Una vez más los trabajadores se convierten en los rehenes de una pulseada entre el Estado y los empresarios. En el marco de crisis y ajuste aplicado por el gobierno, las patronales buscan sumar otro capítulo más donde pretenden recibir luz verde para imponer sus condiciones. En esta ocasión, los choferes de colectivos son los que parten como víctimas.
La posibilidad de que sus salarios de noviembre y diciembre, junto con el aguinaldo sean pagados en cuotas, no es solo una muestra de la situación financiera del sector, sino un ensayo general del tipo de relación laboral que el oficialismo busca consolidar, donde el empleador paga cuando puede (o quiere) y el trabajador debe aceptar con resignación.
Las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros de AMBA han expresado, a través de comunicados y cartas dirigidas a las secretarías de Transporte y Trabajo, que se ven imposibilitadas de afrontar el pago íntegro de las obligaciones salariales.
Los empresarios de este sector dicen encontrarse frente a una “gravísima coyuntura económica” con ingresos insuficientes, costos operativos disparados y un retraso en la actualización de los subsidios estatales.
Frente a ese escenario, han anunciado un plan de pago “excepcional y transitorio” que consiste en abonar los sueldos de noviembre en dos partes y el medio aguinaldo de diciembre en seis cuotas. Sin embargo, estas explicaciones hay que ponerlas bajo la lupa. El sector ha sido beneficiado por aumentos tarifarios constantes y significativos, con el boleto mínimo arcándose a los $500 tras una suba acumulada de más del 600% solo en 2024. El discursito sobre una inminente quiebra, inflado por los empresarios del sector, choca con la realidad de un servicio, que, a pesar de las quejas, continúa operando y trasladando millones de pasajeros diarios.
Frente a esta ofensiva, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se declaró en “estado de alerta” y ha emitido un comunicado responsabilizando al gobierno y advirtiendo sobre la posibilidad de un paro de colectivos. La postura de la UTA deja en claro que, los trabajadores que cumplen con todas sus tareas los 365 días del año exigen percibir sus salarios completos en tiempo y forma, tal como está expresado por la ley. El sindicato, dejó fijada la posibilidad, de que si para el cuarto día hábil de diciembre, las empresas no han depositado los haberes en su totalidad, el gremio no dudará en llevar adelante una medida de fuerza que paralizaría el transporte en la región metropolitana.
Sin embargo, no se puede depositar ninguna confianza en la conducción nacional de la UTA. Roberto Fernández y su Consejo Directivo tienen un largo prontuario como campeones de la traición a los derechos de los trabajadores. Declarar el “estado de alerta” no alcanza; es imprescindible profundizar la coordinación desde las bases, impulsar las decisiones en asamblea como lo vienen haciendo los choferes de la línea 148 y prepararnos de manera independiente para enfrentar este nuevo ataque a nuestros salarios.
Este conflicto no surge de la nada, sino que es un síntoma más de la frágil situación económica que atraviesa el país y en particular, el sistema de transporte. La escalada descontrolada en el precio del boleto, que ha multiplicado su valor por más de 30 en los últimos años, no se ha traducido en una mejora salarial para los trabajadores ni en una inversión significativa que renueve una flota de colectivos que en un 27% supera los diez años de antigüedad. Por el contrario, cada aumento tarifario parece evaporarse en los laberintos contables de las empresas, que ahora pretenden que los choferes financien con sus magros ingresos la crisis del sector.
Para terminar con todas estas maniobras empresariales hay que desnudar la verdadera situación de estas empresas. Frente a la especulación con el sustento de las familias trabajadoras, es fundamental exigir la apertura inmediata de todos los libros contables. Los trabajadores del sector y sus usuarios deben tener el derecho de saber en qué se están utilizando los subsidios que aún reciben del Estado y los ingresos millonarios provenientes de los sucesivos aumentos en la tarifa.
Cualquier alteración o maniobra fraudulenta detectada en esa contabilidad debe ser castigada con la mayor severidad. Si la gestión privada demuestra ser incapaz de garantizar un servicio eficiente y, al mismo tiempo, cumplir con las obligaciones laborales más básicas, entonces se debe avanzar con la estatización de las líneas, sin ningún tipo de indemnización. Solo un sistema de transporte público bajo control de los trabajadores y los usuarios, orientado al servicio social y no la maximización de las ganancias, puede asegurar un funcionamiento dino para todos.
