La declaración de un exfuncionario rompió el blindaje interno que sostenía la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El testimonio confirma lo que las organizaciones sociales venían denunciando: un circuito de sobreprecios, contratos direccionados y negocios entre funcionarios y empresas privadas, que se montó sobre un organismo clave para garantizar derechos de las personas con discapacidad.
Lejos de ser un hecho aislado, el caso deja al descubierto cómo el ajuste, la precarización y la lógica empresarial aplicada al Estado abren las puertas a manejos opacos que terminan perjudicando a los sectores más vulnerables.
Un engranaje de corrupción que empieza a desarmarse
Roger Grant, ex coordinador de Gestión de Urgencias del área de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS, declaró ante la Justicia y señaló directamente a Daniel María Garbellini —otro exfuncionario del organismo— como quien definía qué empresas debían cotizar y a cuáles se les otorgaban los contratos. Es decir, confirmando un sistema de compras direccionadas, armado desde adentro.
La causa ya incluía audios donde se hablaba de retornos, comisiones y acuerdos con droguerías privadas, pero ahora la confesión rompe el intento de deslegitimar la investigación.
Derechos vulnerados: cuando el negocio se hace con la necesidad
La gravedad del caso no está solo en el dinero público desviado. ANDIS es el organismo que gestiona tratamientos, medicamentos, apoyos y prestaciones para personas con discapacidad. Cada peso que se va en sobreprecios es un tratamiento que no llega, un expediente que se demora, una medicación que no aparece.
El escándalo demuestra cómo las políticas de “eficiencia” y “reducción del Estado” no hacen otra cosa que precarizar áreas sensibles y generar condiciones para que empresas y funcionarios conviertan derechos sociales en negocios privados.
La responsabilidad política
La causa avanza bajo la Justicia federal, pero el trasfondo es político. El modelo de gestión impuesto al Estado —con funcionarios designados por vínculos personales, estructuras desmanteladas y control social debilitado— crea un terreno fértil para la corrupción.
Además, varios de los implicados tienen vínculos con figuras del oficialismo, lo que abre interrogantes sobre el alcance de la red y sobre quién garantizó impunidad hasta ahora.
Se impone la necesidad de formar comisiones investigadoras independientes, con participación de trabajadores del organismo y organizaciones de personas con discapacidad, para evitar que el caso quede limitado a unos pocos nombres y se oculte la responsabilidad estructural.
Justicia y transparencia: dos reclamos que vienen desde abajo
Mientras la causa judicial sigue su curso —con Garbellini negándose a declarar y con peritajes que buscan poner en duda los audios—, las organizaciones de personas con discapacidad reclaman que no haya impunidad y que se garantice transparencia real en la gestión.
Trabajadores y trabajadoras de ANDIS señalaron que hace años vienen denunciando precarización, falta de controles y designaciones políticas sin formación. El escándalo actual es, para ellos, la confirmación de que el ajuste y el abandono del Estado abren las puertas a estas maniobras.
Un Estado al servicio de quién
El caso ANDIS vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: cuando el Estado se vacía de recursos para las mayorías, se llena de privilegios para una minoría que hace negocios con lo público.
Lo que estalló ahora no es solo una trama de corrupción: es el resultado de un modelo donde los sectores más vulnerables —en este caso, personas con discapacidad— terminan pagando el costo de la desinversión, los recortes y la lógica privatizadora.
La lucha por transparencia, por presupuesto y por derechos vuelve a quedar del lado de quienes no tienen voz en el poder, pero sí padecen sus decisiones.
