El gobernador Cornejo junto a su ministro Tadeo García Zalazar impulsan una reforma de la educación secundaria que vuelve a poner en foco debates sobre la educación en general: ¿quién decide sobre los destinos de la educación y a quién debería consultarse sobre el tema? ¿qué importancia tiene el presupuesto en una reforma? ¿Cuál es la orientación de este tipo de propuestas de reforma y cuál es su relación con problemas sociales estructurales?
Hace un par de semanas los docentes tomamos conocimiento de un borrador de informe del Consejo General de Educación de la Provincia de Mendoza en asambleas convocadas por el SUTE. La conducción no nos invitaba a debatir a fondo ni mucho menos a organizarnos sino simplemente para escuchar la lectura de un borrador de cuya redacción son parte sin haber bajado antes ese debate a las escuelas. Eso es lo primero que hay que denunciar: no hubo consulta ni debate real de parte del gobierno. Una vez más la mención a la participación de docentes y comunidades es formal, pero sin canales ni instancias reales. Entre los “especialistas” invitados sí estuvo la FEM (Federación Económica de Mendoza), CEM (Consejo Empresario de Mendoza), la Bolsa de Comercio, Bodegas de Argentina entre otras cámaras patronales. Más allá de una representante del SUTE en este CGE ni una iniciativa concreta que lleve a un proceso real de participación, es decir la posibilidad de debatir, proponer y decidir en un espacio democrático.
Algunos ejes de la reforma y su orientación
El borrador plantea cuatro ejes: organización institucional y régimen académico, acompañamiento a las trayectorias escolares, organización de la enseñanza y el aprendizaje y desarrollo profesional de equipos docentes y de gestión. Si tuviéramos que sintetizar diríamos que proponen un régimen académico flexible con espacios institucionales flexibles, revisión de diseños curriculares, creación de nuevas figuras docentes, evaluación docente, cambios en la formación docente inicial y en la de equipos directivos. Todo ello en función de “las demandas del sector socio-productivo”, es decir los empresarios. En cada eje el documento hace un diagnóstico que parte de parcialidades para la polémica: la estructura burocrática de las escuelas, enfoque enciclopedista de la enseñanza, brechas entre el mundo laboral y la formación, la formación docente inicial, el estatuto del docente. En este cúmulo de dificultades que descubre el CGE, los responsables parecen ser las escuelas, los docentes y los derechos que consagra el estatuto, nunca aparece la falta de presupuesto, las políticas educativas ni su orientación.
Un eje muy destacado es la formación para el mundo laboral. Pero ¿qué mundo laboral tenemos? Los trabajos a los que pueden aspirar los jóvenes son cada vez más precarios, con menos derechos, con salarios cada vez más bajos. El empleo de las aplicaciones es un claro ejemplo: no existe ningún tipo de regulación, ni ley laboral que esas empresas respeten. En Mendoza, los empleos ligados a servicios, gastronomía y comercio, como el turismo de bodegas, es profundamente precarizante. Esos mismos empresarios a los que el gobierno convoca para que integren el CGE, son los que impulsan la reforma laboral que legaliza todo un mecanismo de explotación y violación de derechos laborales elementales que ya existe.
En cuanto a lo pedagógico, está orientado a las necesidades del mercado laboral al que acabamos de hacer mención. Una vez más, en un mercado de trabajo que no necesita mano de obra calificada porque la industria prácticamente no existe, es natural que se ponga cada vez más énfasis en habilidades y capacidades y no en conocer en profundidad distintos campos del saber. Seguramente adquirir habilidades, capacidades, el trabajo interdisciplinario y el aprendizaje basado en proyectos serían de mucha utilidad con otra política educativa y otra orientación, en otro orden de prioridades y subordinados a otros objetivos sociales, los de una mayoría y no los de una casta empresaria que lo único que busca es mejor explotar el trabajo ajeno. Se menciona también tener en cuenta la trayectoria real de los estudiantes y su diversidad. Lo que no dice el texto es que las trayectorias reales emanan, principalmente, de profundas desigualdades sociales que nunca plantea como piensa abordar.
Para conseguir lo anterior plantean crear nuevas figuras docentes: maestro mentor, docente experto, equipo de seguimiento de las trayectorias, responsable de convivencia escolar o incluso binomios pedagógicos. Para todo esto habría horas pagas, de lo que no hay garantías es de que sean horas con continuidad o posibilidad de titularizar y el pago remunerativo. Sumado a esto avanza decididamente con la evaluación docente, los premios productividad y reformar el estatuto, esto último sin demasiadas precisiones, pero es claro que si tenemos en cuenta la modificación del estatuto del empleado público aprobada hace pocas semanas, el blanco será desterrar la estabilidad docente y por lo tanto la posibilidad de titularizar. La continuidad o no en horas quedará supeditada a evaluaciones periódicas.
A lo largo del documento no hay mención alguna al presupuesto necesario para horas, cargos, material didáctico, libros, etc.
¿Cómo enfrentamos esta reforma y cuáles son los problemas reales?
Es claro que la educación secundaria está en crisis, como el resto de la educación, y hay que debatir sobre las reformas que son necesarias. No hay que negarlo, vemos todos los días como se le pide a la escuela que atienda toda la crisis social: hambre, falta de acceso a la salud, violencia, salud mental, etc. La reforma propuesta por Cornejo y García Zalazar no escapa a la lógica de las reformas que se han intentado antes, pero esta vez profundizan el ataque: modifica de raíz condiciones de trabajo para alinear lo pedagógico a la intención de formar un sujeto a medida de la flexibilidad y precariedad del mundo laboral que exigen las patronales. Como lo hemos escrito en muchos artículos, estamos en las antípodas y creemos que lo central es discutir quién debate cómo tiene que ser la educación y de dónde tienen que salir los recursos para eso. Eso solo se puede hacer en un Congreso Pedagógico donde toda la docencia y las familias decidan con mecanismos democráticos qué sistema educativo necesitamos para qué tipo de sociedad, mientras recuperamos el debate pedagógico en cada escuela, en cada sala de profesores para recuperar experiencias y volver a pensar nuestras prácticas concretas. Ese debate no se lo podemos dejar a cámaras empresarias, así como la discusión sobre recursos didácticos, infraestructura y un salario que alcance para vivir con un cargo. El presupuesto necesario para eso solo puede salir del no pago de la deuda externa y de tocar intereses vía un impuesto permanente a las grandes fortunas para ser destinado a las necesidades de las escuelas.
Desde Alternativa Docente estamos por enfrentar a fondo esta ofensiva anti educativa. Como parte del Frente Fuerza Colectiva sacamos un primer material para llegar a las escuelas e instalar la discusión, cosa que haremos impulsando asambleas presenciales o virtuales, reuniones con otras agrupaciones para impulsar la mayor coordinación para exigirle a la conducción del SUTE un plan de lucha que incluya paros y movilización hasta derrotar la reforma. En ese camino estamos y nos ponemos a disposición de ese objetivo.
Sergio Morán
