El gobierno de Javier Milei no se detiene en su afán de atacar a los trabajadores. Tras la motosierra al presupuesto público desde el 2023, ahora lanzaría a partir del 10 de diciembre una reforma laboral-previsional bajo el eufemismo de “modernización”. No es un ajuste más, es el intento de liquidar derechos conquistados en décadas de lucha sindical y convertirnos en mano de obra barata, descartable y sin futuro jubilatorio. También generará una barrera para que los que están precarizados: no lograrán la estabilidad y más derechos.
El sistema de salud en terapia intensiva
Antes de entrar en la reforma un diagnóstico crudo: la salud pública está al borde del infarto. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (UCA, septiembre 2025), el 42% de los hospitales públicos del conurbano bonaerense opera con menos del 60% de la dotación recomendada y en el caso de los hospitales municipales, los trabajadores cobran 500 mil pesos por mes. En el interior, la situación es peor: en Formosa, el Hospital Central de Clorinda funciona con 12 médicos para 80.000 habitantes; en Jujuy, el Padilla de San Salvador reporta 180 camas cerradas por falta de personal.
El presupuesto sanitario ejecutado en 2025 cayó un 35% en términos reales respecto de 2023. El PAMI adeuda $480.000 millones a prestadores; las obras sociales provinciales acumulan 90 días de mora. Los insumos importados —el 70% del total— se encarecieron 180% con la devaluación y el dólar a 1500. Resultado: faltan reactivos para análisis clínicos, antibióticos de amplio espectro y hasta gasas estériles. En el Garrahan, el emblema pediátrico, hay 400 cargos vacantes y 1.200 trabajadores en licencia psiquiátrica por estrés laboral.
En el sector privado la concentración avanza: Swiss Medical, Galeno y OSDE controlan el 68% del mercado de prepagas. Las clínicas chicas cierran o se fusionan; las grandes despiden y tercerizan. El 37% de los trabajadores de sanatorios está bajo convenio UTA (camilleros, limpieza) o monotributo encubierto. La informalidad en el sector salud trepa al 37,7%, según INDEC.
¿Cómo nos impactan las reformas específicamente a los trabajadores de la salud?
La propuesta habilita acuerdos por empresa que dinamitan los convenios colectivos tanto en el sistema público como en el privado, intentando eliminar conquistas históricas como la “planta permanente”. En el Hospital Posadas, donde ya hubo 1.200 cesantías desde diciembre de 2023, el gobierno prepara “reconversiones” para derivar oncología y neurocirugía a privados. Sus trabajadores denuncian que se usarán las nuevas normas para despedir a 3.000 estatales en 2026.
La jornada extendida a 12 horas sin pago extra —bajo el eufemismo del “banco de horas”— es letal. Un enfermero de terapia intensiva ya hace guardias de 24 horas por $380.000 en mano. Con la reforma, esas horas “se compensan” con francos en momentos de menos internación, pero nunca se terminan de recuperar. El burnout se va a disparar: 3 de cada 10 profesionales abandona antes de los 5 años; y el 65% reporta síntomas de depresión, según la Asociación de Psiquiatras Argentinos.
Las vacaciones fragmentadas (mínimo 7 días) impiden la recuperación. En emergencias, donde la rotación es clave, el personal llegará exhausto. Las indemnizaciones en 12 cuotas y el fondo de cese laboral (que aportan los propios trabajadores) abaratan los despidos en el público y el privado. En sanatorios y laboratorios, centros de diagnóstico— el costo de despedir baja 60%, perjudicando claramente a los trabajadores.
En el privado, los sanatorios y laboratorios aplauden: rebaja del 100% en contribuciones patronales por 18 meses es lo que promete el Gobierno. Traducción: clínicas como el Británico o la Trinidad, o laboratorios como Bagó, absorberán profesionales y técnicos a costo cero, mientras cierran salas en hospitales públicos. El fondo de cese no cubre antigüedad ni preaviso; es un cheque en blanco para la rotación.
Todas estas medidas, lejos de beneficiarnos y habilitar más vacantes laborales, busca facilitar despidos y construir un sistema donde los que ya estén precarizados y los que entren, vivan en la informalidad del Monotributo o contratos precarios. Tenemos que saber que el oficialismo miente: no hay “formalidad” cuando la informalidad sube; no hay “empleo” cuando se destruyen 205.000 puestos registrados en 2025; no hay “competitividad” cuando el presupuesto cae y las prepagas suben 180%.
La reforma previsional: trabajar hasta morir
La edad jubilatoria unificada en 70 años —sin excepciones por insalubridad— es criminal. Un cirujano del Durand con 42 años de aporte verá su haber reducido al 18% del salario si migra al sistema de capitalización que Milei sueña con las AFJP 2.0. La eliminación de la moratoria deja a 1,2 millones de trabajadoras de la salud —muchas auxiliares con trayectorias fragmentadas— sin acceso a la mínima. El cálculo de la jubilación sobre 30 años de aportes, en lugar de 10 años, castigaría a todos en un país donde la inflación de los últimos 30 años fue exponencial.
Resistencia desde abajo. Hagamos como el Garrahan y vayamos al Cabildo Abierto del 13/11
La burocracia de FATSA en Sanidad, SUTECBA, UPCN y la Asociación de Médicos Municipales; son cómplices del ajuste de los últimos años y no podemos esperar nada de ellos. Además esta reforma no es sólo una cuestión técnica a negociar: es una política de clase. En el caso de la salud, es un plan sistemático para desmantelar la salud pública, engordar a las prepagas y entregar al personal sanitario a la lógica del mercado. Es lo que vienen demostrando, dado que el único beneficio que hubo para el sector salud, fue para los empresarios, dado que se liberaron los precios de los medicamentos y prepagas en 2023 y 2024.
Debemos actuar de forma independiente y coordinada, tal como hicieron desde el Garrahan, que lograron un triunfo histórico. Ellos demostraron que se puede ganar. Por eso es necesario convocar y participar del Cabildo Abierto del 13/11, que convocan allí, para organizar la resistencia al plan de destrucción de todo lo público y nuestros derechos de decádas, a pedido de Estados Unidos y el FMI. Construyamos un gran movimiento contra la reforma de estos corruptos y saqueadores.
Mariano Veiga, Secretario General AGIHM
