El pasado 17 de noviembre empezó a circular un proyecto de reforma educativa que vendría a modificar por completo la educación tal como la conocemos. Esta reforma derogaría la actual Ley Nacional de Educación (Ley 26.206), vigente en nuestro país desde el 4 de diciembre de 2006. La norma reconoce a la educación como un derecho humano y establece que el Estado debe garantizar el acceso, la permanencia y el egreso en todos los niveles educativos. Esta nueva iniciativa desconoce por completo el artículo 14 de la ley vigente, que consagra el derecho a recibir educación sin importar el origen social o la situación económica. En su lugar, se invoca “la libertad” de enseñar y aprender.
El proyecto fue presentado durante una reunión con los asesores del Consejo de Mayo por el empresario Paolo Rocca, junto con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. La iniciativa cuenta con 34 páginas y 136 artículos que modificarían la “educación básica” (inicial, primaria y secundaria), orientándola al servicio del mercado y alineándola con los capitales más concentrados vinculados a Estados Unidos.
El proyecto de ley define la “libertad educativa” como “el derecho de toda persona a enseñar y a aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos, con sujeción al orden jurídico y al respeto de los derechos fundamentales”(p. 1), lo que, en los hechos, implica que cada quien se eduque como pueda.
Algunos puntos de esta ley regresiva
- Calendario escolar: queda a disposición de cada institución según su proyecto pedagógico, ideario y características de la comunidad.
- Planes de estudio: le brinda autonomía a cada institución para definir planes de estudio propios. Esto contradice el artículo 85 de la actual Ley Nacional de Educación. Donde se plantea que es el Estado quien define las estructuras y contenidos curriculares comunes de todo el territorio nacional. Con la intención de que todos los estudiantes logren aprendizajes comunes de buena calidad independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural (Ley Nacional de Educación, p. 18)
- Consejo de Padres: se crea con la capacidad de designar y remover directores en cada escuela. Además, se declara a la educación como un servicio esencial para limitar el derecho a huelga.
- Estabilidad laboral: el artículo 107 establece que “la estabilidad laboral está vinculada al desempeño satisfactorio, la formación continua y la ética profesional”. Subordina la tarea docente al modelo de la reforma laboral. Por otro lado, plantea que las instituciones podrán definir sus propios regímenes de contratación docente.
- Homeschooling: habilita la educación en el hogar a partir de los 9 años. Propuesta ya incluida en la Ley Ómnibus y que fue frenada gracias a la movilización en las calles.
- Educación confesional: intenta retroceder al siglo XIX al permitir la enseñanza religiosa en las escuelas estatales por fuera del horario escolar. Aunque hoy ya existe cierta injerencia, este avance constituye un ataque a la laicidad, a la Educación Sexual Integral y a los derechos conquistados por las disidencias.
Financiamiento educativo
Aunque la ley actual prevé un financiamiento del 6% del PBI para educación, en los hechos jamás se cumplió. En los últimos 15 años, ningún gobierno nacional ni provincial alcanzó ese piso, subejecutando partidas ya insuficientes. Esto se refleja directamente en la caída del salario docente y en escuelas que se encuentran en condiciones precarias.
Pero la reforma libertaria va aún más a fondo: institucionaliza la voucherización. El artículo 73 establece que “las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante becas, vales educativos, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes, estarán orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje”(p. 18). El sistema de vouchers no es nuevo: en países como Chile, la OCDE lo calificó como el sistema educativo más desigual del mundo.
En este modelo de financiamiento, las empresas —como inversores en educación— también pueden incidir en los contenidos, orientando la formación hacia la mano de obra que los sectores productivos demandan y atentando contra la idea de una educación crítica y emancipadora.
La educación no es un negocio
A pesar de todos los embates a la docencia por parte del gobierno de Milei, con la complicidad de gobiernos provinciales —reflejados en la quita del FONID y en paritarias a la baja—, las conducciones nacionales como CTERA se han limitado a pronunciamientos y medidas aisladas. Y han dejado a los educadores prácticamente con las manos atadas, al convocar estas acciones sin continuidad. Incluso ante la criminalización de la protesta como en el caso de Misiones, donde Mónica Gurina y Leandro Sánchez fueron condenados por “desobediencia judicial” mientras reclamaban por sus salarios.
A pesar del inmovilismo de las conducciones sindicales burocráticas, la docencia de todo el país ha protagonizado movilizaciones históricas junto a jubilados, juventudes y el conjunto del pueblo trabajador.
Desde la izquierda, siempre hemos sido críticos de los gobiernos que llevaron al sistema educativo a la crisis actual. Pero hoy toca dar una nueva pelea frente al ataque que significa esta reforma educativa libertaria. Partimos de defender la educación pública para transformarla al servicio de las mayorías y no del mercado. Luchamos por un sistema educativo nacional, único, estatal, obligatorio, gratuito, científico y laico. Y sabemos también que ese proyecto educativo solo es posible transformando la sociedad. Por eso peleamos por un mundo sin opresión ni explotación, donde gobernemos quienes todos los días sostenemos el aula y construimos la educación de forma colectiva.
