El gobierno de Javier Milei concretó un de los objetivos centrales de su alineamiento internacional. Tras una reunión entre el Canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, la Casa Blanca anunció la firma de un“Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos” con la Argentina.
El presidente libertario no tardó en salir a celebrarlo desde Corrientes, calificándolo como una prueba de que su gobierno está “comprometido en hacer grande a la Argenitna nuevamente”. Aunque, lejos de las frases grandilocuentes, un análisis detallado de los puntos del acuerdo y el contexto en el que se firma revela un carácter profundamente lesivo para los intereses de las mayorías.
Si bien, se terminará definiendo en el transcurso de estas semanas y algunos de los puntos necesitarán trámites parlamentarios, lo anunciado, no es un simple entendimiento comercial. Todo esto es una forma de formalizar una relación neocolonial comercial que consolida la dependencia financiera, entrega de los recursos estratégicos y sacrifica la industria local para responder las necesidades de los intereses del imperialismo estadounidense.
La ingeniería misma del acuerdo está diseñada sobre una asimetría estructural que salta a la vista en cada una de las cláusulas. Washington lo presenta como un acuerdo recíproco, pero un examen minucioso de sus puntos demuestra que la reciprocidad no existe. Los beneficios para el país, en cambio, son vagos, condicionados y en muchos casos se reducen a promesas de que Estados Unidos puede llegar a considerarfuturas mejoras. Estas negociaciones, llevadas a cabo bajo un velo de secreto y sin ningún tipo de debate abierto al público, representa la capitulación de un gobierno que, a cambio de un respaldo político internacional, está dispuesto a entregar las llaves de la economía del país.
Los puntos críticos del acuerdo: una rendición sector por sector
Para comprender la magnitud de la entrega, es necesario desglosar los principales ejes del acuerdo, tal como fue publicado por la Casa Blanca. Cada uno de estos puntos constituye una puerta abierta para el avance de los capitales estadounidenses sobre sectores sensibles de nuestra economía, con consecuencias previsibles para la producción local, el empleo y la soberanía.
• Aranceles: El acuerdo establece que la Argentina otorgará “acceso preferencial” a una extensa lista de producto estadounidenses. Esta lista incluye medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas. En la práctica, esto significa una apertura indiscriminada que dejará un sector de la producción local en una situación de competencia imposible frente a gigantes corporativos con economías de escala abrumadoras.
A cambio, Estados Unidos se compromete a eliminar aranceles sobre “ciertos recursos naturales no disponibles” y artículos para uso farmacéutico, una concesión mínima y de alcance limitado que no se equipara a la masiva apertura que impone a la Argentina.
• Eliminación de barreras no arancelarias: Este, es uno de los puntos más graves. El gobierno argentino se comprometió a “desmantelar numerosas barreras no arancelarias”, incluyendo las licencias de importación, y a eliminar el impuesto estadístico para los productos estadounidenses
Estas herramientas, que todo país utiliza para proteger su industria y regular el flujo de comercio, son caracterizadas como obstáculos innecesarios. Su eliminación termina de allanarle el camino a una invasión de mercancías sin ningún tipo de control, profundizando la desindustrialización y el déficit comercial.
• Normas y evaluación de la conformidad. En lo que constituye una renuncia flagrante a la soberanía regulatoria, la Argentina se compromete a aceptar sin más trámites los estándares técnicos y de calidad de Estados Unidos. Esto implica que los vehículos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos fabricados allí podrán ingresar al país simplemente por el hecho de cumplir con las normas federales norteamericanas. Se anula así la capacidad del Estado de verificar, controlar y establecer sus propias prioridades en materia de seguridad, salud y medio ambiente, subordinándolas a los intereses comerciales de las corporaciones de ese país.
• Propiedad intelectual. El acuerdo incluye presiones para que la Argentina elija su régimen de patentes con las demandas de los Estados Unidos, lo que significa extender los plazos de monopolio de las grandes farmacéuticas y dificultar la producción de medicamentos genéricos. Esto tendrá un impacto directo y cruel en el precio de los remedios y en el acceso a la salud de las mayorías populares, privilegiando las ganancias de los laboratorios internacionales por sobre la vida de la gente.
