La crisis laboral y social en Tierra del Fuego se profundiza con una nueva avanzada de las patronales del sector electrónico, encabezadas por Newsan, que rompieron el acuerdo de estabilidad laboral firmado meses atrás junto a la UOM, AFARTE y los gobiernos nacional y provincial. Más de 150 trabajadores y trabajadoras fueron despedidos de manera arbitraria, dejando en evidencia la traición de la burocracia sindical y la complicidad política del gobierno de Gustavo Melella frente al ajuste impuesto por Javier Milei.
Los despidos se produjeron en el parque industrial de Ushuaia y afectaron tanto a empleados efectivos como contratados, incluyendo a personas que se encontraban con licencia médica, de vacaciones o en tratamiento de salud. Algunos operarios tenían más de 14 años de antigüedad, lo que agrava la brutalidad del accionar empresarial. “Nos echaron sin previo aviso, sin causa y sin humanidad. Nos trataron como si fuéramos descartables”, expresaron los trabajadores en asamblea.
Estos despidos se suman a una serie de ataques laborales que vienen ocurriendo desde principios de año, en un contexto donde el gobierno nacional impulsa un plan de ajuste estructural sobre el régimen industrial fueguino. En septiembre de 2024, el ministro Federico Sturzenegger anunció la reducción progresiva de los aranceles a la importación de productos electrónicos —que llegarán al 0% en enero de 2026—, reconociendo incluso que estas medidas tendrán un impacto negativo en el empleo local, aunque las justificó como “un avance para la economía nacional”.
Simultáneamente, el Ejecutivo eliminó los beneficios fiscales de cinco empresas textiles por incumplir el Decreto 594/2023, marcando el inicio de un vaciamiento planificado del régimen fueguino generando una ola de despidos en el sector textil.
En medio de esa ofensiva, las patronales de AFARTE y la UOM Tierra del Fuego firmaron un acuerdo que garantizaba la estabilidad laboral hasta diciembre de 2025. El pacto incluyó la creación de una Comisión de seguimiento integrada por el sindicato, las empresas y los gobiernos nacional y provincial, con el fin de “monitorear la situación productiva y evitar despidos”. También se estableció que no habría descuentos por los días de paro que los trabajadores realizaron en defensa del empleo tras el anuncio del gobierno de Milei.
Sin embargo, nada de eso se cumplió. Las patronales rompieron el acuerdo apenas semanas después de su firma, avanzando con despidos masivos y sin intervención alguna del gobierno de Melella ni de la UOM. “Nos prometieron estabilidad y diálogo, pero ahora miran para otro lado. Están todos arreglados entre ellos”, denunciaron los trabajadores despedidos, señalando una alianza entre el poder político, empresarial y sindical que deja a los obreros indefensos.
La dirección nacional de la UOM, que había ratificado el acuerdo en su Congreso de Delegados, proclamando la “defensa de la industria nacional y el derecho soberano a continuar habitando la provincia”, guarda ahora un silencio cómplice. En los hechos, el sindicato actúa como garante del ajuste y contención del descontento obrero, priorizando sus vínculos con las patronales antes que la defensa de los puestos de trabajo.
Los trabajadores de Ushuaia y Río Grande se encuentran en estado de alerta. Denuncian que los despidos son parte de una política deliberada de vaciamiento industrial y despoblamiento de Tierra del Fuego, impulsada desde el gobierno de Javier Milei bajo el argumento de “liberalizar la economía”. Esta política no solo ataca los derechos laborales, sino que atenta directamente contra la soberanía nacional, al buscar desarticular la presencia poblacional y productiva argentina en una provincia estratégica frente al Atlántico Sur y las Islas Malvinas.
El gobierno de Melella, lejos de enfrentar este avance, ha actuado como cómplice, priorizando su relación con las patronales y dejando sin respuesta a los obreros despedidos. Mientras tanto, los funcionarios provinciales se limitan a emitir comunicados vacíos, mientras en las fábricas se multiplican los telegramas y la incertidumbre se apodera de cientos de familias.
“Esto no es solo una cuestión laboral: es un ataque a nuestro derecho a vivir y trabajar en nuestra tierra. Quieren convertir Tierra del Fuego en una zona fantasma, entregando la soberanía y dejando a la población sin futuro”, denunciaron los trabajadores.
Los despedidos convocan a una nueva jornada de movilización y protesta, exigiendo la reincorporación inmediata, el cumplimiento efectivo del acuerdo firmado, y la ruptura de toda connivencia entre el gobierno, las empresas y la dirigencia sindical.
“No vamos a aceptar que destruyan nuestras fuentes de trabajo ni que entreguen nuestra provincia. Si los gobiernos y los sindicatos se ponen del lado de las patronales, el pueblo trabajador se organizará para defender su futuro y su soberanía”.
Corresponsal
