El caso que compromete a la senadora electa Lorena Villaverde expone los oscuros vínculos entre el poder político y los negocios turbios. La Justicia investiga el financiamiento de su campaña, en el que aparece involucrado el empresario Fred Machado —acusado por contrabando y narcotráfico— y su hijastro Enzo Fullone, quien podría asumir la banca si Villaverde queda afuera.
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La causa que estremece a La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro pone en evidencia el entramado entre la política liberal y los intereses del empresariado más concentrado. La senadora electa Lorena Villaverde es investigada por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña, en la que habrían circulado fondos provenientes del empresario Federico “Fred” Machado, detenido e imputado en causas por contrabando de aeronaves y lavado de dinero con ramificaciones internacionales.
Los investigadores analizan facturas apócrifas y movimientos financieros sospechosos utilizados para justificar gastos electorales. Parte de esos fondos, según la denuncia, habrían sido canalizados a través de empresas y proyectos vinculados a Machado, incluyendo emprendimientos inmobiliarios y de minería de criptomonedas en Las Grutas.
El caso toma una dimensión aún más grave porque el hijastro de Machado, Enzo Fullone, ocupaba el segundo lugar en la lista de LLA por Río Negro. Si Villaverde no puede asumir por su situación judicial, Fullone quedaría en línea directa para ingresar al Senado, lo que abriría la puerta a que un familiar directo del empresario bajo investigación acceda a un cargo legislativo nacional.
Más allá de los nombres propios, el escándalo desnuda el rostro real de La Libertad Avanza, un espacio que se presenta como “anticasta” pero que funciona con las mismas prácticas de financiamiento oscuro y connivencia con el poder económico que dice combatir.
Mientras el gobierno de Milei aplica un brutal ajuste contra los trabajadores y las mayorías populares, su fuerza política reproduce los viejos mecanismos de corrupción y negocios privados dentro del Estado.
El caso Villaverde-Machado-Fullone muestra cómo la alianza entre sectores políticos y empresariales se reconfigura bajo nuevas formas, pero con los mismos intereses de siempre: usar la estructura del Estado para garantizar privilegios y encubrir negocios millonarios.
La respuesta, una vez más, no puede venir del sistema judicial ni de los partidos del régimen, sino de la organización independiente, para enfrentar la corrupción estructural y el saqueo de los recursos públicos.
