasores mientras se ajusta a los jubilados y trabajadores.
Sin embargo, lo que el gobierno imaginaba como un trámite exprés comandado por la jefa de bloque Patricia Bullrich se ha transformado en un terreno pantanoso. A pesar de contar con los números para la aprobación en general gracias a la colaboración de los bloques dialoguistas del PRO, la UCR y un sector del peronismo que amenaza con votar dividido por primera vez, las tensiones se han concentrado en la votación en particular. El foco del conflicto está puesto en el escandaloso artículo 30, donde se eliminan los pisos mínimos de inversión en educación y ciencia. Concretamente, este artículo busca derogar la obligación del Estado de destinar el 6% del PBI a la educación, borrar la progresividad del financiamiento científico que debía llegar al 1% en 2032 y eliminar el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.
Frente a este nuevo intento de desguace del futuro, los gobernadores han olido sangre y han activado su maquinaria de extorsión. Lejos de defender la educación pública por convicción, los mandatarios provinciales utilizan la debilidad del oficialismo para negociar su voto a cambio de fondos frescos para sus cajas y la reactivación de obras públicas puntuales. El espectáculo de la política tradicional vuelve a comenzar, donde los derechos y conquistas de las mayorías se vuelven la moneda de cambio en una mesa de negociación a puertas cerradas.
Si el oficialismo no logra blindar este artículo y la oposición logra modificarlo, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados en segunda revisión, un escenario espeluznante para el gobierno, que tendría dos días hábiles antes de fin de año para evitar un nuevo fracaso legislativo.
Una victoria a medias que expuso la debilidad libertaria
Para entender la fragilidad con la que el proyecto llega a la Cámara Alta, es necesario recordar el derrotero que sufrió en Diputados hace apenas una semana. Si bien, días después de la media sanción, el presidente salió a bajarle el precio a lo sucedido en la sesión de Diputados, el oficialismo tuvo que dejar en el camino partes esenciales de su plan de ajuste.
La caída del artículo 75 fue la muestra más cabal de que el gobierno todavía no tiene la fuerza que dice tener. En ese apartado, los libertarios pretendían derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, dos conquistas que fueron defendidas en las calles y que incluso los aliados circunstanciales del gobierno no se animaron a votar en contra por el nivel de costo político que implicaba.
El revés en la Cámara Baja no terminó ahí, ya que también se desplomó el capítulo XI completo. Esta sección del proyecto era una declaración de guerra contra los sectores más vulnerables, ya que incluía el congelamiento de la movilidad de las asignaciones familiares y habilitaba una discrecionalidad absoluta para girar fondos millonarios a las empresas distribuidoras de electricidad para saldar deudas.
Que el gobierno haya tenido que resignar estas pretensiones de máxima, sumado al reciente fallo judicial que ordena cumplir con el financiamiento universitario, demuestra que la situación de estabilidad que vendía el gobierno se pone un poco más volátil.
A este panorama de debilidad se suma otro fracaso estratégico: la postergación obligada del tratamiento de la reforma laboral. La intención de Bullrich de aprobar de manera exprés el paquete antiobrero antes de fin de año chocó con la falta de consenso, obligando al oficialismo a patear el debate para el 10 de febrero de 2026. Este retraso confirma que el gobierno no tiene el control absoluto de la agenda y que la resistencia a estas medidas regresivas sigue siendo un obstáculo real para sus planes.
La sesión de este viernes también incluirá el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto que corre en paralelo al presupuesto de hambre. Mientras se discute si hay plata para las escuelas técnicas o para los salarios docentes, el Senado se apresta a votar un régimen que actualiza los montos para considerar delito la evasión fiscal, elevando la vara de manera obscena para beneficiar a los grandes delincuentes de guante blanco. Es la otra cara de la moneda del modelo libertario: impunidad para los fugadores y evasores, y rigor fiscal para los trabajadores.
Ante este escenario de entrega y negociación a espaldas del pueblo, queda claro que la salida no vendrá de los acuerdos de cúpula en el Congreso. Ya sea que el presupuesto se apruebe tal cual lo pide el FMI o que sufra modificaciones cosméticas producto de la rosca con los gobernadores, el plan de fondo sigue siendo el mismo: pagar la deuda fraudulenta con el hambre de los argentinos. La única respuesta posible tiene que venir de la movilización en las calles para rechazar este presupuesto de ajuste y enfrentar cada una de las medidas que intentan hipotecar nuestro futuro.
