Este articulo fue extraído del sitio web de la Liga Internacional Socialista
Daniel Noboa inicia su mandato el 23 de noviembre de 2023, tras unas elecciones anticipadas surgidas de la “muerte cruzada” decretada por su antecesor, Guillermo Lasso. Una simple revisión de los principales hitos del gobierno de Noboa permite ir armando, como un atropellado rompecabezas, los contornos que lo caracterizan.
1. RECUENTO
2 de enero de 2024: anuncia una consulta popular con 11 preguntas, 9 de ellas encaminadas a temas relacionados con la inseguridad y la violencia, dándole más atribuciones a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a organismos de seguridad. Las otras dos se refieren a someter a arbitraje internacional las controversias del Estado con las transnacionales y permitir los contratos laborales por horas1.
9 de enero de 2024: declara la existencia de un “conflicto armado interno” contra “grupos del crimen organizado transnacional” a los que califica como “terroristas”2.
29 de marzo de 2024: Noboa mantiene una reunión privada con Trump. Según CNN, Noboa llegó con una propuesta para el regreso de tropas estadounidenses al Ecuador. Por su parte, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano aseguró que Trump “está firmemente comprometido a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y está considerando ampliar nuestros esfuerzos combinados contra las organizaciones criminales transnacionales”3.
1 de abril de 2024: aumento del IVA del 12 al 15%, justificándolo en la necesidad de financiar la guerra contra el “narcoterrorismo”4. El nuevo impuesto afecta a más de 200 productos de la canasta básica, y a 21 de los 215 alimentos que integran esa canasta. La medida había sido anunciada el 16 de marzo.
5 de abril de 2024: Noboa ordena invadir la embajada de México en Quito para apresar al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de actos de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa. Glas se hallaba asilado en esa sede diplomática5.
Abril-mayo de 2024: primera crisis eléctrica con cortes y racionamientos. Noboa acusa de sabotaje a la ministra de Energía, Andrea Arrobo, le pide la renuncia y presenta una denuncia contra ella en la Fiscalía. Antes de que se desate la crisis, varios sectores profesionales y laborales habían anunciado el riesgo de cortes de energía a causa del fuerte estiaje, mientras el gobierno insistía en tenerlo todo controlado. Durante el juicio político que se le siguió, Arrobo aseguró que el presidente estaba al tanto del problema6.
21 de abril de 2024: se realiza la consulta popular. Gana el Sí ampliamente en las 9 preguntas sobre seguridad; gana el No ampliamente en las preguntas sobre arbitraje internacional y contratación laboral7.
31 de mayo – 7 de junio de 2024: firma la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI)8. El gobierno se compromete a implementar políticas neoliberales, complementándolas con medidas sociales focalizadas.
Septiembre-octubre de 2024: segunda crisis eléctrica, con cortes y racionamientos más drásticos, de hasta 14 horas diarias en algunas provincias, que durarían hasta diciembre.
13 de marzo de 2025: rotura del oleoducto transecuatoriano en Esmeraldas. El gobierno dice que fue un sabotaje.
5 de mayo de 2025: Noboa visita Israel y se entrevista con Netanyahu, a quien le dijo que Ecuador e Israel “tienen los mismos enemigos”9.
24 de mayo de 2025: inicia el nuevo mandato de Noboa y emprende una avalancha de leyes, decretos y acuerdos.
10 de junio de 2025: Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.
11 de junio de 2025: Ley Orgánica de Inteligencia.
16 de junio de 2025: el gobierno reabre, luego de cinco años, el catastro minero para nuevas concesiones.
20 de junio: la Asamblea Nacional aprueba la reforma al Código de la Democracia que cambia el método Webster por el D’Hondt, favoreciendo a las listas más votadas.
26 de junio de 2025: Ley Orgánica de Integridad Pública. Entre los varios aspectos que contiene se encuentran, por un lado, los mecanismos que permiten despedir a trabajadores públicos, amparándose en “evaluaciones” (de hecho, los despidos comenzaron antes de que hubiera ninguna evaluación), y, por otro lado, disposiciones que anulan intereses y multas por mora de las deudas al SRI. Se eliminó el artículo que impedía beneficiarse a familiares del presidente, constante en una ley de diciembre de 2024 (con esa nueva ley, Corporación Noboa eliminó su deuda)10.
4 de julio: Decreto que elimina varios ministerios del área social: por ejemplo, Ambiente se convierte en una dependencia del ministerio de Energía y Minas, el de la Mujer y Derechos Humanos pasa a depender del ministerio de Gobierno.
