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La aprobación express en la Legislatura bonaerense del pedido de endeudamiento por 3.685 millones de dólares solicitado por Axel Kicillof ha abierto un nuevo capítulo en la disputa política entre la provincia y el gobierno nacional.
Sin embargo, más allá de los cruces mediáticos y las amenazas cruzadas de judicialización, lo que subyace es una realidad mucho más cruda para los trabajadores: la deuda tomada por el gobernador no es para mejorar la vida de las mayorías, sino para pagar vencimientos de una estafa anterior y sostener un presupuesto de ajuste, mientras que la negativa de Milei a autorizarla responde a una lógica de extorsión política para disciplinar a las provincias. En el medio de este tironeo de palacio, los bonaerenses quedan rehenes de dos modelos que, con discursos opuestos, coinciden en descargar la crisis sobre sus espaldas.
El conflicto se desató apenas se conoció la sanción de la ley, lograda gracias a un escandaloso toma y daca en el que el oficialismo provincial repartió cargos millonarios en el Banco Provincia y fondos discrecionales a los intendentes opositores a cambio de los votos. La normativa, que ahora debe pasar el filtro del Ministerio de Economía nacional para que la provincia pueda salir a los mercados internacionales, se encontró con la pared de Luis Caputo.
El ministro de Milei puso en duda la autorización argumentando que Buenos Aires no cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal al aumentar el gasto corriente por encima de la inflación. Desde el entorno libertario, con el armador Sebastián Pareja a la cabeza, fueron más directos y aseguraron que el presidente vetará el endeudamiento.
La respuesta del gobierno provincial no se hizo esperar. Kicillof, intentando mostrarse como víctima del ahogo financiero, le reclamó a Caputo que apruebe el endeudamiento “rapidito“, mientras su ministro Carlos Bianco amenazó con denunciar al gobierno nacional en la justicia si se concreta el bloqueo. Pero esta victimización no puede ocultar el contenido real de la política económica que Kicillof está llevando adelante. El gobernador, que busca posicionarse como la cara visible de la oposición y una supuesta alternativa al modelo libertario, en los hechos replica la lógica del ajuste y el pago serial de la deuda externa.
Lejos de plantear una ruptura con el esquema de dependencia financiera, Kicillof se endeuda para pagarle a los buitres. De los casi 3.700 millones de dólares solicitados, una parte sustancial se destinará a cubrir vencimientos de deuda heredada, validando la estafa macrista de Vidal que él mismo denunció en campaña pero que paga religiosamente. El resto, camuflado bajo el rubro de “proyectos de inversión” o cobertura de déficit, servirá para tapar los agujeros de una administración que ha recortado el presupuesto real en áreas sensibles.
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El Presupuesto 2026 de la provincia contempla un ajuste promedio del 20% en términos reales respecto al último aprobado, con una poda brutal en Educación que llega al 28%. Mientras se garantiza el pago a los bonistas, las escuelas se caen a pedazos, los hospitales carecen de insumos y los salarios de docentes, médicos y estatales pierden por goleada contra la inflación.
Esta orientación política explica por qué el peronismo no logra constituirse en una barrera real contra la ultraderecha. Kicillof, al igual que el resto de los gobernadores del PJ que hoy negocian gobernabilidad con Milei a cambio de migajas, está atrapado en la lógica del “mal menor” que administra la miseria. Su foto reciente con los jerarcas de la CGT, avalando implícitamente la pasividad de la central obrera frente a la reforma laboral y el ajuste nacional, es la postal de un dirigente que prioriza la contención social y el orden fiscal por sobre la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores. Su disposición al “diálogo” con el presidente, manifestada tras las elecciones, confirma que no hay grieta real cuando se trata de garantizar la gobernabilidad del sistema.
El endeudamiento aprobado no es una herramienta de soberanía, sino un salvavidas de plomo que hipoteca el futuro de la provincia. Al tomar deuda en moneda extranjera para gastos corrientes, Kicillof profundiza la dependencia y limita la autonomía fiscal de Buenos Aires por años. Además, el método utilizado para conseguir la ley es una muestra de la descomposición del régimen político: la ampliación del directorio del Banco Provincia para ubicar a militantes de la UCR, el PRO y hasta libertarios dialoguistas con sueldos millonarios, o la creación de fondos discrecionales para los intendentes, exponen que la “política” tradicional se reduce al reparto de cajas y privilegios a espaldas de las necesidades populares.
Frente a este escenario, donde Milei ajusta con la motosierra y Kicillof ajusta con la licuadora y la deuda, los trabajadores no tienen opción dentro de las variantes del sistema. La salida no es elegir entre el verdugo nacional y el administrador progresista de la escasez. Por eso, desde la izquierda planteamos que es necesario un programa de emergencia que parta del desconocimiento soberano de la deuda externa provincial y nacional, volcando esos recursos masivos a resolver la deuda social interna.
La crisis fiscal de la provincia no se soluciona pidiendo prestado a Wall Street, sino atacando la concentración de la riqueza: hay que implementar impuestos progresivos reales a los grandes terratenientes, a las multinacionales y a los bancos que operan en suelo bonaerense. Solo rompiendo con la lógica del FMI y los mercados, y poniendo los recursos de la provincia al servicio de un plan de obras públicas y recomposición salarial bajo control de los trabajadores, se podrá salir del laberinto del ajuste perpetuo en el que nos han metido tanto libertarios como peronistas.
