Pese al relato oficial de una inflación “en descenso”, el costo de vida volvió a golpear a los sectores populares. En octubre, la canasta básica total subió 3,1%, por encima del índice de precios, y dejó en evidencia el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.
Hasta el techo
La brecha entre los anuncios oficiales y la realidad cotidiana de los argentinos se profundiza. Según datos oficiales, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 3,1% en octubre, lo que implica que una familia tipo necesitó $1.213.800 para no caer en la pobreza.
El dato contrasta con la inflación del 2,3% registrada en el mismo mes, lo que significa que los bienes y servicios esenciales subieron más que el promedio general de precios. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que define la línea de indigencia— escaló hasta los $544.300, reflejando el impacto directo en los sectores más vulnerables.
Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei insiste en mostrar los números de la inflación como un logro de su política de “disciplina fiscal” y ajuste. Sin embargo, los indicadores sociales demuestran que la desaceleración de precios no se traduce en alivio: los ingresos reales siguen cayendo, las jubilaciones pierden poder de compra y el consumo interno continúa en retroceso.
La aparente “estabilidad” responde más a la recesión y la contracción del consumo que a una mejora estructural. El problema no es solo cuánto bajan los precios, sino quiénes pueden seguir pagando los alimentos básicos.
Con más del 45% de la población bajo la línea de pobreza y una canasta básica que ya supera el millón de pesos mensuales, el país enfrenta un escenario donde la desinflación oficial convive con una crisis social en expansión.