11 de julio: comienzan jornadas de protestas encabezadas por el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente en Defensa de la Salud, Educación Pública, Trabajo Digno, Seguridad Social, Derechos Humanos y de la Naturaleza. En las siguientes semanas realizarán varias movilizaciones plantones y eventos hasta enlazar con el paro decretado por la CONAIE.
14 de julio: reglamento a la Ley Orgánica de Inteligencia.
15 de julio: reglamento a la Ley Orgánica de Solidaridad.
23 de julio: reglamento a la Ley Orgánica de Integridad Pública.
24 de julio: Decreto 60 de “reformas institucionales de la Función Ejecutiva”.
26 de julio: “Reglamento de organizaciones laborales para el ejercicio del derecho de libertad y autonomía sindical” (Acuerdo ministerial Nro. MDT2025-082, conocido como “Acuerdo 082”). Este reemplaza al Acuerdo ministerial Nro. MDT-2024-012, que la misma ministra había dictado en enero de 2024 con el mismo nombre. Los cambios entre uno y otro son significativos: añadiendo la prohibición de reelección inmediata y la exigencia de que los dirigentes sean “trabajadores activos bajo relación de dependencia”.
4 de agosto de 2025: la Corte Constitucional suspende temporalmente 17 artículos de las leyes de Solidaridad, Integridad e Inteligencia.
16 de agosto: el Frente Unitario de Trabajadores convoca a una movilización nacional para el 11 de septiembre.
27 de agosto: se publica la “Ley Orgánica de Transparencia Social”, para el control de ONG y fundaciones.
12 de septiembre: el gobierno decreta el incremento del precio del diésel y establece un esquema de flotación con bonos de compensación.
16 de septiembre: marcha por el agua en Cuenca con más de 100.000 participantes.
17 de septiembre: muere un enfermo renal durante una protesta en Ambato.
18 de septiembre: la CONAIE convoca a un paro nacional indefinido. La represión deja tres muertos y numerosos heridos.
1 de octubre: Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que obliga al BIESS a vender su cartera.
5 de octubre: Noboa anuncia el adelanto del pago del décimo tercer sueldo antes de la consulta popular.
27 de octubre: reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia Social, que prohíbe a las organizaciones “ejecutar acciones destinadas a paralizar actividades mineras”.
3 de noviembre: Noboa se reúne con migrantes ecuatorianos en Queens y ofrece mil bonos del programa Emprende.
2. UN INICIO YA POCO RECORDADO
Quizás ya nadie recuerde (y puede que recordarlo no aporte mucho) que Daniel Noboa hizo campaña electoral en 2023 definiéndose como una persona de centroizquierda.
Así que, en el discurso de su primera posesión11, Noboa trató de presentar una imagen totalmente nueva: su propia condición de joven, un discurso corto, que duró unos siete minutos, y promesas de dejar atrás la polarización y las confrontaciones.
Más allá de las revanchas: “aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular […]. [S]iento la obligación de poner a mi país primero y romper el ciclo de revanchas”. Y, para completar, sentenció que “El anti tiene un techo y el pro es infinito” […:] “no soy un antinada, soy un pro-Ecuador”.
Además, se ufanó de la diversidad de sus ministros y ministras: “Pocos gabinetes en la historia han sido tan diversos como este. Nunca hemos tenido la participación de tantas mujeres ni de jóvenes”. En consonancia, ofreció “un Ecuador que incluya a todos”.
¿Promesas y propósitos?: “Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver el progreso una costumbre”. ¿Cómo enfrentar la violencia?: “Para combatir la violencia hay que atacar la desocupación”, y anunció que, para el efecto, “enviaremos reformas urgentes”.
Para resolver los problemas del Ecuador, dijo, deben desecharse “los viejos esquemas políticos” y trabajar juntos “para acabar con el enemigo en común: la violencia y la miseria”.
Otros dos hechos marcaron esa primera fase del gobierno de Noboa. Por un lado, la conformación de su gabinete ministerial, que muestra un intento de establecer un gobierno de unidad oligárquica, pero con rostros nuevos y la participación de las nuevas generaciones; representan a familias de diversos sectores económicos, como quiera no los más grandes (excepto sus propios grupos familiares)12.
Por otro lado, el establecimiento de una alianza parlamentaria entre ADN (Acción Democrática Nacional), el Partido Socialcristiano (PSC) y Revolución Ciudadana, que se repartieron las dignidades de la Asamblea y la conducción de las comisiones parlamentarias. El acuerdo político seguía y completaba a la alianza social.
