Un reciente y severo informe del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) ha puesto en alerta a la comunidad internacional, señalando graves violaciones a los derechos humanos en Argentina bajo la administración del presidente Javier Milei. El documento, que ha generado un cruce de acusaciones con el gobierno argentino, centra sus críticas en el “uso excesivo de la fuerza en contexto de protestas” y la implementación del polémico “Protocolo Antipiquetes” del Ministerio de Seguridad -comando hasta hace días por Patricia Bullrich-.
El Foco en la Represión de la Protesta Social
El informe de la ONU, emitido a finales de noviembre de 2025, tras la revisión periódica del país, expresa “profunda preocupación” por el accionar de las fuerzas federales en diversas manifestaciones. El Comité ha documentado un patrón de uso indiscriminado de armas menos letales, como gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma, que han provocado lesiones a manifestantes, incluyendo a personas con discapacidad, adultos mayores y trabajadores de prensa.
Respuesta del Gobierno Argentino
El gobierno de Javier Milei ha rechazado categóricamente las conclusiones del informe, justificando el accionar policial como parte de una política de “tolerancia cero con los violentos” y de restablecimiento del orden público. Representantes argentinos ante la ONU argumentaron que las medidas buscan garantizar la libre circulación y responden a un contexto de conflictividad social.
Sin embargo, organismos locales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como diferentes organizaciones sociales y políticas, han aportado documentación y testimonios que corroboran las denuncias de la ONU, señalando un “escenario muy grave por el aumento en las torturas y malos tratos” en diversos contextos de detención y protesta.
El informe de la ONU, que el gobierno argentino ha rechazado, se basa en datos que dan cuenta de detenciones masivas y la aplicación de la fuerza de manera desproporcionada contra manifestantes, periodistas y hasta personas mayores. Estas acciones no buscan “restaurar el orden” como argumentan funcionarios oficiales, sino disciplinar a la clase trabajadora y desmovilizar cualquier atisbo de resistencia organizada. Más aún, en un contexto post electoral que ha envalentonado al gobierno para profundizar el ajuste y presentar, en breve, la madre de todas las batallas contra la clase trabajadora: la reforma laboral esclavista que busca jornadas y condiciones laborales del S. XlX.
La represión sistemática es el correlato necesario de un modelo que busca maximizar la tasa de ganancia a expensas de la vida digna de las mayorías. El gobierno justifica estas acciones en un discurso que demoniza la protesta social y así desalentar la participación masiva en las luchas de los sectores combativos. El poder ejecutivo tomó debida nota de lo que ocurre cuando la sociedad se organiza, rodea y toma como propia una causa tan sensible como la del Garrahan.
Marcos Sierra
Fuentes:
- https://www.ohchr.org/es/documents/tools-and-resources/compilation-cat-concluding-observations-latin-american-and-caribbean Enlace de descarga PDF en español. Informe sobre la Argentina : Pág. 53 a 77.
- https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-rechaza-el-informe-sesgado-del-comite-contra-la-tortura-que-omite-graves-abusos Descargo del Gobierno argentino: rechazo del infirme y acusación al organismo de tener “sesgo ideológico” y de haber sido “influenciado” “grupos kirchneristas”
