El caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a sacudir al oficialismo. Nuevas revelaciones exponen que ya son once los funcionarios y asesores desplazados desde que se conocieron los audios que describen un entramado de sobornos, direccionamiento de contratos y presiones a proveedores, en un organismo que administra recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables del país.
Los nuevos nombres que se suman al escándalo —entre ellos Miguel Calvete, Ornella Calvete y Javier Cardini— confirman que el entramado de corrupción no fue un hecho aislado. Por el contrario, el esquema parece haber funcionado como una estructura paralela de recaudación política, apuntalada desde áreas del Estado que el propio gobierno de Javier Milei prometía “limpiar” y “desregular”.
Sobornos, compras direccionadas y una red que crece
El centro de la causa sigue siendo la presunta exigencia de coimas vinculadas a la compra de medicamentos e insumos. Los audios que desencadenaron la investigación describen un mecanismo aceitado: proveedores que debían pagar sobornos de hasta el 8 % del valor de los contratos si querían acceder a licitaciones millonarias, entre ellos la firma Suizo Argentina, beneficiada con adjudicaciones bajo sospecha.
La investigación judicial —que avanzó tras levantarse el secreto de sumario— ya cuenta con peritajes telefónicos, auditorías y documentos secuestrados que revelan comunicaciones comprometedoras entre funcionarios, asesores y empresarios. Lo que aparece en la causa no es una irregularidad administrativa, sino un posible sistema de corrupción estructural dentro del Estado.
Un golpe político para el Gobierno
El oficialismo intenta minimizar el escándalo, pero las derivaciones son cada vez más difíciles de contener. ANDIS, un organismo clave para garantizar políticas públicas de inclusión, quedó reducido a un espacio de negocios privados y favores políticos, en contradicción con la narrativa del gobierno sobre “eficiencia” y “fin del curro”.
Mientras tanto, el impacto social es evidente: cada peso desviado en coimas es un recurso que falta en prótesis, medicamentos, prestaciones y apoyos que el Estado debe garantizar.
Un síntoma del modelo
El caso ANDIS no es un hecho aislado, sino la consecuencia lógica del modelo que impulsa Milei: desregulación, privatización de funciones públicas y apertura de negocios para intermediarios cercanos al poder. Un Estado debilitado y descentralizado, pero al mismo tiempo capturado por redes privadas que buscan rentabilidad rápida a costa de fondos públicos.
El expediente sigue avanzando y no se descartan nuevas imputaciones ni llamados a indagatoria. Pero más allá de lo judicial, el caso deja al descubierto algo más profundo: el contraste entre el discurso de la “casta” y la práctica real de un gobierno donde los negociados parecen seguir intactos.
Es necesario que se investigue hasta el final y de forma independiente de los poderes de turno para dar con todos los involucrados, además, que estos paguen con todo el paso de la ley.