Pero la situación cambió drásticamente al comenzar el nuevo año, con el pretexto de la violencia generada por el narcotráfico, que se disparaba sin control y a la que la población señalaba como su principal preocupación. En 2021, Ecuador tenía una tasa de homicidios de 13,7 por cada 100.000 habitantes, y en 2022 saltó a 25,9. En 2023 era ya de 49 por cada 100.000 habitantes13, incluyendo el asesinato de un candidato a la presidencia de la república, de alcaldes y concejales. Aunque en 2024 bajó a 39, se incrementaron los robos, los secuestros y las “vacunas” (extorsiones): Ecuador se había convertido en el país más violento de América Latina14.
En Guayas se concentró el 46% de los homicidios, seguida por Manabí (12,34%) y Los Ríos (11,59%). Guayaquil, el principal cantón de la provincia del Guayas, contaba el 27,87% de todos los homicidios registrados en el país, superando en cuatro veces a Durán y en siete veces a Manta, que estaban en el segundo y tercer puesto. La población, atemorizada e inerme, clamaba por la protección de gobiernos fuertes y medidas de mano dura.
De manera que, cuando Noboa decreta el estado de guerra interna contra los grupos terroristas y el crimen transnacional organizado, recibió el beneplácito de la población y su aceptación creció notablemente. Más aún porque la declaratoria incluía estados de emergencia, militarización y la formación de un Bloque de Seguridad que apareció como una nueva institución estatal que concentraba la acción política y militar y, en consecuencia, como el eje real del gobierno.
Los estados de emergencia se convirtieron en la forma de la democracia bajo Noboa: a partir de entonces, todo el tiempo, incluso en períodos electorales, por lo menos una parte del país —y en ocasiones todo el territorio nacional— cayó bajo su égida.
El presidente ha establecido una fuerte relación con los militares y la policía, cuya penetración por los carteles de la droga había sido denunciada por un exembajador norteamericano. Pero es su alianza con los militares (ejemplificada en el Bloque de Seguridad lo que afirma su carácter bonapartista, porque afianza sus posibilidades de situarse materialmente sobre el conjunto de su clase y de la sociedad.
De esta manera, la anterior estrategia de las alianzas parlamentarias quedó obsoleta, y Noboa precipitó su defunción el 5 de abril, con el asalto a la embajada de México, donde se encontraba asilado Jorge Glas, el exvicepresidente de Correa. El correísmo pasó a la oposición, pero nunca pasó de una oposición parlamentaria de escasas repercusiones.
Desde entonces vivimos la segunda fase del noboísmo, que con la reelección tras los comicios de febrero y abril de 2025 no hizo más que consolidarse. Al situarse, gracias al recurso al miedo de la violencia, Noboa logra que la sociedad —sobre todo la sociedad atemorizada y agotada— lo sitúe por encima de ella. Es la primera piedra del edificio bonapartista, de un nuevo bonapartismo, oligárquico por su contenido social y regresivo por su carácter político.
3. ¿NADA NUEVO EN ECONOMÍA? NEOLIBERALISMO TÍPICO Y ALGO MÁS
El programa económico de Noboa está contenido casi íntegramente en la Carta de Intención firmada en 2024 con el Fondo Monetario Internacional15 para obtener un crédito “de acceso excepcional”. El eje es, como de costumbre, “mitigar las vulnerabilidades fiscales estructurales del Ecuador y […] cimentar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo: equilibrar ingresos y gastos y reducir la dependencia del petróleo, eso sí, protegiendo al mismo tiempo el gasto esencial en seguridad, la red de protección social y la inversión pública”, según palabras de Kristalina Georgieva, Directora Gerente y Presidenta del FMI.
El documento señala cinco objetivos:
“i) Reforzar la sostenibilidad fiscal protegiendo a los grupos vulnerables;
ii) Salvaguardar la dolarización y la estabilidad macroeconómica;
iii) Recomponer las reservas de liquidez;
iv) Afianzar la estabilidad e integridad financieras; y
v) Seguir avanzando en el programa de reformas estructurales para promover el crecimiento sostenible e inclusivo.”
La sostenibilidad fiscal se lograría a través de “una movilización significativa de los ingresos no petroleros”, es decir, impuestos temporales y, especialmente, el incremento del IVA del 12 al 15%. Sin embargo, dado que una parte de la sostenibilidad depende de medidas de efecto temporal, se requerirán “más esfuerzos sostenidos” dirigidos a “medidas permanentes de alta calidad por el lado del ingreso y del gasto”.
