Foto de portada. Maia Pauro
Ante la renuncia del diputado José Luis Espert a su candidatura para encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza de Milei y el PRO de Macri, con nuestra diputada nacional Vilma Ripoll (MST FIT Unidad) presentamos hoy un proyecto para excluir a Espert de su banca y no solo de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, a la que también renunció.
Como señala Ripoll, “queremos expulsar a Espert de su banca y presentamos un proyecto (5680-D-2025) de mi autoría para votar mañana. Lo hicimos con las demás bancas del Frente de Izquierda Unidad en el Congreso. En igual sentido han presentado otros diputados y bloques como Unión por la Patria y Democracia por Siempre. Si toda la oposición está de acuerdo, ¡deberíamos poder votarlo mañana! Y a la vez, poner en pie una investigación independiente para que vaya preso y pague con sus bienes”, agregó.
A continuación, compartimos lo planteado por el proyecto de Resolución presentado:
PROYECTO DE RESOLUCIÒN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE
Excluir de este cuerpo legislativo al diputado José Luis Espert conforme lo establece el artículo 66 de la Constitución Nacional, a partir de los gravísimos hechos, falsedades y pruebas que lo asocian como partícipe directo y beneficiario de operaciones de narcotráfico, lavado de dinero sucio, fraude, financiamiento ilegal y otros graves actos delictivos. Lo que implícitamente reconociera al presentar su renuncia como candidato a diputado y no poder sostener siquiera su aspiración de ser reelecto. Esta resolución no implica censura política ni persecución de opiniones, ni sienta precedente alguno que pueda afectar la libertad de expresión ni el derecho de representación política. Espert mintió y ocultó flagrantemente el financiamiento a su campaña presidencial de 2019 y otros aportes recibidos por parte de Fred Machado, procesado por lavado de dinero, narcotráfico y el pedido de extradición a Estado Unidos, como numerosos viajes en aviones privados, un accionar incompatible con ejercer el cargo de legislador nacional.
En sus FUNDAMENTOS se sostiene que el presente proyecto tiene por objeto solicitar la exclusión del diputado José Luis Espert de esta Cámara, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Esta medida implica la remoción definitiva de su banca como diputado nacional, fundada en hechos de extrema gravedad, vinculados a operaciones financieras con personas imputadas por narcotráfico y lavado de dinero, así como a declaraciones públicas que incitan a la violencia estatal contra manifestantes.
Espert se vio obligado a renunciar como cabeza de lista a diputados nacionales del gobierno de Javier Milei en provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza y el PRO de Macri. Su renuncia como candidato a diputado constituye un reconocimiento de sus vínculos con el narcotráfico, ante las abrumadoras pruebas que se destapan día a día. Hay que ir por más, por su exclusión de su banca, como parte de las demandas y la lucha que estamos librando contra este gobierno de brutal ajuste, corrupción, mentiroso y estafador.
Fue el propio presidente quien se había encargado de dejar en claro cómo se debe interpretar esta renuncia al afirmar: “Si yo lo echo, valido que es verdad la denuncia”. El solo hecho de no poder sostener siquiera su aspiración a ser reelecto, es la confirmación más contundente de porqué debe ser separado de su banca de manera permanente.
No se trata de una sanción por diferencias políticas ni de una medida de censura, sino del ejercicio de una facultad constitucional, en una institución cuestionada como el Congreso, frente a gravísimos hechos de corrupción, de connivencia con el delito, de financiamiento ilegal de la política con dineros sucios e inconductas profundamente deshonestas, como lo establecen los antecedentes parlamentarios, el Reglamento de esta Cámara y la propia Constitución. Lo contrario, sería la separación de un legislador por la decisión de una circunstancial mayoría, a fin de acallar la voz molesta y crítica de un opositor destacado (Linares Quintana, 1963). No es para nada este el caso, todo lo contrario.
Hechos gravísimos y de público conocimiento
En estos meses y días, se fueron conociendo de manera pública denuncias de extrema gravedad, las que comprometen directamente al diputado José Luis Espert y lo llevaron a terminar presentando su renuncia como candidato a la reelección de su actual banca. Son numerosas las investigaciones periodísticas y judiciales que revelaron su vinculación con el “empresario” argentino Federico “Fred” Machado, con prisión domiciliaria en su lujosa estancia La Gringa, en Viedma, esperando que la Corte Suprema decida su extradición, solicitada por la justicia de Estados Unidos por su participación en una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero.
Pese a negarlo sistemáticamente, documentos oficiales del Bank of America y del tribunal de Texas indican que el diputado Espert recibió en su cuenta personal una transferencia de 200.000 dólares proveniente de empresas controladas por Machado como Wright Brothers Aircraft Title Inc. y Las Minas del Pueblo S.A., ambas señaladas por la justicia norteamericana como parte de un armado narco delictivo que facilitaba la compra de aeronaves para transportar, distribuir y comercializar drogas como la cocaína.
