Mientras el gobierno nacional recorta fondos y las provincias achican sus presupuestos, un informe revela que la educación lleva una década de retroceso. En 2024, 21 jurisdicciones redujeron su gasto educativo y los salarios docentes siguen por debajo de los niveles de 2014. La desinversión golpea de lleno a la escuela pública y a quienes la sostienen todos los días.
Radiografía del ajuste
Un nuevo estudio de Argentinos por la Educación confirma lo que docentes, estudiantes y familias viven en carne propia: la educación pública argentina atraviesa un proceso sostenido de desinversión.
En lo que va de 2024, 21 de las 24 provincias redujeron su gasto real en educación y cultura, y en 19 jurisdicciones ese gasto está por debajo del nivel de 2014. A eso se suma una pérdida salarial que se profundiza año a año: el salario docente real sigue siendo menor que hace más de una década.
El informe muestra además que 16 provincias destinaron una porción menor de su presupuesto total a la educación en comparación con diez años atrás. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de una tendencia estructural que se agrava con las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno de Javier Milei y la complicidad de las administraciones provinciales.
El ajuste educativo, en números
El recorte educativo no se explica sólo por la caída del poder adquisitivo o la inflación: es una decisión política.
La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) —que representaba entre el 7% y el 10% del salario bruto— fue un golpe directo al bolsillo de las y los trabajadores de la educación. Las provincias no compensaron ese fondo y, en muchos casos, optaron por recortar otras partidas escolares.
Mientras el discurso oficial habla de “eficiencia” o “austeridad”, la realidad en las aulas muestra escuelas con techos que se caen, comedores sin recursos, falta de insumos básicos y docentes que trabajan dos o tres cargos para llegar a fin de mes.
La educación no está “estancada”: está siendo vacía de contenido, privatizada de hecho y sostenida a pulmón por sus trabajadores.
Por supuesto a este escenario hay que agregarle el propio recorte que hacen los gobernadores sobre educación, que en muchos casos se explica por salarios en educación por debajo de la línea de pobreza. Y la agudización de los problemas de infraestructura.
Una década de retroceso
Desde 2014, la inversión educativa real viene cayendo, sin que ningún gobierno revierta la tendencia.
La gestión de Milei profundiza y acelera el ajuste iniciado en los últimos años del macrismo y continuado, con matices, durante el gobierno de Alberto Fernández. El resultado: el presupuesto nacional destinado a educación se derrumbó y las provincias absorben el costo sin recursos adicionales.
En este contexto, los discursos que hablan de “meritocracia” o “libertad de enseñanza” encubren una política concreta: transferir la crisis a las aulas y precarizar a quienes sostienen el derecho a aprender.
Un modelo que castiga a la escuela pública
Detrás de los números hay una realidad concreta:
- Cada peso que se le quita a la educación es un aula que se degrada.
- Cada punto de salario perdido es un docente que se agota.
- Cada recorte provincial es un chico o una chica que queda más lejos de la escuela.
Mientras se destinan fondos al pago de deuda o se promueve la privatización de servicios públicos, la escuela pública —espacio de encuentro, contención y derechos— se transforma en otra víctima del ajuste estructural.
El gobierno nacional habla de “ordenar las cuentas”, pero el verdadero orden que está imponiendo es el del mercado sobre la educación, la desigualdad sobre el derecho y la indiferencia sobre el cuidado.
La escuela pública hoy funciona por el enorme sacrificio de los docentes y las comunidades educativas, pero a fuerza de un agotamiento sostenido y la baja de calidad educativa. Sin presupuesto no es posible sostener la educación pública.
La respuesta: organización y lucha
Frente a este panorama, la docencia y la comunidad educativa vuelven a ser la primera línea de resistencia.
Las huelgas, paros y movilizaciones que recorren el país no son corporativas: son la expresión de un pueblo que entiende que sin educación pública no hay futuro posible.
En muchos casos esas acciones surgen por abajo con la bronca acumulada, y obligan a los sindicatos a accionar, pero aun así mas allá del camino recorrido hasta aquí, es necesario que CTERA llame a un plan de lucha y se replique en las provincias. No van mas los petitorio, o movilizaciones aisladas. Es necesario un plan de lucha que unifique los reclamos a nivel nacional y en la calle defendamos la escuela pública hasta frenar el ajuste.
Hoy hay una nueva convocatoria de SUTEBA- CTERA a movilizar al ministerio de economía por la restitución del FONID. Pero es insuficiente. Necesitamos estar en la calle hasta lograrlo, y exigir a los gobiernos provinciales aumento salarial ya.
Defender la educación hoy implica exigir:
- Recomposición salarial inmediata por encima de la inflación.
- Restitución del FONID y aumento del presupuesto educativo nacional y provincial.
- Plan de infraestructura y conectividad que garantice condiciones dignas.
- Y, sobre todo, una política educativa democrática y popular, al servicio de las mayorías, no del ajuste ni del mercado.
- Terminar con la precarización laboral que no es otra cosa que la precarización de los saberes.
La crisis educativa no es una fatalidad ni un error técnico: es el resultado de una decisión política consciente de desfinanciar lo público.
Pero la historia argentina demuestra que cuando las aulas se organizan, cuando las maestras, los pibes y las familias se levantan, la educación pública vuelve a ocupar el lugar que le corresponde: el de un derecho colectivo, no un gasto a recortar.