¿Cómo lograrlo? No hay misterios, porque la receta se repite. El plan contempla, en primer lugar, “la contención del gasto en salarios y bienes y servicios”. Y añade: “pero sin dejar de proteger el apoyo social focalizado ni los proyectos de inversión prioritaria”.
En segundo lugar, eliminar lo que el FMI y el gobierno llaman “subsidios”. En sus palabras: “una mejora del saldo primario no petrolero del SPNF, incluidos los subsidios, que se concentraría al inicio del programa y equivaldría a 2,2% del PIB en 2024, con un 3,3% adicional del PIB en el período 2025-2028, para totalizar un 5,5% del PIB durante el período del programa” (tómese en cuenta que el monto esperado de reducción es significativamente alto). E insiste: “El plan irá acompañado de una optimización de la red de protección social que se lograría al ampliar la cobertura de las transferencias sociales para los hogares vulnerables”.
Luego, “movilización de ingresos fiscales” concentrada en “racionalizar gastos tributarios ineficientes” y reemplazar las medidas transitorias por otras permanentes, entre ellas “eliminar gradualmente el ISD” (impuesto a la salida de divisas). Ahora bien, si se eliminan impuestos y se perdonan otros, así como multas e intereses, ¿de dónde pueden provenir los ingresos más permanentes?
Entonces, movilizar otros ingresos: eliminar el subsidio al diésel; contener los aumentos salariales (“equiparando el crecimiento de los salarios a la inflación”); reducir gastos, manteniendo solo los “urgentes”. Y privatizaciones, sea por venta directa o a través de “una mayor participación del sector privado” y de alianzas público-privadas (mecanismo instituido ya durante el gobierno de Correa). Los sectores que tiene en mira son el petróleo (para el que se plantea también “incrementar la competencia en la distribución de los mercados internos de combustible”) y la energía eléctrica (“proyectos de inversión privada”).
El plan se centra también en “salvaguardar la estabilidad financiera”, ya que observan una “compresión de los márgenes” de las tasas de interés (luego, permitir que vuelvan a ampliarse). Entre otras medidas, “desarrollar el mercado de deuda interna” (finalmente las leyes recientes sobre el IESS y el BIESS).
Finalmente, “reforzar la eficacia del marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo” (ver las leyes respectivas en el recuento presentado al inicio).
Un siguiente punto se plantea “fortalecer la competitividad y estimular el potencial de crecimiento”. Los elementos que deben enfrentarse son la incertidumbre en las medidas políticas, la inseguridad, “la rigidez del mercado laboral”, las regulaciones “engorrosas” y los costos de endeudamiento. Para ello es necesario “restablecer la estabilidad macroeconómica”, la apertura a las privatizaciones y las “reformas del mercado laboral” para eliminar “los contratos de trabajo rígidos, los fuertes costos de separación del servicio” (es decir, las indemnizaciones por despido) “y los salarios mínimos altos”. Como es costumbre, se asegura que “aumentar la flexibilidad del mercado laboral” (es decir, precarizar el trabajo) promoverá el empleo formal.
Pero más allá de estas declaraciones —medio ideológicas y medio cínicas— el documento no puede dejar de reconocer “el impacto adverso” de tales políticas, con el consiguiente “descontento social”, con posible impacto “alto”, aunado al riesgo de un “nuevo bloqueo político”.
Recomienda entonces “políticas para proteger a los pobres y más vulnerables” (las ya mencionadas transferencias monetarias) y… propaganda (“continuar interactuando con el público en general y explicar las ventajas del programa de reformas”). Así, pues, el neoliberalismo tradicional se combina con políticas sociales o, mejor dicho, con acciones políticas no solo focalizadas, sino puntuales y temporales, pero ampliamente extendidas.
4. El carácter político (1): concentración del poder, control de todas las funciones del Estado, autoritarismo y alianza con las Fuerzas Armadas
Desde el primer momento, antes incluso del gran viraje de enero de 2025, Noboa emprendió su tarea de concentrar todo el poder. El primer paso parecía ser apenas un capricho anecdótico: exiliar a la vicepresidenta de su primer período. Apenas instalado en la presidencia, ideó un exilio diplomático para Verónica Abad, enviándola a Israel como “colaboradora para la paz”. Luego siguió (Fiscalía mediante) un juicio al hijo de Verónica Abad, acusado de tráfico de influencias y encarcelado en el penal más peligroso del país. En el ínterin, nombró dos vicepresidentas para reemplazarla. Por fin, Abad fue destituida de facto por un acto administrativo del Ministerio de Trabajo, que la acusó de abandono del lugar de trabajo. No hubo organismo de control que notara las irregularidades.
