De acuerdo con varias ONG, como el Instituto Nacional contra la Censura, y distintas agencias de prensa locales y nacionales, y a raíz de una denuncia presentada por Edmundo Jiménez, ministro fiscal y máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, el juez Lucas Taboada dictó una resolución que prohíbe a los periodistas, productores y conductores del grupo de medios CCC publicar críticas a fiscales, jueces o “al sistema de justicia provincial en su conjunto”, bajo apercibimiento de ser perseguidos penalmente por desobediencia judicial. Como en los peores momentos de la historia argentina, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de Tucumán utilizan el poder penal como herramienta de censura, reproduciendo prácticas inaceptables en democracia.
Si bien es sabido que no existen medios de comunicación políticamente neutrales, un reclamo democrático básico —y un derecho constitucional— es el de la libertad de prensa y la libertad de opinión. En este caso, la gravedad se profundiza por la intervención directa del Fiscal General, que opera como vocero del gobierno provincial, un gobierno con una impronta represiva igual o peor que la del gobierno nacional.
Un nuevo paso en el declive democrático
La democracia tucumana atraviesa un proceso acelerado de degradación institucional. El Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, lejos de garantizar derechos, se han convertido en agentes activos de su restricción, avanzando de manera sistemática sobre libertades básicas como la de expresión.Este nuevo episodio no es aislado. Forma parte de una secuencia de atropellos que incluye: la destitución del juez Enrique Pedicone en 2021, luego de denunciar al vocal de la Corte Daniel Leiva y presentar grabaciones donde éste le pedía —en nombre del entonces gobernador— frenar una causa judicial contra un dirigente político.
En 2024, el encarcelamiento de un abogado por desobediencia judicial en el marco de otra medida de censura previa.
La naturalización de las razias policiales, los llamados “trencitos”, donde personas de barrios humildes son detenidas arbitrariamente y trasladadas a comisarías en condiciones degradantes, sin control judicial real.
A esta lista se suman impunidades históricas que siguen marcando a Tucumán: la muerte de Paulina Lebbos, la desaparición de Marita Verón, y el caso de Roxana Tévez, estafada por los hijos del ministro pupilar —y autor de la actual “mordaza judicial”— Pirincho Jiménez, quien habría frenado las causas buscando su prescripción.
Todas expresan un mismo patrón: un poder judicial que garantiza impunidad para los poderosos y desprotección para las víctimas.También es necesario recordar el caso de Paola Tacacho, que culminó con la destitución del juez Francisco Pisa, cuya inacción permitió que el femicida actuara pese a decenas de denuncias previas. La violencia institucional y la connivencia judicial tienen consecuencias concretas y trágicas.
El silencio como cómplice
Pese a la gravedad, la mayoría del sistema jurídico —asociaciones de magistrados, colegios de abogados, universidades— mantiene un silencio ensordecedor. Esa falta de reacción no es neutral: es un acompañamiento directo al avance autoritario del poder judicial y del gobierno provincial.
Se trata de un mensaje disciplinador: quien investigue o critique el funcionamiento de la justicia penal tucumana corre riesgos. Pero la ciudadanía y el movimiento popular no deben callar, porque cuando el poder penal se usa para blindar a los poderosos del escrutinio público, la democracia queda reducida a una formalidad vacía.
La situación actual recuerda la advertencia de Martin Niemöller, popularmente atribuida a Bertolt Brecht. En Tucumán, primero se llevaron a un juez y nadie dijo nada. Después a un abogado, y tampoco. Luego a las víctimas de las razias, encerradas en comisarías tortuosas, y el silencio continuó. Ahora amenazan a periodistas… y casi nadie reacciona. ¿Esperarán a que vayan por ellos para alzar la voz?
Democratizar la justicia: una tarea urgente
Todos estos episodios muestran la necesidad de una transformación profunda del Poder Judicial tucumano.Una justicia realmente democrática solo puede construirse con elección popular de jueces y fiscales, mandatos limitados y cargos revocables por la ciudadanía, para terminar con la impunidad endogámica de una casta judicial que se protege a sí misma.Mientras el poder judicial siga funcionando como un aparato al servicio de los gobiernos y de los poderosos, la democracia en Tucumán seguirá vaciándose. Democratizarlo no es una consigna abstracta: es una necesidad vital.
MST Tucumán
