El gobernador logró la aprobación de su ley de endeudamiento gracias a acuerdos con la oposición que incluyeron una repartija de cargos y fondos multimillonarios a los intendentes. Se multiplican las críticas por el megaendeudamiento, la profundización del ajuste provincial y el impacto social.

Un endeudamiento que profundiza la hipoteca provincial

La Legislatura bonaerense aprobó, en una doble sesión nocturna de ambas cámaras, el pedido del gobernador Axel Kicillof para tomar U$D 3.685 millones de deuda, una cifra que marca uno de los mayores paquetes de financiamiento externo votados en los últimos años. Solo comparable con las deudas que Vidal le cargó a la provincia con el aval del PJ, Massa y hasta el kirchnerismo durante sus cuatro años de gobierno.

La iniciativa, que requería una mayoría de dos tercios, fue sancionada luego de una serie de negociaciones intensas entre el PJ y sectores de la oposición —como la UCR, el PRO y los libertarios dialoguistas— que terminaron reclamando contraprestaciones en cargos con suculentos ingresos, privilegios y recursos para sus municipios, de libre disponibilidad.

El gobierno bonaerense defendió la medida como una herramienta necesaria para “atender” vencimientos “heredados” —los que paga puntualmente, en lugar de desconocer esa estafa y atender la enorme deuda social—, financiar gastos corrientes y “reactivar” la obra pública. Sin embargo, la provincia vuelve a recurrir a un fuerte ajuste en el Presupuesto votado, que este endeudamiento pretende sostener: del 20 % promedio respecto del último presupuesto aprobado, medido por la inflación real; en Educación el recorte trepa al 28 %, por ejemplo, y así en otras áreas sociales.

La decisión implica, además, compromisos en moneda extranjera que se proyectan sobre futuros presupuestos provinciales, limitando la autonomía fiscal y profundizando el peso de la deuda en un contexto de recesión y ajuste nacional. Mientras tanto, el pueblo de la provincia paga más y se debe más: la deuda creció pese a todo lo que Kicillof canceló, y estos nuevos pedidos implican un 31 % más de la deuda total.

Acuerdos con la oposición

Para alcanzar los votos necesarios para los dos tercios, el oficialismo negoció una serie de concesiones, entre ellas:

● La ampliación del directorio del Banco Provincia, incorporando cargos y síndicos que representan a la UCR, al PRO y a los libertarios dialoguistas (Nuevos Aires y Unión y Libertad), con sueldos de alrededor de $80 millones al mes.

● Cargos en organismos clave, entre ellos el Consejo de Educación —que debería definirse mediante elecciones postergadas hace 16 años—, nombrando a dedo representantes de la docencia y también del PJ, el PRO y la UCR. Además, ocho cargos en el Tribunal Fiscal con sueldos de 6 a 8 millones mensuales, nombrados en forma vitalicia, junto con designaciones en otras áreas.

● La creación de un fondo municipal de $350.000 millones, que los intendentes pueden manejar de forma discrecional y que no está atado a la aprobación del endeudamiento. La Provincia garantiza dos cuotas ahora y otras en 2026. Esta fue una herramienta clave, que funcionó como moneda de cambio para garantizar apoyos en ambos recintos.

● La condonación de deudas municipales acumuladas con el IOMA y durante la pandemia, así como préstamos por deudas salariales, otro reclamo insistente de los jefes comunales del peronismo y también de la oposición radical y del PRO.

Estos movimientos exponen nuevamente la lógica del toma y daca legislativo, donde decisiones de alto impacto económico dependen de acuerdos que priorizan la preservación de estructuras de poder, sin consultar al pueblo trabajador que paga estas deudas con más ajuste.

El Senado cerró la aprobación exprés, sin debate

Luego de obtener la media sanción en Diputados, la ley fue refrendada rápidamente en el Senado, donde la correlación de fuerzas también exigió negociaciones para alcanzar los dos tercios. Concluido el trámite, el gobierno celebró lo que calificó como “una herramienta indispensable para la provincia”.

Una provincia atrapada entre el ajuste (nacional y provincial) y la deuda propia

La aprobación de este paquete de financiamiento expone la crudeza del sistema capitalista en un contexto donde el gobierno nacional despliega un ajuste severo y el provincial lo replica. Pero también revela la falta de un rumbo que evite el cierre de empresas, los despidos y las suspensiones; que abra los libros de las corporaciones; que cambie la matriz recaudatoria y genere una recaudación verdaderamente progresiva; que ponga impuestos a los ricos, en lugar de profundizar la dependencia de los mercados financieros.

Mientras tanto, los 17 millones de bonaerenses siguen enfrentando un deterioro acelerado de salarios, educación, salud y servicios sociales. En ese marco, la discusión sobre el endeudamiento no es meramente técnica: define quién paga la crisis y qué intereses prevalecen en el rumbo de la provincia.

Nosotros creemos que esta crisis la tienen que pagar quienes la generaron. Debe suspenderse todo pago de la deuda, implementarse un impuesto progresivo a los ricos, eliminar los subsidios a la educación privada y terminar con los beneficios para políticos que dejan su banca a cambio de cargos para mantener sus privilegios —que deberían ganar lo mismo que una maestra de escuela—. En síntesis, que la crisis la paguen los ricos y los bonistas buitres.