• Acceso a los mercados agrícolas. Se consolida la apertura para el ingreso de ganado bovino vivo estadounidense, aves de corral y productos lácteos. Esta medida, lejos de ser un logro, es un golpe letal para los sectores de la producción agropecuaria, que, salvo los grandes grupos concentrados, ya se encuentran en crisis. Además, se simplifican los procesos de registro para estos productos, debilitando los controles sanitarios. Mientras tanto, la contrapartida para nuestras exportaciones cárnicas queda sujeta a una vaga promesa de “mejorar las condiciones”, sin garantías concretas.
• Minerales críticos y soja. El acuerdo establece una cooperación preferencial para la inversión del comercio de minerales críticos, como el litio y un trabajo conjunto para “estabilizar el comercio mundial de soja”. Esto no es otra cosa que la entrega formal de nuestros recursos estratégicos a la geopolítica de Estados Unidos, que busca asegurarse el suministro de estos insumos vitales para su industria tecnológica y militar, en el marco de su disputa con China. Lejos de ser un beneficio, es la profundización de un modelo extractivo que saquea nuestros bienes comunes sin generar ningún tipo de desarrollo local.
El contexto de dependencia financiera y la ofensiva de Trump
Este acuerdo comercial no puede disociarse del salvataje financiero que el gobierno de Trump le proporcionó a Milei. El swap de monedas por U$S 20.000 millones de dólares no fue ningún acto de caridad, sino un mecanismo de sujeción. El propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, tuvo la impunidad de declarar en televisión que esta operación le generó ganancias a su país. Este acuerdo comercial es la contrapartida de esa dependencia, la factura que el imperialismo le presenta a un gobierno subordinado. Todo esto es la consolidación de un círculo viciosos donde la dependencia financiera se paga con concesiones comerciales y entrega de soberanía.
La firma de este tratado no es un hecho aislado en la región. Ocurre el mismo día en que la Casa Blanca anuncia acuerdos similares con Ecuador, El Salvador y Guatemala. Forma parte de una ofensiva estratégica del gobierno de Trump para reconfigurar su dominio en América Latina, es decir, recuperar el control de su patio trasero.
Esta ofensiva incluye una creciente presencia militar en el Caribe, con amenazas contra Venezuela y una injerencia en los procesos políticos de países como Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia. El objetivo parece ser bastante claro: contrarrestar la influencia china y rusa, además de asegurar el control sobre los recursos naturales y los mercados de la región.
En este tablero de disputa imperial, el gobierno de Milei se ofrece no como un interlocutor soberano, sino como un aliado incondicional, de los intereses norteamericanos en el Cono Sur, La alianza estratégica de la que habla el comunicado de la Casa Blanca es, en los hechos, un pacto de subordinación. Mientras Trump avanza en su proyecto de un hemisferio cerrado a sus competidores y abierto a sus corporaciones, el gobierno argentino le facilita el ingreso, allanando el camino para que otros países de la región sienten precedentes.
Organizar la resistencia contra la entrega
El carácter espurio de este acuerdo queda demostrado no solo por su obsceno contenido de entrega indiscriminada, sino también por la opacidad con que fue negociado.
Al contrario del título que le quiere implantar Milei a este hecho, el acuerdo, es la materialización de un programa de entrega que hipoteca el futro de varias generaciones de argentinos. Sus consecuencias serán la profundización de la recesión, la pérdida de miles de puestos de trabajo, el encarecimiento de los medicamentos, la pérdida de control sobre nuestros recursos naturales y la renuncia a cualquier proyecto de desarrollo soberano.
Frente a este ataque, la respuesta no puede ser la resignación. Es imprescindible denunciar en todos los ámbitos el carácter entreguista de este tratado y de un gobierno que actúa como un títere local del imperialismo. La lucha contra el acuerdo comercial con Estados Unidos debe unirse a la pelea contra el FMI y el pago de la deuda fraudulenta. Se vuelve urgente un amplio movimiento de resistencia que una a trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, y a todos los sectores afectados por este modelo de saqueo. Es en este punto, donde la única oposición política, que existe a este gobierno, el Frente de Izquierda Unidad, puede jugar un rol central para enfrentar este proceso de entrega.
Con la CGT negociando con el gobierno la implementación de la reforma electoral y un PJ en crisis, el Frente de Izquierda debe tener un rol activo en la organización de la resistencia frente a la injerencia norteamericana. La soberanía no se negocia. Y desde el MST, entendemos que el Frente de Izquierda debe tener un papel central a la hora de convocar la organización y movilización, que impida que este acto de entrega se lleve adelante.