El propio Espert se fue desmintiendo en su relato, ante las pruebas lapidarias. “El diputado libertario ajustó la versión de los hechos a medida que salían a la luz precisiones sobre el papel que cumplió en su campaña de 2019 el empresario ahora detenido bajo cargos de narcotráfico… Lo que decía desconocer el miércoles en un canal de televisión lo admitía con total naturalidad el sábado en un estudio de radio…”, (La Nación, 05/10).
Y no tuvo más remedio que reconocer que recibió esos U$S 200.000 que negaba. Aunque primero atribuyéndolos a un trabajo de consultoría y luego admitiendo haber viajado en 35 oportunidades en aviones propiedad de Machado y, en 17 de esos viajes en compañía del narco procesado, durante su campaña de 2019. También debió reconocer que éste le puso a su disposición una lujosa camioneta blindada, entre otras prebendas para bancar su campaña.
Un perverso “miente, miente…”
Así, mentira tras mentira, Espert reconoció ahora lo opuesto a lo que dijo durante años, luego del informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que dejó constancia de esos 35 vuelos –y no solo uno como afirmó siempre- realizados por este legislador por quien pedimos su exclusión y separación definitiva de esta Cámara y de toda la función pública.
Espert ni es “ingenuo” ni “víctima” de una operación ni de “chimentos de peluquería”, sino partícipe necesario de una verdadera asociación ilícita para financiar la política con el narcotráfico. ¿Cárcel o bala? Esa era su solución para esto. Acá pedimos su separación definitiva de la banca para que pueda ser investigado y condenado como corresponde, donde vaya preso y pague con sus bienes.
Porque faltó descaradamente a la verdad y siguió con sus cuentos y relatos mentirosos, modificados alegremente al aparecer las pruebas día a día. Como asegurar que no conocía ni visitó la casa de Machado, pero el viernes 3 apareció un video difundido en A24 con un Espert tirado al lado de la pileta en el parque de la lujosa quinta del narco financista.
Esas operaciones no fueron declaradas a la justicia electoral ni mostró comprobantes del supuesto trabajo, aunque reconoció que nunca devolvió el dinero. Incluso surge información que indica que el “contrato” pudo ser mayor, “los que recopilan evidencias hablan de una cifra cinco veces superior: un millón de dólares” (Página 12, 05/10).
Como señala otro medio, cabe cuestionarse esto y más, ya que “Espert no dijo que recibió un pago de Machado. Dijo que recibió “pagos” de Machado, en plural. Hasta ahora, sólo se conoció un pago. ¿Cuánto dinero recibió de Machado?” (Clarín, 03/10). A su vez, en la causa 1780 del juez Martínez de Giorgi se investigan otras empresas usadas para los 35 vuelos, como JF Aircorp INC, Med Aviacion SA, según el informe de la Policía Aeroportuaria que figura en la causa.
El vínculo con un procesado como Machado, con otra condenada como Debra Mercer-Erwin (ampliar [1]), como su socia y quien le giró a Espert los dólares desde su firma Wright Brothers Aircraft Title Inc, quien está presa en Texas, o con Iván Morales, toda gente acusada de narcotráfico y lavado, de asociación ilícita para fabricar y distribuir cocaína, así como de fraudes millonarios en la compra irregular de aviones, todo un combo incompatible con ejercer el cargo de legislador nacional, como establece el artículo 66 de la Constitución que invocamos.
Espert estuvo obligado a renunciar a su candidatura, pero esto no puede quedar ahí. Los graves hechos demandan una investigación independiente para lograr una condena real: ¿Entregó una factura Espert por ese giro? ¿Fue declarado como ingreso privado? ¿Devolvió ese pago por un trabajo que no hizo? Nunca exhibió documentación y cambió todas las versiones que dio en años. Al renunciar a su candidatura el diputado dijo que se pondría a disposición de una investigación “sin fueros ni privilegios”. Para ello, excluirlo de su banca como solicitamos, resulta imprescindible.
Corrupción, financiamiento ilegal y conductas autoritarias y antidemocráticas
A esto se sumaron sus declaraciones amenazantes contra los entonces diputados del Frente de Izquierda Unidad en 2024, por lo que se solicitó que se lo sancionara, al atacar también a trabajadores y manifestantes, cuando afirmó que a quienes protesten “les espera cárcel o bala”.
A raíz de ello, en 2024, desde el FIT Unidad se desarrollaron dos fundamentos centrales para solicitar su remoción, a través del proyecto presentado el 8 de enero de ese año, de autoría de los diputados Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Plá, en el que se destacó que, tanto la irregularidad de su elección al frente de la Comisión de Presupuesto, como las acusaciones hacia los diputados y diputadas del Frente de Izquierda, advirtiendo “cárcel o bala” por defender el derecho a manifestar, no podían ser admitidas por el cuerpo.
A este proyecto se suma el que presentamos los diputados Chistian Castillo, Alejandro Vilca, Mercedes De Mendieta, Juan Carlos Giordano y Vilma Ripoll recientemente, bajo el Expte. 5616-D-2025, reclamando la exclusión del diputado de la presidencia de la Comisión de Presupuesto.
Estas expresiones, en el marco de un gobierno que desató una violenta y sistemática represión contra movilizaciones populares, no pueden ser minimizadas como “bromas” como Espert pretendió. Constituyen una apología de la violencia estatal y una amenaza directa a los derechos democráticos más elementales.
