En una sesión que duró más de 15 horas, la Cámara de Diputados autorizó este miércoles por abrumadora mayoría -215 votos a favor con solo tres abstenciones- el allanamiento y posterior clausura del despacho del diputado José Luis Espert.
La medida, solicitada urgentemente por la justicia federal que investiga su vinculación con el narcotráfico, incluyó el sellado inmediato de sus oficinas luego de que legisladores denunciaran la presencia de “personas no autorizadas” manipulando documentación. El escándalo alcanzó su punto máximo cuando el diputado Castagnetto alertó sobre “gente en mameluco” en el despacho contiguo al suyo, generando sospechas de un intento de destrucción de pruebas horas antes de la intervención judicial.
Solo el bloque Democracia para Siempre manifestó reticencias. Fernando Carbajal objetó “no puedo autorizar algo cuyo contenido no conozco“, proponiendo infructuosamente una sesión secreta. Sin embargo, la presión por desvincularse del caso Espert resultó más fuerte, mostrando el pánico que genera la asociación con un diputado investigado por narcofinanciamiento. La diputada del PRO Silvana Giudice intentó una contraofensiva pidiendo el desafuero del diputado opositor Estrada, en un claro intento de equivalencia que no logró distraer la atención del caso central.
Licencia express: el salvavidas de un gobierno acorralado
En lo que constituye una maniobra política calculada, Espert presentó sorpresivamente una licencia por “motivos particulares” que se extiende hasta el 8 de diciembre, apenas dos días antes de la finalización de su mandato. El movimiento -orquestado desde la Casa Rosada según confirmaron fuentes parlamentarias- busca frenar los múltiples proyectos de expulsión que acumulaban apoyos transversales.
Mientras tanto, la diputada Vilma Ripoll del MST en el Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto de resolución para excluir a Espert de su banca. La iniciativa, firmada también por Christian Castillo, Alejandro Vilca, Mercedes De Mendieta y Juan Carlos Giordano, fundamenta que los vínculos comprobados del diputado con el empresario Fred Machado -investigado por narcotráfico- y la recepción de fondos no declarados lo hacen incompatible con el ejercicio de su mandato.
El proyecto se encarga de detallar los graves antecedentes: los 35 vuelos en aviones de Machado, la transferencia de 200.000 dólares a través de empresas vinculadas al narcotráfico, el uso de camionetas blindadas y las constantes contradicciones en sus declaraciones. “Espert no es ‘ingenuo’ ni ‘víctima’ sino partícipe de una verdadera asociación ilícita para financiar la política con el narcotráfico“, sostiene el texto. La medida busca aplicar el artículo 66 de la Constitución Nacional para separarlo definitivamente del cargo.
La licencia, que no especifica renuncia al salario, le permitirá seguir percibiendo su dieta legislativa sin ejercer funciones.
Desde el recinto se exigió al presidente de la Cámara Martín Menem que aclare la situación salarial, obteniendo como respuesta una vaga promesa de que Espert “se había comprometido a hacerlo por escrito a la brevedad“. El reglamento establece que las licencias sin goce de sueldo deben explicitarlo, por lo que el silencio de la solicitud confirma que el diputado investigado seguirá cobrando mientras se oculta de la justicia.
La medida evidencia la doble moral de un gobierno que aplica ajustes salvajes al pueblo, pero mantiene privilegios para sus funcionarios corruptos.
La doble moral de un régimen en descomposición
El contraste no podría ser más elocuente. Mientras el gobierno protege con licencias pagadas a un diputado vinculado al narcotráfico, aplica ajustes brutales a jubilados y trabajadores. Mientras clausura despachos para ocultar pruebas, exige transparencia a quienes protestan por sus derechos. Esta doble moral expresa la esencia de un gobierno que nació corrupto y hoy muestra su podredumbre terminal.
La lucha contra la impunidad no termina con esta licencia. Exigimos la inmediata expulsión de Espert, el cese de su salario y la apertura de una comisión investigadora independiente a todos los poderes que examine todos los vínculos entre el narcotráfico y el poder político. Mientras el oficialismo y una parte de la oposición negocian migajas de poder, desde las calles seguiremos denunciando que este no es un caso aislado sino la expresión de un sistema diseñado para proteger a los de arriba y reprimir a los de abajo, como sucedió con la movilización de jubilados que se desarrollaba en paralelo a la sesión.