Pero eso no fue más que el inicio. La campaña para la reelección fue un muestrario de cómo el presidente eludió normas legales16. Incluso la muy prudente Misión de Observadores de la OEA no pudo evitar señalar “ciertas condiciones de inequidad observadas en la contienda”. La Misión dijo “observar con preocupación que el proceso electoral estuvo marcado por condiciones de inequidad durante la campaña, así como por indicios sobre el uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas”.
Entre otras cosas, decidió él mismo qué días pedía licencias para hacer campaña, alegando ambigüedad de la norma; los ministros estuvieron repartiendo cocinas eléctricas en pleno período electoral; puso en marcha bonos con duración precisa para que cubrieran las semanas previas a las votaciones. Pero ni la Asamblea, ni el Consejo Nacional Electoral, ni el Tribunal Contencioso Electoral, ni la Corte Constitucional hicieron nada significativo para poner las cosas en orden: quedó sellada y evidenciada la subordinación de todos los poderes e instituciones del Estado a la voluntad del Ejecutivo.
Eso sí, cuando alguna institución no se allanó completamente a su voluntad, Noboa recurrió a las amenazas, a la deslegitimación y al acoso a sus miembros (caso de la Corte Constitucional).
Este control del Estado se complementa con el control de la prensa: además de los medios públicos que están en sus manos, cuenta con el beneplácito de gran parte de la prensa tradicional, motu proprio o vía pautados. Y recientemente, un asambleísta suplente de ADN compró dos importantes medios con presencia en la radiofonía y en redes sociales17; la gran desproporción entre el monto pagado y los bienes declarados por el legislador es apenas otra anécdota del período.
Las presiones incluyen campañas de desprestigio (como las de Expreso) y cierres de señales, como se vio durante las protestas de septiembre y octubre de 2025, afectando a medios indígenas y comunitarios.
Y esta es la segunda piedra del edificio bonapartista: el presidente, que ya estaba situado por encima de la sociedad, queda situado también por encima del Estado.
5. EL CARÁCTER POLÍTICO (2): LAS RELACIONES CON LOS DIVERSOS SECTORES DE LAS CLASES DOMINANTES Y CON LA NUEVA GEOPOLÍTICA GLOBAL
El gobierno de unidad oligárquica tuvo corta vida, y el presidente afirmó su control sobre el Estado; sin embargo, no logró un acuerdo total de la burguesía.
A medida que afianzaba su proyecto —y a medida que utilizaba el Estado para realizar acciones o promulgar leyes que favorecían directamente a las empresas de su grupo familiar—, algunos sectores comenzaron a tomar distancia. Esto se hizo visible en el tratamiento que la prensa formal le ha dado a su gobierno, pues algunas de sus decisiones merecieron críticas, incluso bastante fuertes (Primicias, Ecuavisa, Teleamazonas). Expreso es un caso particular, por la confrontación iniciada por el gobierno (el SRI lo acusa de fraude tributario en la distribución de periódicos), pero antes de eso, ya algunos de sus editoriales tenían un tono cuestionador, y suele publicar artículos de fondo que desmienten narrativas oficiales.
En el ámbito político, el gobierno mantiene la iniciativa y controla en solitario la conducción de la Asamblea Nacional. Los restantes partidos de las clases dominantes, incluido el Partido Socialcristiano y las agrupaciones más recientes, están fuertemente debilitados. Revolución Ciudadana mantiene en general un discurso de oposición, aunque sus iniciativas no han tenido éxito. Por el contrario, aunque los acuerdos iniciales terminaron con el asalto a la embajada de México, no ha tenido inconvenientes en coincidir con el oficialismo en la reforma al Código de la Democracia para sobrerrepresentar a las agrupaciones políticas que obtengan mayor votación.
También el PSC se ha alejado del acuerdo inicial con Noboa, e intermitentemente se opone o critica algunas de sus medidas. Esto va reduciendo esa base clasista amplia, y el gobierno se sitúa no solo por encima de la sociedad, sino por encima de su propia clase. Evidentemente, la unidad se produce en torno a dos temas: las medidas neoliberales y la represión a las protestas sociales.
Así como se situó por encima de la sociedad, también se ha situado por encima de su propia clase, plantando la tercera piedra de su proyecto bonapartista. No obstante, no ha dejado de representar, en cierto modo, los intereses del conjunto de la clase dominante. Por eso, y por la configuración ideológica y cultural de la oligarquía, sus diversas fracciones apoyan decididamente al gobierno cuando se trata de la agudización del conflicto de clases, como ocurrió durante las últimas jornadas de protesta popular.