Además, desde su presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Espert bloqueó el tratamiento de proyectos de alta sensibilidad social, como la asistencia al hospital Garrahan, el presupuesto universitario, los fondos para discapacidad o la Emergencia en violencia contra las mujeres y la diversidad sexual, incumpliendo con su boicot a todos sus deberes y responsabilidades parlamentarias.
Los hechos que en su momento llevaron al Frente de Izquierda, en soledad, a plantear su remoción de la presidencia de la Comisión, no han hecho más que incrementarse en los últimos meses. Por lo que somos claros: hay que aplicar la exclusión inmediata de Espert, como una de las facultades y sanciones más severas que tiene la Cámara, para separarlo de forma definitiva de su banca y de toda función pública.
Porque este escándalo de narco financiamiento refuerza también la demanda de ir a fondo en la investigación independiente sobre las denuncias del caso $LIBRA y los audios por el 3% en coimas que involucran a Karina Milei, a Lule Menem y otros. Hechos que ligan a este personaje con el narcotráfico, como también ocurrió con representantes de otros gobiernos ligados al negocio de la efedrina, recibiendo aportes de campaña de los laboratorios, donde ningún gobierno capitalista ha combatido de verdad al narcotráfico, siendo cómplices del mismo.
Antecedentes y petición
En nuestra historia reciente hubo casos de diputados expulsados. En estos 42 años desde diciembre de 1983, dos miembros de esta Cámara fueron castigados con la separación de sus bancas, tras protagonizar hechos políticos que violaron normas éticas. Lo que demuestra que esta facultad es usada ante inconductas notorias.
Esta exclusión del Congreso registra estos antecedentes en la historia parlamentaria: en 1991, Ángel Luque fue expulsado por su implicación en el crimen de María Soledad Morales. En 2002, Hilda Norma Ancarani de Godoy fue separada por graves amenazas a periodistas. Y hay que remontarse a muchos años antes, a 1867, cuando los diputados nacionales Eusebio Ocampo y Buenaventura Sarmiento fueron removidos por cooperar con una rebelión armada.
En esos casos, la exclusión se aplicó ante conductas inadmisibles o hechos delictivos que tornaban insostenible la permanencia en las bancas. El caso Espert se inscribe en hechos que resultan tan o más graves por su implicancia con redes narco criminales internacionales.
Permitir que un diputado sospechado de recibir fondos de una red de narcotráfico continúe ejerciendo su mandato, es naturalizar la infiltración del crimen organizado en el sistema político y su financiamiento ilegal. Esta Cámara tiene la obligación de actuar rápido para responder a las demandas, ante el descrédito y la condena social creciente.
La exclusión es “la máxima sanción disciplinaria, ya que importa la separación del cargo de un legislador o diputado como consecuencia de un acto de inconducta de tal gravedad que torna inconveniente su permanencia en el mismo”. Así lo remarca el libro “Derecho Procesal Parlamentario”, editado en 2012. Pero como señalamos, este pedido de exclusión no busca castigar opiniones ni restringir libertades, sino defender requisitos democráticos básicos, ante información de extrema gravedad que comprometen directamente al diputado Espert. Quien así lo reconociera implícitamente al renunciar a su candidatura.
A este hecho aberrante y probado, mientras Espert escondía su vínculo narco diciendo: “ni justicia al narco, es bala o bala”, hay que sumarle como decimos, la estafa cripto de Milei, las coimas de Karina, las muertes por fentanillo, la estafa y entrega mayor que es el pacto y endeudamiento con el FMI, entre otros actos de este gobierno ultraderechista.
Todo esto, además de la exclusión que solicitamos, nos lleva a redoblar -en las calles y en el Congreso-, la pelea por terminar con el plan motosierra de Milei, los gobernadores, las corporaciones y el FMI. Y pelear por una salida de fondo para el pueblo trabajador, como lo vinimos haciendo desde que asumió este gobierno.
Ante la vorágine de los hechos, esta Cámara debe actuar con rapidez, determinación y firmeza. Por todo lo expuesto, se solicita a las y los diputados la aprobación del presente proyecto de resolución.
Vilma Ripoll
Christian Castillo
Alejandro Vilca
Mercedes De Mendieta
Juan Carlos Giordano
[1] En su fallo, el tribunal de Texas afirmó que hubo una “estafa piramidal multimillonaria y una conspiración criminal perpetrada por Wright Brothers Aricraif T (WBAT), una compañía de registro y títulos de aeronaves ubicadas en Oklahoma City, de la cual Debra Mercer-Erwin era presidenta y propietaria al 100%”. Según el tribunal, ella y su hija, “conspiraron con otras personas, principalmente con Federico Machado, para facilitar la distribución de cocaína en EEUU mediante la compra y el registro ilegal de aeronaves a nombre de empresas extranjeras y otras personas para su exportación a otros países”. Los acusados evadieron leyes y regulaciones al poner el codiciado número de matrícula N para aeronaves en manos de narcotraficantes.
