Los sindicatos y asociaciones que representan a los trabajadores de prensa y periodistas junto al CELS y Amnistía Internacional denunciaron al gobierno por el ataque a la prensa. La respuesta del gobierno fueron mentiras y omisiones.
La represión reivindicada
El subsecretario de Derechos Humanos de Milei, Alberto Baños, negó represión a la prensa, reivindicó el accionar de la policía y el protocolo Anti-piquetes, a la vez que planteo como hechos aislados los ataques a la prensa, como el de Pablo Grillo que sigue peleando por su vida a 8 meses del hecho.
A la vez, en un manejo extrañísimo del discurso explicó que la eliminación de la pauta oficial no perjudica la libertad de expresión, sino que la ayuda porque permite que se sostengan los medios que la gente realmente elige.
En el mismo sentido desconoció que el cierre de Télam, el vaciamiento de Radio Nacional y televisión pública, el no pago de subsidios a los medios comunitarios sea un ataque a la pluralidad de voces.
Baños expresó que está audiencia no tenía sentido en base a que los casos, por represión, ataque en redes o espionaje siguen en el terreno judicial y desconocieron que este sistema de ataques fuera un modus operandi del gobierno.
La realidad casi dos años cargados de ataques a la libertad de expresión
La denuncia de los organismos recopiló algunos de los hechos centrales de este tiempo. Partiendo del tweet de Milei que expresó “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, en junio pasado.
Este hecho se enmarcó en un contexto de tres procesos personales muy graves:
- El intento de asesinato a Pablo Grillo por parte de las fuerzas represivas nacionales a cargo de Patricia Bullrich.
- Los vídeos generados con inteligencia artificial donde Julia Mengolini tenía relaciones incestuosas con su hermano, que fueron difundidos por el presidente y la denuncia penal que le hicieron por solidarizarse con la lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan.
- El ataque cibernético a Hugo Alcona Mon después de hacer una investigación sobre el informe de la SIDE, que generó hackeos a sus cuentas e intentos de difamarlo al asociarlo a páginas pornográficas.
La violencia contra periodistas no es retórica: avanza en leyes, despidos masivos y salarios congelados. Argentina cayó al puesto 87 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), un descenso de 21 posiciones respecto al año anterior.
El informe anual del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) apuntó directamente al poder político como el principal responsable de las agresiones contra periodistas en 2024, involucrado en el 52,5% de los 179 ataques registrados en todo el país. Algunos episodios estuvieron vinculados al protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprobado el 15 de diciembre de 2023.
Bajo el lema “sin libertad no hay orden, y sin orden no hay progreso”, el protocolo estableció 12 restricciones severas para manifestantes. Entre ellas: despliegue de las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, PSA, Gendarmería y Prefectura) para impedir cortes parciales o totales; acción policial sin orden judicial; y el despeje completo del espacio público.
El impacto fue evidente con el intento de asesinato a Pablo Grillo, el daño permanente en el oído a Rodrigo Abd, la detención a fotorreporteros en manifestaciones y con la represión en la ley ómnibus cuando alrededor de treinta periodistas resultaron heridos durante la represión. Además de gases lacrimógenos, se dispararon balas de goma directamente a cámaras y rostros de periodistas.
Enfrentar al gobierno por la libertad de expresión y los derechos laborales
Los trabajadores de prensa y periodistas también sufren el ahogo económico del gobierno de Milei. Las patronales oficialistas y opositoras se ponen de acuerdo para sostener salarios de miseria obligando al pluriempleo, anulando la posibilidad de hacer investigaciones profundas, producto de la falta de tiempo por la demanda de la supervivencia, y también el recorte de puestos con la entrada de las inteligencias artificiales para la redacción de notas.
Por eso la lucha de este gobierno es político y económico. La reforma laboral en nuestro sector ya se aplica y se va a profundizar si este camino sigue. Por eso, es fundamental impulsar y acompañar las denuncias a la vez que impulsar la lucha por nuestros derechos laborales.
Es fundamental organizarnos desde abajo como sucedió en la lucha del Garrahan para impulsar la defensa de nuestro derecho a informar, a comunicar y a expresarnos. Nuestro medio va a estar siempre a disposición para fortalecer la lucha y construir los espacios que permitan llevar adelante la pelea contra las políticas de Milei.
