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La comisión de Diputados presentó un informe lapidario que apunta directamente al presidente Javier Milei, su hermana Karina y los organismos de control que debían haber actuado. Legisladores calificaron el caso LIBRA como “la estafa política y financiera más grave de la era libertaria” y denunciaron un entramado de encubrimiento judicial que blindó al Gobierno mientras más de cien mil pequeños ahorristas quedaron a la deriva.
Un dispositivo de estafa con aval presidencial
El informe sostiene que el ascenso meteórico del token $LIBRA no fue un fenómeno espontáneo, sino parte de una “ingeniería fraudulenta” que combinó promoción presidencial, desregulación extrema y explotación de la credibilidad pública.
Diputados remarcaron que el tuit de Milei —donde promocionó un contrato que no era de acceso público— actuó como un detonante especulativo para atraer a miles de pequeños inversores. Esa maniobra, señalan, permitió que los creadores del token y sus allegados vendieran de manera anticipada, provocando el posterior derrumbe del valor. Un manual clásico del rug pull, pero con el sello y la amplificación del propio presidente de la Nación.
El documento es igualmente contundente con Karina Milei, quien habría facilitado contactos, reuniones y espacios institucionales para quienes impulsaban la criptomoneda.
Diputados subrayaron que varias reuniones clave no fueron registradas en los circuitos oficiales, una irregularidad que alimenta la sospecha de coordinación deliberada para el beneficio de terceros.
114 mil damnificados
Más de 114.000 billeteras registraron pérdidas tras el colapso de LIBRA. La mayoría pertenece a pequeños ahorristas, jóvenes y trabajadores que confiaron en las promesas de “libertad financiera” y “nuevas oportunidades” que el discurso libertario repetía como mantra.
Mientras tanto, los organismos públicos que deberían proteger a los ciudadanos del fraude financiero miraban para otro lado. Según los diputados, esa omisión no fue torpeza sino complicidad.
Encubrimiento judicial y maniobras para frenar la investigación
La denuncia no se detiene en la política: también avanza contra parte del Poder Judicial. La Oficina Anticorrupción —que en teoría debe actuar como contralor del Ejecutivo— es acusada de encubrimiento grave, particularmente su titular, quien exoneró rápidamente al presidente sin profundizar las líneas de investigación.
Diputados también apuntaron contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano por entorpecer la causa, demorar pedidos de información clave y archivar tramos sensibles.
Reclamo de responsabilidad política y posible juicio político
La comisión no descarta avanzar hacia un proceso de juicio político contra Milei por mal desempeño, señalando que ningún presidente en democracia había quedado tan comprometido en una operación financiera que perjudicó a miles de ciudadanos.
El informe también exige investigar el manejo interno del Ejecutivo, el rol de Karina Milei y el accionar de las áreas que debían ejercer control y transparencia.
El experimento libertario y su rostro más crudo
El caso LIBRA expone, una vez más, los límites y peligros de un proyecto de gobierno que promueve la desregulación total, el desprecio por las instituciones públicas y la idea de que el mercado puede reemplazar al Estado incluso en materia de protección frente al fraude.
No solo debe investigarse hasta el final y de forma independiente, también es necesario que los involucrados sean condenados y paguen por la enorme estafa que realizaron.