Siendo como es el Ecuador un país dependiente, adquiere gran importancia la relación con las disputas por la hegemonía del capitalismo global. Todavía en la época de la firma de la Carta de Intención con el FMI se hablaba de la necesidad de firmar cuantos tratados de libre comercio se pudiera, y el documento del FMI alababa el acuerdo con China.
Pero los escenarios se modificaron drásticamente tras la elección de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y la ofensiva emprendida por él para modificar el orden global en beneficio de los intereses estadounidenses. Del mismo modo, el lenguaje comercial y diplomático que dominaba anteriormente ha sido reemplazado pronto por una retórica guerrerista.
En esas condiciones, los gobernantes latinoamericanos —sobre todo aquellos que se ubican a la derecha del espectro político— han adoptado muy rápido el papel de piezas subordinadas al imperialismo del Norte y a sus avanzadas geopolíticas. En ese marco se inscribe la propuesta de reabrir en territorio ecuatoriano bases militares de potencias extranjeras, señalando abiertamente a Estados Unidos y a Israel. La isla de Baltra, la antigua base de Manta y Salinas han sido señaladas en diversos momentos por Noboa como potenciales ubicaciones de dichas bases.
6. EL CARÁCTER POLÍTICO (3): RELACIONES CON LAS CLASES SUBALTERNAS. CLIENTELISMO EN GENERAL Y CLIENTELISMO ELECTORAL
Las relaciones con las clases subalternas contemplan específicamente dos aspectos. En primer lugar, estimular y reforzar los mecanismos clientelares como mediación entre gobernantes y gobernados. La ya citada Carta de Intención es explícita en la necesidad —dice— de “fortalecer la red de protección social”. Esto significa ampliar la cobertura de “transferencias monetarias” directas a las familias pobres en todo el país, para protegerlas “del impacto adverso de las medidas de consolidación fiscal”.
El argumento, a primera vista, es reducir la pobreza, pero no se esconden los motivos de fondo: enfrentar el previsible descontento social y alejar los riesgos de crisis políticas. Por eso los bonos se han entregado profusamente en dos momentos: durante las elecciones y en los períodos de agudización de las luchas sociales.
Los bonos de épocas electorales se entregaron en medio de las campañas y fueron válidos mientras duró la contienda. Veamos los bonos de la reelección, con votaciones previstas para el 9 de febrero y el 13 de abril. Cuando el país soportaba los golpes más fuertes de la crisis energética, el gobierno introdujo un subsidio a los primeros 180 kW de consumo para todos los hogares (válido entre noviembre y diciembre de 2024 y enero–marzo de 2025). En diciembre de 2024 y enero de 2025, el gobierno entregó gratuitamente 80.000 cocinas de inducción; los encargados del reparto fueron los ministerios de Inclusión y Energía, la Corporación de Electricidad y las Fuerzas Armadas.
También en diciembre de 2024 se estableció el bono “Jóvenes en acción”: 400 dólares mensuales durante seis meses para jóvenes de entre 19 y 30 años, a cambio de trabajos diversos en ministerios. En marzo de 2025 se presentó “Ecuatorianos en acción”: un bono de 400 dólares mensuales durante dos meses para personas de entre 30 y 65 años de edad. El 26 de marzo se entregaron bonos especiales de unos 500 dólares, por única vez, a policías y militares activos. El 27 de marzo se anunció el programa “Incentivo emprende”: entrega de 1000 dólares por una sola vez a propietarios de pequeños negocios de la economía popular y solidaria afectados por la fuerte temporada invernal. El 28 de marzo apareció un nuevo bono: una sola entrega de 800 dólares en beneficio de pequeños y medianos productores agrícolas afectados por desastres.
La siguiente coyuntura electoral, la de la consulta popular y referéndum prevista para el 16 de noviembre, prácticamente se traslapó con las movilizaciones de septiembre y octubre. En este nuevo momento, el gobierno reactivó el “Incentivo emprende” para entregarse en zonas afectadas por el paro y entre los migrantes en Estados Unidos. En septiembre de 2025 estableció el “Bono raíces”: una transferencia de 1000 dólares, por una sola vez, para agricultores pobres. También en octubre se restableció el programa “Jóvenes en acción”. En octubre, tras el incremento de los precios del diésel, estableció una compensación para transportistas que, tras varios anuncios, quedó fijada en montos que van de 400 a 1800 dólares mensuales; los transportistas urbanos tendrían la compensación durante ocho meses y los interprovinciales durante seis. Este sector también se benefició del “bono de chatarrización”, de hasta 23.000 dólares, para transportistas que busquen renovar sus vehículos, complementado con créditos al 9% anual.
