Villa Gobernador Gálvez – Rosario. La patronal del frigorífico Euro SA, dedicado al procesamiento de subproductos cárnicos, despidió de forma arbitraria e injustificada a 47 trabajadores, en medio de una conciliación obligatoria frustrada que pone en evidencia su desprecio por la ley y por las familias obreras que sostienen día a día la producción.
El conflicto no es nuevo. Desde principios de año, los operarios vienen padeciendo un vaciamiento encubierto: la empresa alegó una supuesta crisis de ventas y falta de materia prima, imponiendo un régimen de “garantía horaria” que los dejó prácticamente sin tareas y con los salarios reducidos a la mitad. Una política que buscó quebrar la organización obrera y preparar el terreno para los despidos masivos que hoy se concretan.
Esta ofensiva patronal no es un hecho aislado. Forma parte de una ola de despidos y suspensiones que atraviesa a todo el cordón industrial de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. En octubre, por ejemplo, 400 metalúrgicos de Electrolux fueron afectados por suspensiones rotativas. Mientras tanto, los gobiernos nacional, provincial y municipal miran para otro lado, permitiendo que las grandes patronales descarguen el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
Los dueños que no dan la cara
Euro SA se instaló en San Diego al 1900 en 1999, de la mano de la familia Lequio, empresarios de Villa Gobernador Gálvez que llegaron a emplear a más de 700 trabajadores. Con el paso del tiempo, fueron despidiendo a cuenta gotas hasta reducir la planta a apenas 160 operarios.
En 2020, según registros del Boletín Oficial de Santa Fe, la firma cambió su directorio: además de Luis Alberto Lequio como presidente, se incorporaron Marcos Juan Casanegra como vice y Juan Pablo Jarvis como director titular. Tres años después, en 2023, Jarvis aparece como presidente del directorio y socio del empresario estadounidense Guillermo Salimei, con quien conformó la sociedad LTF Cereales.
Salimei —que hoy se presenta ante los trabajadores como “uno de los dueños”— está imputado en una causa federal por lavado de activos, lo que deja al descubierto el entramado de negocios turbios detrás de la empresa.
El silencio cómplice del poder, los trabajadores resisten:
Las familias trabajadoras padecen la angustia de los despidos y la falta de ingresos, y decidieron ocupar la fábrica. El gobierno Provincial de Pullaro junto al Ministerio de trabajo siguen sin intervenir con firmeza. La conciliación obligatoria dictada no fue respetada por la empresa, y aun así no se aplicaron sanciones ni medidas concretas.
Esta impunidad empresarial y quita de derechos laborales también está habilitada por el gobierno de ultraderecha de Milei que se empeña en atacar a los trabajadores y garantizar las ganancias de los empresarios corruptos, y ya anuncio la reforma laboral-previsional que tiene como objetivo liquidar todos los derechos laborales conquistados.
Los trabajadores de euro SA siguen en pie de lucha, defendiendo el derecho al trabajo y denunciando la complicidad entre el poder político y los grupos empresarios. Reclaman el pago de sus salarios y la reincorporación de los despedidos de manera urgente.
Ahora, más que nunca, frente a un panorama de más crisis, es necesario apoyarla, acompañar esta lucha en curso, convocar a todos los sindicatos, comisiones internas, centros de estudiantes, organizaciones sociales, culturales, rodearlo de solidaridad y coordinar desde abajo con fuerza, como hicieron los trabajadores en el Garrahan, que lograron un triunfo histórico. Ellos demostraron que se puede ganar.
