En un fallo contundente de 26 páginas, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido del gobierno de reimprimir las boletas para eliminar la imagen de José Luis Espert.
Los magistrados Alejo Ramos Padilla, Hilda Kogan y Jorge Di Lorenzo consideraron que la solicitud era “material, temporal y jurídicamente inviable“, estableciendo además que abriría un “precedente de enorme gravedad institucional”. La decisión significa que los bonaerenses encontrarán el rostro del diputado vinculado al narcotráfico cuando entren al cuarto oscuro el próximo 26 de octubre.
El fallo destaca que todas las fuerzas políticas opositoras se manifestaron en contra de la reimpresión, presentando argumentos “de orden jurídico, presupuestario, técnico y de igualdad electoral“. Los jueces recogieron los informes técnicos que alertaban sobre la imposibilidad de cumplir con el cronograma electoral si se reiniciaba el proceso de impresión. Las boletas ya se encuentran en la etapa final de “escaneo, control final y preparación de los bolsones” para su distribución a través del Correo Argentino, un proceso que no podría repetirse sin poner en riesgo la realización misma de los comicios.
El costo del maquillaje político: $12.169 millones para tapar la corrupción
El propio ministro del Interior Lisandro Catalán había admitido en audiencia que la reimpresión costaría $12.169 millones, una cifra escandalosa que el gobierno estaba dispuesto a pagar con tal de esconder su propia podredumbre.
Este derroche resulta particularmente cínico cuando se contrasta con el ajuste brutal aplicado a salud, educación y programas sociales. Mientras el oficialismo busca tapar la cara de un narco, los hospitales públicos carecen de insumos básicos y los jubilados sobreviven con magros ingresos.
La misma cantidad que se destinaría a reimprimir boletas alcanzaría para financiar programas de emergencia alimentaria, recomponer partidas universitarias o adquirir medicamentos para hospitales públicos. La prioridad del gobierno queda así al desnudo: prefieren gastar miles de millones en lavar su imagen antes que atender las necesidades urgentes de los trabajadores. Esta es la misma lógica que aplica recortes a los sectores más vulnerables mientras mantiene privilegios para la casta política.
Los fundamentos del fallo advierten sobre las graves consecuencias de aceptar este tipo de pedidos. “Admitir lo contrario supondría subordinar la seguridad del proceso electoral a contingencias políticas internas de las agrupaciones, en desmedro del principio de estabilidad de la oferta electoral y de la igualdad ante la ley“, señalaron los magistrados.
La decisión evita un gasto innecesario y sienta un precedente clave contra el uso discrecional de recursos estatales para beneficio partidario.El fallo también resalta que “la renuncia de un candidato no constituye un supuesto de fuerza mayor ni de imposibilidad jurídica sobreviniente que autorice a alterar un acto jurisdiccional firme“. Esta posición contrasta con la desesperación política de un gobierno que quiere esconder a toda costa sus vínculos con el narcotráfico.
La doble moral de un gobierno que ajusta y derrocha
contradicción no podría ser más evidente. El mismo gobierno que aplica un ajuste histórico a los trabajadores está dispuesto a derrochar miles de millones para ocultar a un diputado procesado.
La misma administración que recorta presupuesto en salud y educación no duda en gastar fortunas en maquillaje político. Esta doble moral expresa la esencia de un régimen que gobierna para los privilegiados y ajusta para el pueblo.
El fallo judicial, más allá de sus limitaciones de un poder viciado por intereses, termina de impedir este derroche escandaloso. Pero la solución de fondo no puede venir de los tribunales burgueses. Solo la movilización popular puede garantizar que los recursos se destinen a satisfacer las necesidades del pueblo y no a salvar las candidaturas de políticos corruptos. La batalla contra la corrupción y el ajuste se gana en las calles, exigiendo la expulsión inmediata de todos los funcionarios vinculados al narcotráfico y la reasignación de esos recursos hacia salud, educación y vivienda popular..
