vLa renuncia de Alberto Baños a la subsecretaria de Derechos Humanos de La Nación, presentada este jueves, no debe leerse como un retroceso en la política de memoria del gobierno de Javier Milei, ni mucho menos como una autocrítica ante el desastre de su gestión. Por el contrario, la salida de este exjuez penal, amigo personal del ministro Mariano Cúneo Libarona y funcionario gris que entró en el Poder judicial bajo la bota de la última dictadura militar, es una muestra más de la reconfiguración interna que busca radicalizar aún más el perfil autoritario y pro-represores de la gestión libertaria.
Baños se marcha dejando tierra arrasada, habiendo cumplido con el desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pero su partida abre la puerta a sectores todavía más oscuros, ligados al asesor presidencial, Santiago Caputo, que pretenden terminar la tarea de consagrar la impunidad para los genocidas de ayer como garantía para la represión actual.
Tierra arrasada en la gestión de la memoria
Para entender este momento, hay que repasar quién es y que hizo Alberto Baños durante su paso por la función pública.
Su gestión se caracterizó por la aplicación despiadada de la motosierra en áreas sensibles y simbólicas para la historia democrática argentina. Fue el responsable directo del desguace de la Secretaría, degradada a Subsecretaría, ejecutando el despido de trabajadores esenciales del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio de Memoria ESMA, lugares que fueron vaciados de contenido y de personal.
Su lista de servicios incluyó el intento de cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, la censura de actividades académicas y culturales, y la militarización de los espacios de memoria con presencia policial, tratando a los trabajadores y a los militantes como enemigos internos.
Sin embargo, el punto cúlmine de su carrera como funcionario negacionista, fue su reciente actuación internacional. Hace apenas unas semanas, Baños viajó a Ginebra para representar al país ante el Comité Contra la Tortura de la ONU. Allí, lejos de defender los compromisos internacionales del país, se dedicó a escupir sobre la memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos.
Con un cinismo digno de un reaccionario, afirmó ante los expertos de las Naciones Unidas que la cifra de los 30.000 es “un dato falso” y se animó a declarar que la lucha de los organismos fue “un negocio”. No conforme con repetir los latiguillos de la teoría de los dos demonios y abogar por una “memoria completa” —el cuentito que utiliza la ultraderecha para justificar el terrorismo de Estado—, Baños protagonizó un hecho de una tremenda gravedad política al votar, en soledad junto a Estados Unidos e Israel, en contra de una resolución para la prevención y la eliminación de formas de tortura.
Al alinearse con las potencias que avalan el genocidio en Gaza y las prácticas de tortura sistemática, Baños dejó en claro que para el gobierno de Milei los derechos humanos son un obstáculo que remover. Su negativa a reconocer los crímenes de la dictadura argentina va de la mano con su aval a las políticas represivas actuales, negando también la brutalidad policial desplegada por Patricia Bullich contra jubilados y otros sectores que salieron a luchar en las calles.
Baños fue la cara más visible de un intento de reescribir la historia para legitimar la violencia estatal presente. Pero en la lógica interna de este gobierno, la ultraderecha, incluso un negacionista como él puede resultar tibio o prescindible frente a las necesidades de poder de los sectores que pujan por el control total del aparato estatal.
Se van los “tibios”, entran los fanáticos de la impunidad
La renuncia de Baños se da en medio de una interna feroz dentro del Ministerio de Justicia, donde Cúneo Libarona ha quedado desdibujado frente al avance de las fuerzas del cielo comandadas por Santiago Caputo.
Quienes suenan para reemplazarlo o quienes ya operan en las sombras del ministerio, como Alfredo Vitolo, representan una línea aún más dura, vinculada a los sectores que exigen abiertamente la libertad de los represores condenados y que buscan desmontar todo el andamiaje jurídico de los juicios de lesa humanidad. Es decir, sale un funcionario que negaba los 30.000 y entra la posibilidad de una gestión que busque activamente la impunidad biológica y legal de los genocidas que quedan vivos. No estamos ante un cambio de rumbo, sino ante una aceleración a fondo hacia el abismo reaccionario.
Aunque cabe aclarar, que el ala más dura, profundamente negacionista y pro-impunidad de los militares, no logró el sábado pasado mostrarse con multitud en su acción convocada a plaza de mayo con sus pañuelos negros. Esta organización marginal, liderada entre otros por Asunción Benedit —hermana del diputado libertario Beltrán Benedit, conocido por organizar visitas a genocidas en Ezeiza—, intentó realizar una provocación política exigiendo la libertad de los represores condenados. Sin embargo, su capacidad de movilización fue nula, demostrando que estos sectores rancios no tienen el apoyo que imaginan. Su acto, teñido de consignas anticomunistas y reivindicaciones de la “guerra sucia“, quedó totalmente opacado y ridiculizado por la movilización que se realizaba el mismo día en solidaridad con el pueblo palestino. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto a partidos del Frente de Izquierda y organismos de derechos humanos, coparon la Plaza para repudiar tanto el genocidio sionista como la provocación negacionista local, dejando en claro que la calle sigue siendo de quienes luchan por la memoria y no de quienes reivindican la muerte.
Este movimiento de piezas en Derechos Humanos no puede analizarse de manera aislada, sino que debe ponerse junto con lo que sucede en el Ministerio de Defensa. La reciente designación del teniente General, Carlos Alberto Presti como ministro, el primer militar en actividad en asumir un cargo político desde 1983, completa el cuadro de situación. Presti, hijo de un genocida que murió impune con 44 causas por crímenes de lesa humanidad, representa un intento de recrear una especie de vuelta del partido militar a la conducción política del Estado. Mientras por un lado vacían los organismos de control y memoria con funcionarios como Baños o sus sucesores, por el otro empoderan a las Fuerzas Armadas, buscando lavarle la cara a la institución y prepararla para intervenir en seguridad interior.
La estrategia es macabra: el gobierno necesita borrar la memoria de las atrocidades del pasado para habilitar las atrocidades del presente y del futuro. Necesitan instalar que no hubo genocidio, que no fueron 30.000 y que los militares fueron víctimas de una “guerra sucia“, para justificar que hoy las fuerzas de seguridad puedan reprimir la protesta social, espiar a opositores y garantizar a sangre y fuego el ajuste económico. La salida de Baños, lejos de ser un alivio, es una señal de alerta. El gobierno de Milei está purgando sus filas para quedarse con los cuadros más decididos a llevar adelante esta batalla cultural y represiva.
Memoria, Verdad y Justicia, ahora y siempre
Frente a este escenario, donde el Estado es copado por apologistas de la tortura y enemigos de las libertades democráticas, no hay margen para la indiferencia ni para confiar en las internas palaciegas de la Casa Rosada.
La única respuesta posible es redoblar la movilización en las calles y levantar bien alto las banderas de los 30.000. Si ellos profundizan el negacionismo y la impunidad, nosotros debemos profundizar la organización y la lucha. Al acercarse los 50 años del 24 de Marzo vemos necesario redoblar los esfuerzos por una masiva movilización unitaria. Porque no fue un negocio, fue un genocidio; y porque a los genocidas de ayer y a los hambreadores de hoy, los vamos a enfrentar con la misma fuerza histórica de las Madres y las Abuelas. Fuera Baños, y fuera todo el plan de impunidad de Milei.