La entrega de bonos agota prácticamente la propuesta de políticas sociales del gobierno de Noboa. Pero estas “transferencias directas” no fueron solo en dinero: si en la campaña electoral se repartieron centenares de miles de muñecos de cartón con la imagen de Noboa, ahora, previo a la consulta, se regaló a los niños de Esmeraldas muñecos de Daniel Noboa, a modo de un nuevo Ken criollo. También se regalaron chanchos.
La importancia que el gobierno ha dado a los bonos —y, al mismo tiempo, el abandono en que ha dejado otras acciones e inversiones— queda retratada en el titular de una nota de prensa del 31 de octubre de 2025: “El Gobierno ha gastado USD 120 millones en obra pública, menos de la mitad de lo que ha destinado en bonos”18.
7. EL CARÁCTER POLÍTICO (4): RELACIONES CON LAS CLASES SUBALTERNAS. PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN
La mediación clientelar es la primera política de relacionamiento con las clases subalternas. La segunda es un combo de campañas de desprestigio, persecución, espionaje, infiltración, control y debilitamiento de las organizaciones sociales y de asociaciones no gubernamentales que las apoyan; bloqueo de cuentas bancarias, despido de trabajadores, citaciones a la Fiscalía acusados de terrorismo y paralización de servicios públicos, y censura de prensa19. Finalmente, el ejercicio de la violencia directa en momentos de —y no solo en contra de— las protestas sociales.
El menú completo contempla la expedición de leyes y decretos para normalizar ese tipo de actividades estatales en contra de las formas asociativas de los sectores populares y de sus dirigentes (leyes de inteligencia, de transparencia financiera, etc.), y la movilización de todo el aparato estatal: ministerios, Fuerzas Armadas, Policía, organismos de propaganda, Fiscalía, SRI y Unidad de Análisis Financiero. No se había visto un despliegue tal tan concentrado en el tiempo.
Durante septiembre y octubre, las Fuerzas Armadas y la Policía invadieron comunidades indígenas con un uso desmedido de gases lacrimógenos, creando una neblina artificial que asfixiaba a los residentes (y que, de hecho, causó una muerte en Saraguro) y disparos de armas de fuego. Allanaron viviendas para apresar a jóvenes indígenas. También se bloqueó el paso de ambulancias y se entró violentamente en hospitales para detener a manifestantes heridos. Se trasladó arbitrariamente a varios detenidos a cárceles de ciudades donde se habían producido muertes de prisioneros. Varias comunidades de Otavalo, Cotacachi, Calderón y Saraguro sufrieron esas violentas arremetidas.
Los predios de la Universidad Central fueron igualmente invadidos, contrariando disposiciones constitucionales. Manifestaciones y plantones pacíficos sufrieron acosos, requisas, amedrentamientos y ataques de la policía. Varias demostraciones fueron reprimidas y dispersadas apenas iniciaban la marcha.
La tecnología también fue convertida en campo de batalla. Ciudades de la provincia de Imbabura, como Otavalo y Cotacachi, sufrieron el corte de la señal de internet y el bloqueo de la telefonía celular. Además, volvió la censura de prensa: las radios Inti Pacha (Cayambe) e Ilumán (Otavalo) y TV Micc (Cotopaxi) fueron clausuradas temporalmente y se iniciaron sumarios administrativos en su contra. La policía impidió grabar y registrar los actos violentos que cometía y dañó teléfonos celulares y equipos de video de los reporteros. Varios periodistas —sobre todo comunitarios, fotógrafos y camarógrafos— fueron golpeados y heridos por la represión estatal. Fundamedios registró 55 agresiones contra la libertad de expresión durante los 31 días de protestas20.
También fueron censurados, interrumpidos y dispersados eventos artísticos y actos públicos por la paz organizados por colectivos sociales y grupos religiosos. El grupo Mugre Sur sufrió la censura e interrupción de dos conciertos, uno en Quito y otro en Cuenca.
