El exgobernador entrerriano Gustavo Bordet quedó vinculado a una investigación judicial por presuntas coimas en contratos con la empresa de seguridad Securitas. Los mensajes que aparecen en la causa revelan cómo se tejen los vínculos entre el poder político y el capital privado en la gestión del Estado.
Todos sucios
El nombre de Gustavo Bordet, exgobernador peronista de Entre Ríos que tuvo como mano derecha a Edgardo Kueider, volvió a ocupar los titulares después de que se conocieran mensajes que lo mencionan en la causa Securitas, una investigación por el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos a cambio de contratos de seguridad.
Esos intercambios forman parte del expediente judicial que analiza una red de favores, contrataciones irregulares y posibles retornos que se habrían dado durante su gestión provincial.
Aunque el exmandatario no fue formalmente imputado, su aparición en las comunicaciones revela la trama de connivencia estructural entre empresas privadas y funcionarios estatales que caracteriza a los gobiernos tradicionales, más allá del signo político. En este caso, Securitas habría garantizado continuidad de contratos mediante el pago de coimas, un esquema que desnuda la falta de controles efectivos y la corrupción sistémica en las contrataciones públicas.
Desde el entorno de Bordet intentan desmarcarlo y hablan de “una operación política”, pero la Justicia continúa analizando mensajes, documentos y transferencias financieras que podrían probar la ruta de los sobornos.
Más allá de la situación personal del exgobernador, el caso expone cómo el Estado provincial funcionó durante años como una caja de negocios, donde empresas privadas aprovecharon su cercanía con los gobiernos de turno para asegurarse contratos millonarios a costa del dinero público.
Mientras el país vive una nueva ola de ajuste y precarización, este escándalo vuelve a mostrar que la corrupción no es una excepción, sino una práctica permanente de los sectores del poder, tanto del viejo PJ provincial como de sus sucesores aliados al empresariado.
La causa Securitas no solo debería esclarecer responsabilidades individuales, sino también abrir el debate sobre quiénes se benefician realmente del Estado y quiénes pagan sus consecuencias: los trabajadores y el pueblo.
