El gobierno de Milei avanzó en su programa de privatizaciones con la apertura de ofertas para cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas ubicadas en la región del Comahue.
Este viernes se conocieron las propuestas económicas que superan los 684 millones de dólares por el control de estos complejos que generan el 15% de la energía eléctrica del país. Las represas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedras del Águila, construidos en la década del ´70 por el Estado, pasarán manos privadas por un período de 30 años, en lo que representa una profundización del proceso de entrega de recursos estratégicos iniciados en los años noventa.
El resultado del concurso muestra el avance de conglomerados empresarios locales con fuertes vínculos políticos a la gestión del oficialismo libertario. Edison Inversiones, consorcio que incluye a la familia Neuss –allegada a Santiago Caputo– junto a los dueños de Newsan y Havanna, se impuso en la licitación de Alicurá con una oferta de 162 millones de dólares.
Por su parte, Central Puerto, controlada por el Banco Galicia y la familia Miguens-Bemberg, ofertó 245 millones de dólares por Piedra del Águila. El grupo BML inversora, perteneciente a Manuel Santos Uribelarrea, se alzó con las ofertas más altas para El Chocón y Centros Colorados, con presupuestos que suman 277 millones de dólares.
En el mismo concurso, sucedió algo, por lo menos llamativo, que fue la exclusión de las multinacionales históricas como los estadounidenses AES y la italiana Enel, que hasta ahora operaban algunas de estas centrales. Este cambio en el mapa de actores muestra, de alguna manera, una reconfiguración del negocio energético nacional, donde grupos empresarios con cercanía al poder político acceden a activos estratégicos a precios que, de acuerdo a especialistas en este sector, son considerados por debajo de su valor real. La operación se enmarca en las leyes de privatización impulsadas por el oficialismo, que buscan transferir al sector privado empresas clave del entramado productivo del país.
Te puede interesar: Gobierno anuncia brutal tarifazo Milei elimina subsidios a millones
Este proceso de privatización consolida un modelo donde los recursos energéticos vitales para el desarrollo nacional quedan en manos de conglomerados cuyos intereses no necesariamente coinciden con las necesidades de las mayorías.
La entrega de estas represas, que durante décadas fueron administradas por el Estado, representa un nuevo capítulo en el desmantelamiento del patrimonio público. Lejos de significar una mejora en el servicio o una baja en las tarifas para los usuarios, experiencias pasadas como en el menemismo, muestran que estas privatizaciones suelen derivar en aumentos tarifarios y pérdida de soberanía energética.
La transferencia de estos complejos hidroeléctricos a grupos empresarios con vinculaciones directas a figuras centrales del gobierno actual, deja en claro la falta de transparencia del proceso y los nulos beneficios que puede acarrear esta política. Mientras el Estado se desprende de activos estratégicos, los trabajadores quedan expuestos a los valores de un mercado energético controlado por privados, donde la rentabilidad prevalece sobre el acceso universal a un derecho tan básico como la energía.