Antes de desatar la andanada de violencia, el gobierno intentó también otros mecanismos para acallar la voz de la protesta. Para impedir o desalentar una manifestación de varios colectivos en Quito —que habían anunciado reunirse en el parque El Arbolito—, el gobierno organizó un encuentro artístico en el mismo lugar y a la misma hora. De igual modo, organizó marchas (como la que hizo contra la Corte Constitucional en Quito o en respaldo de Noboa en Latacunga) y contramarchas, como la que organizó en Quito para “contrarrestar” una manifestación del Frente Unitario de Trabajadores y otros colectivos. Este fue el lado “buenoide” de la represión. Así fue como la guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico se convirtió en guerra contra el pueblo.
El edificio del proyecto bonapartista está casi completo con estas dos mitades de la última piedra.
Reflexiones finales
Sin embargo, el proyecto de Noboa no está completamente afirmado y listo. Hacia la sociedad, para obtener su aprobación en el curso autoritario, se postula como protector frente a la violencia del narco. Hacia las clases medias y los pequeños negocios se presenta como el pacificador que permitirá “volver a trabajar”. Ante las diversas fracciones de la clase dominante se plantea como el gobierno que pondrá fin a la secuencia de protestas sociales y que derrotará por fin a los movimientos sociales, particularmente al movimiento indígena.
Para eso debe destruir las formas de organización y representación propias de las clases subalternas. Las diversas formas de represión utilizadas son un mecanismo; el clientelismo es otro; y otro más son los intentos de división y fraccionamiento.
Las movilizaciones de septiembre y octubre terminaron casi abruptamente, sin resolución clara. El escenario se trasladó a la consulta popular. Terminamos de escribir este artículo antes de las elecciones; los resultados que se den marcarán con mayor nitidez la afirmación del proyecto noboísta o sus límites.
Mario Unda
Quito, 6 de noviembre de 2025.
- Consejo Nacional Electoral del Ecuador: Consulta Popular y Referéndum 2024.
- “El presidente Daniel Noboa declara la existencia de un ‘conflicto armado interno’ en Ecuador y ordena al Ejército restablecer el orden tras varios atentados y la toma de un canal de TV”; ver: BBC Mundo.
- “Donald Trump se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su residencia de Mar-a-Lago”; ver: Infobae.
- “Ecuador: El IVA al 15% está vigente desde este lunes 1 de abril”; ver: Primicias.
- “El asalto a la Embajada de México en Quito sume a Ecuador en el caos político”; ver: El País.
- “El juicio contra Andrea Arrobo, explicado”; ver: GK City.
- “Consulta en Ecuador: resultados parciales muestran el respaldo a las nuevas medidas de seguridad planteadas por el presidente Noboa en plena crisis de violencia”; ver: BBC Mundo.
- FMI aprueba un acuerdo de 48 meses y USD 4.000 millones con Ecuador. También: “Descargue el documento completo del acuerdo de crédito entre Ecuador y el FMI de 2024”; ver: Primicias.
- “Noboa le dice a Netanyahu que Ecuador e Israel ‘tienen los mismos enemigos’”; ver: FM Mundo.
- “¿Cómo se desvaneció la deuda de la Exportadora Bananera Noboa con el SRI?”; ver: GK City.
- Presidencia de la República del Ecuador: Posesión del presidente Daniel Noboa (23 de noviembre de 2023).
- Mario Unda y Maritza Idrobo: “Un gobierno de unidad oligárquica”; en: Correspondencia de Prensa.
- Human Rights Watch: Ecuador. Eventos de 2023; en: World Report 2024 – Ecuador.
- PADF: Boletín anual de homicidios intencionales en Ecuador. Análisis estadístico de 2024; en: OECO–PADF.
- FMI: Ecuador. Solicitud de un acuerdo en el marco del servicio ampliado del FMI: comunicado de prensa; informe del personal técnico; y declaración del director ejecutivo por Ecuador. FMI, Informe de país N.º 24/146; en: Ministerio de Finanzas del Ecuador.
- Mario Unda y Maritza Idrobo: “Ecuador – Segunda vuelta y después. Unas elecciones muy poco equitativas”; en: Correspondencia de Prensa.
- Fundamedios: “Asambleísta alterno de ADN compra La Posta y Radio Centro”; en: Fundamedios.
- “El gasto público en obra cayó mientras aumentó el gasto en bonos durante el gobierno de Noboa”; en: Primicias.
- Correspondencia de Prensa: “Ecuador – Urgente: cacería de brujas contra dirigentes y activistas de los movimientos sociales”; en: Correspondencia de Prensa.
- Fundamedios: La represión estatal marcó el paro nacional: 55 agresiones contra la libertad de expresión (5 de noviembre de 2025); en: Fundamedios.
