La comunidad riojana esperaba el inicio de inscripciones para el ciclo lectivo 2026. Sin embargo, la gestión de la UNLaR introdujo cambios sustanciales en el proceso, afectando directamente a quienes desean ingresar a la universidad: aparecieron en la página oficial un CBU y un pago obligatorio de $15.000 para inscribirse.
Sin aviso previo, sin debate público y sin resolución del Consejo Superior, la gestión instaló —en los hechos— un piso económico para estudiar.
La excusa formal fue la implementación del SIU Guaraní 3 y los “reajustes administrativos”, pero lo que se incorporó es un nuevo cobro: el “trámite de validación de documentación de ingreso”, inexistente hasta este año y fijado por la Resolución Rectoral N.º 876, firmada por el vicerrector Oviedo.
Entre el 21 y el 31 de octubre se exigió este pago como condición para avanzar con la inscripción, pese a que el Consejo Superior todavía no lo había tratado ni aprobado. Es decir, se cobró sin respaldo institucional.
Una resolución ilegal votada a espaldas de la comunidad
Cuando el tema salió de la burbuja académica y llegó a los medios, la gestión se vio obligada a defender lo indefendible. Entre entrevistas en Multimedio UNLaR y declaraciones públicas del vicerrector, el secretario Isaías Díaz y la consiliaria estudiantil oficialista Antonella Sánchez, quedó clara la estrategia: admitir el cobro, pero negar su carácter de arancel.
Intentaron instalar que solo “actualizan montos que ya existían” —cuando un estudiante hoy debe pagar alrededor de $300.000 para recibirse— y que este nuevo pago sería un simple “bono contribución”. Sin embargo, nadie pudo responder lo elemental:
¿Qué ocurre si un estudiante no puede pagar esos $15.000?
¿Podrá cursar el primer año?
Si para ingresar hay que pagar, aunque se lo llame de otra manera, es arancelamiento.
La gestión se alinea con el ajuste nacional
El vicerrector afirmó que el Consejo Superior “aprobó” el cobro, pero lo hizo el 31 de octubre, cuando el pago llevaba diez días exigiéndose. Incluso la propia consiliaria Sánchez reconoció que ya procesaban decenas de inscripciones diarias.
La gestión actuó primero y justificó después, reproduciendo un método antidemocrático que recuerda las peores prácticas “Tellistas” de la universidad.
Tampoco puede obviarse el contexto nacional: con Milei profundizando el ajuste y desfinanciando las universidades, la conducción de la UNLaR decidió no enfrentar el recorte, sino replicarlo. En campaña levantaron la bandera de la educación pública, pero ahora aplican la receta contraria.
La respuesta estudiantil y el intento de silenciarla
Frente a esta situación, desde La Marea–MST, como parte de la Asamblea UNLaR, nos movilizamos inmediatamente para rechazar este avance privatista.
Al presentarnos en el Consejo Superior para exigir explicaciones y transparencia, la gestión respondió cerrando el acceso con seguridad y bloqueando únicamente el ingreso de estudiantes organizados, mientras habilitaban selectivamente a otros actores.
El Consejo sesionó blindado, sin permitir la participación pública que debería ser la norma.
Lejos de “un malentendido administrativo”, la escena reveló el verdadero modo de operar de la gestión: avanzar con el ajuste evitando toda deliberación democrática.
Ajuste o lucha: dos caminos frente a Milei
La crisis económica golpea a las familias riojanas: salarios pulverizados, precarización, endeudamiento para llegar a fin de mes. Mientras tanto, el gobierno nacional ajusta en todas las áreas, incluida la educación superior, mediante un presupuesto universitario insuficiente y normas que directamente se niega a cumplir.
Frente a este escenario, las autoridades universitarias tienen dos opciones:
1. Seguir el ejemplo del Garrahan, donde la organización y la voluntad de lucha de los trabajadores lograron conquistas aun con Milei en el poder.
2. O aceptar el ajuste, descargándolo sobre estudiantes y trabajadores universitarios bajo el argumento de que “no hay recursos”.
La gestión ya eligió: arancelamiento, cerrazón y obediencia al ajuste.
La “Nueva UNLaR” aplica una vieja receta
La rectora Álbarez Gómez y su espacio, Nueva UNLaR, no solo incorporaron este cobro obligatorio. También implementaron medidas que van en la misma dirección:
- ahora se cobran usos de espacios que antes eran gratuitos (salas Azul, Roja y Verde),
- se intenta limitar la actividad política estudiantil prohibiendo la pegatina en una universidad pública
- y se avanza con reformas administrativas sin debate.
Es la misma lógica de siempre, con un lenguaje renovado, pero con idéntico perfil: ajustar hacia abajo y reducir derechos.
Llamado a la unidad para derrotar el arancelamiento
Las agrupaciones y centros que apoyan esta medida están convalidando un ataque directo a sus propios representados.
El resto, que ya manifestó su rechazo, enfrenta un desafío inmediato: pasar de la declaración a la acción, antes de que este arancel encubierto se consolide.
Desde La Marea–MST vamos a poner toda nuestra fuerza militante y nuestra Secretaría del Centro de Estudiantes de Historia al servicio de esta pelea. Nos organizaremos con la Asamblea UNLaR de cara al inicio del cursillo 2026, para que ningún ingresante tenga que pagar para estudiar y para recuperar una universidad realmente pública, gratuita y democrática.
Porque lo que está en juego no es un trámite: es el derecho a la educación y el futuro de miles de estudiantes.
