Los lazos entre Espert y Fred Machado, un empresario acusado de narcotráfico, dejan al descubierto las contradicciones del discurso oficialista sobre transparencia. Con cambios de versión y justificaciones poco claras, el diputado enfrenta crecientes pedidos de renuncia y una crisis que golpea de lleno al gobierno libertario.
¿Quién es Fred Machado?
Federico Andrés “Fred” Machado es un empresario argentino nacido en Viedma, Río Negro, en 1968. Piloto de formación, vivió muchos años en Estados Unidos, donde desarrolló negocios vinculados a la aviación, la minería, la construcción y proyectos inmobiliarios. Es dueño de la empresa South Aviation, registrada en Florida, y de otras firmas dedicadas a la compra y registro de aeronaves.
La justicia de Estados Unidos lo acusa de asociación ilícita para fabricar y distribuir cocaína, lavado de dinero y fraudes millonarios relacionados con la compra irregular de aviones. Según las investigaciones, Machado habría montado un esquema para adquirir aeronaves, ocultar titularidades y utilizarlas como fachada para operaciones de narcotráfico. También se lo vincula a un esquema tipo Ponzi, en el que captaba inversores con promesas de compra de aviones que nunca existieron o no cumplían lo prometido.
En Guatemala, además, se lo asoció con explotaciones mineras ilegales, como la empresa Minas del Pueblo, que operaba sin licencias. En abril de 2021 fue detenido en el aeropuerto de Neuquén por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tras un pedido de captura de Interpol a solicitud de la justicia estadounidense. Desde entonces se encuentra con prisión domiciliaria en Río Negro, a la espera de que se defina su extradición.
La relación con José Luis Espert
El nombre de Machado apareció en la política argentina por su presunta relación con el diputado libertario José Luis Espert. Según las denuncias, Machado habría aportado 200.000 dólares a la campaña de Espert en 2019, además de poner a disposición una camioneta y un avión privado para sus traslados.
Las respuestas del diputado acerca de este hecho fueron cambiando con el correr de los días. Al principio admitió haberse subido al avión de Machado, pero evitó mencionar que lo había utilizado en al menos 35 ocasiones. Posteriormente confesó que la transferencia correspondía a un aporte de campaña y no a su patrimonio personal. Sin embargo, ese argumento fue rápidamente desmentido: en la campaña presidencial de 2019 Espert había declarado $0 en aportes de campaña.
La “novela” continuó hasta que Espert publicó un video en redes sociales, donde intentó cerrar el tema declarando que se trataba de “asuntos de su actividad privada”. Allí sostuvo que los 200.000 dólares provenían de un asesoramiento a la empresa Minas del Pueblo. Según su versión, cobró un adelanto, pero el contrato quedó trunco por la pandemia de COVID-19. En ningún momento aclaró si devolvió o no ese supuesto adelanto por un trabajo que nunca realizó.
Consecuencias políticas y judiciales
El escándalo derivó en fuertes presiones para que Espert renuncie o sea removido de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, cargo clave que hoy ocupa. Distintos sectores de la oposición presentaron pedidos formales para que se lo investigue por lavado de activos, mientras que dentro del oficialismo libertario se abrió un debate: Javier Milei lo respalda, pero otras figuras como Patricia Bullrich exigen explicaciones públicas.
Más allá de la situación judicial de Machado, el caso golpea de lleno la imagen de Espert y expone contradicciones en el discurso oficialista de transparencia y lucha contra la corrupción. El desenlace de este entramado narco-político aún está abierto, pero ya constituye una de las crisis más delicadas para el espacio libertario, que lo lleva como candidato en la provincia de Buenos Aires.
Las explicaciones de Espert, que aparecen a medida que se conocen nuevas revelaciones, carecen de coherencia. Por eso mismo, Espert debería ser separado de toda función pública, incluido su cargo en el Congreso. Además, ante las falencias de una justicia con vínculos políticos, resulta necesaria la conformación de una Comisión Investigadora independiente, que pueda desentrañar el entramado detrás de estas maniobras y garantizar que se juzgue con todo el peso de la ley a Espert y a todos los responsables involucrados.
