El Boletín Oficial de este lunes 1° de diciembre amaneció con otra amarga noticia de parte del gobierno libertario, en la cual dejan en claro sus prioridades. El Ejecutivo publicó dos decretos en simultáneo que funcionan como las dos caras de una misma moneda de ajuste y represión.
Por un lado, mediante el decreto 848/2025[i], el gobierno sentenció a millones de adultos mayores a la indigencia, al volver a congelar el bono extraordinario en la irrisoria cifra de $70.000, un monto que se mantiene estático desde marzo del 2024. Por el otro, en una muestra de cinismo absoluto, el decreto 849/2025[ii] libera una partida presupuestaria de más de 26.000 millones de pesos para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El cálculo libertario es obsceno, plata para los espías que vigilan y persiguen y hambre para la tercera edad.
Al mantener el bono congelado durante casi dos años, el gobierno ha permitido que la inflación, que acumuló un 117,8% en 2024 y proyecta un 31% para este año que termina, devore el poder de compra de los trabajadores pasivos. Esos 70.000 pesos, que alguna vez intentaron ser un paliativo, hoy son una limosna que no cubre ni una fracción de los medicamentos básicos que el mismo PAMI ha dejado de cubrir al 100%. Esta descripción deja a la vista que la situación de los jubilados deja de ser una crisis a ya una cuestión de un abandono deliberado por parte del gobierno.
Con el aumento decretado para diciembre, la jubilación mínima apenas alcanza los $340.879, cifra que, sumada al bono congelado, lleva el ingreso de bolsillo a unos $410.879. Estos números, chocan de frente con la realidad material que mide la Defensoría de la Tercera Edad, cuya Canasta Básica de los Jubilados en octubre pasado ya había escalado a $1.514.074[iii]. Es decir, un jubilado necesita más de tres haberes mínimos completos solo para sobrevivir, pagar un alquiler precario, comer y medicarse. La brecha entre lo que cobran y lo que necesitan para no caer en la indigencia supera el millón de pesos, un abismo que este gobierno profundiza día a día con total impunidad.
Mientras condenan a los viejos a elegir entre comer o comprar remedios, el gobierno no escatima recursos para aceitar los engranajes de su aparato represivo y de inteligencia. La inyección de 26.118 millones de pesos a la SIDE para “gastos de funcionamiento” revela la naturaleza autoritaria de un régimen que se sabe impopular y que necesita de la vigilancia y el amedrentamiento para sostener su plan económico. Según los anexos del decreto, este dineral se destinará a aumentos salariales para los agentes, compra de vestimenta y hasta cubiertas de autos, todo bajo el velo del secreto que ampara a los organismos de inteligencia.
Es totalmente indignante que, bajo el discursito de “no hay plata“, aparezcan mágicamente miles de millones para financiar los sótanos de la democracia, esos lugares oscuros desde donde se operan carpetazos, se infiltra a las organizaciones populares y se persigue a la oposición política y social.
Este fortalecimiento financiero de la SIDE no es casualidad, sino una necesidad política de la camarilla gobernante. En un contexto donde el ajuste no cierra sin represión, Milei necesita una fuerza de inteligencia robusta y bien paga, capaz de anticipar y neutralizar el descontento social. Además, este flujo de fondos alimenta la feroz interna que libra en el núcleo del poder, dentro del llamado triángulo de hierro. Los recursos de la SIDE son el botín de guerra en la disputa entre las facciones que responden al asesor estrella Santiago Caputo y las que se alinean con Karina Milei. Mientras ellos están con sus jueguitos de espías y se reparten el presupuesto nacional para resolver sus discusiones palaciegas y consolidar su poder de fuego contra los enemigos internos, los jubilados cuentan las monedas para comprar un sachet de leche.
No podemos olvidar que han sido los jubilados quienes, con una dignidad conmovedora, se han transformado en la vanguardia del enfrentamiento contra este modelo. Han puesto el cuerpo semana tras semana frente al Congreso, desafiando el protocolo represivo, enfrentando los gases y los palos de las fuerzas comandadas, hasta hace poco, por Patricia Bullrich. Tal vez, el gobierno toma nota de esto y responde castigando económicamente a uno de los sectores más combativo y vulnerable, mientras premia y financia a quienes tienen la tarea de vigilarlos. Esto es una transferencia directa de recursos desde la seguridad social hacia el aparato de control estatal.
Con los decretos publicados, el gobierno vuelve a dejar en claro que prefiere gastar $26.000 millones en espías antes que actualizar un bono de miseria para quienes trabajaron toda su vida. Frente a esta provocación, la única respuesta posible es la organización y la profundización de la lucha en las calles. No se puede permitir que sigan financiando el espionaje y la represión con el dinero que les roban a nuestros viejos. Hay que exigir la disolución inmediata de la SIDE, la apertura de sus archivos y que todo ese presupuesto millonario sea destinado de urgencia a un aumento de emergencia para las jubilaciones, para que ningún adulto mayor cobre por debajo de la canasta básica real. Mientras sigan gobernando para los mercados y sus propios servicios de inteligencia, la vida de las mayorías seguirá siendo la variable de ajuste.
[i] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/335297/20251201
[ii] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/335296/20251201 (Anexo 1)
[iii] https://canasta-jubilado.s3.sa-east-1.amazonaws.com/Canasta+ba%CC%81sica+-+Octubre+2025.pdf
