La discusión sobre una nueva reforma laboral y una serie de reformas antiobreras y autoritarias volvió al centro de la escena. Esta vez no solo por el impulso y la ofensiva del gobierno de Javier Milei, sino también por los movimientos recientes de la Corte Suprema, que reactivó expedientes y abrió la puerta a fallos que pretenden debilitar conquistas históricas del movimiento obrero. Además de generar legitimidad e impunidad de actos de gobierno observados y rechazados por el conjunto social. Aunque las propuestas de Milei y las del macrismo no son idénticas, ambas comparten un objetivo estratégico: avanzar hacia un modelo de trabajo más precario, con menos garantías y mayor poder para las patronales. La corte deja en claro su posición con la idea de intentar desactivar la lucha.
Un proyecto que busca retroceder décadas
Milei insiste en que la legislación actual “obstaculiza” el mercado laboral, pero lo que plantea es básicamente volver a un esquema donde el trabajador queda cada vez más desprotegido y con menos derechos. La eliminación de indemnizaciones, la ampliación del período de prueba, los regímenes “a la carta” para las empresas y un sistema sindical más débil son piezas clave de su programa.
El macrismo, durante su gestión, intentó algo similar, aunque con un discurso más light: hablaba de “modernización”. Milei lo dice sin filtros: “flexibilización”. Pero ambos proyectos buscan lo mismo: reducir el costo laboral y abrir espacio para contratos precarios, temporales y sin garantías.
El objetivo detrás del fallo de la Corte
La Corte Suprema no actúa en el vacío. Su reactivación en temas laborales no es casual: forma parte de un alineamiento político más amplio. En un contexto donde el gobierno necesita mostrar “resultados” ante el FMI y los grandes grupos económicos, el Poder Judicial aparece como un actor que puede avanzar allí donde Milei tiene trabas políticas o resistencias parlamentarias.
El mensaje es claro: incluso si el Congreso no aprueba una reforma profunda, los jueces pueden habilitar mecanismos para erosionar derechos por la vía judicial. Esto ya ocurrió en otros momentos del país y es una estrategia que hoy vuelve a tomar fuerza.
El recuerdo de 2017: cuando la movilización frenó el ajuste
La discusión actual revive un antecedente ineludible: las movilizaciones de diciembre de 2017 contra la reforma previsional. Aquel intento del macrismo —aprobado entre gases, violencia policial y un Congreso vallado— marcó un punto de quiebre. Aquella reforma también se dio después de haber ganado las elecciones de medio término. Pero la bronca social y la masividad en las calles obligaron al gobierno a archivar su proyecto de reforma laboral, que ya tenía redactado.
Esa experiencia dejó una lección: cuando la clase trabajadora y los movimientos sociales actúan de forma unificada, incluso gobiernos con mayoría política y respaldo empresarial pueden retroceder.
Hoy, el contexto es distinto, pero la enseñanza vale igual. Milei expresa una ofensiva más radical que la de Macri, pero su fortaleza real depende de cuánto avance sin resistencia. La historia muestra que la organización desde abajo puede frenar ataques incluso más fuertes.
Un conflicto que recién empieza
Algunos gremios combativos evalúan planes de lucha, más allá de los conflictos que se profundizan hacia dentro de los espacios sindicales y la inmovilidad de algunos sectores, refleja la bronca de las bases obreras. El Gobierno redobla la presión acusando a los sindicatos de “corporativos”. Pero detrás de la retórica libertaria, lo que se disputa es quién paga la crisis: si los trabajadores o los empresarios.
La reforma laboral aparece como un capítulo central del ajuste y, al mismo tiempo, como un punto donde Milei puede encontrar un límite social significativo.
La salida: organización, unidad y ejemplo del Garrahan
En este escenario, la resistencia no puede quedar fragmentada. La pelea que dieron las y los trabajadores del Hospital Garrahan este año mostró un camino: asambleas masivas, coordinación entre sectores, visibilidad pública y unidad de acción para enfrentar el ajuste. Ese método logró conquistas concretas y mostró que cuando se combinan firmeza y organización, se puede ganar.
Ante una ofensiva que viene desde el Ejecutivo, el Legislativo y ahora también desde la Corte, la salida no vendrá “desde arriba”. Será en las calles, con la máxima unidad de acción, articulando sindicatos, movimientos sociales, juventudes y asambleas. Como en 2017 y como en el Garrahan, se trata de construir fuerza social para frenar un proyecto que busca arrebatar derechos conquistados con décadas de lucha.
