Los hechos
Hace 35 años, una patota de la bonaerense irrumpía en la casa que compartían Mirna y Andrés en el barrio de Villa Elvira, en La Plata. Eran aproximadamente las 23 h cuando un grupo de cinco miembros de la Brigada de Investigaciones de La Plata apareció en el lugar buscando al presunto autor del robo de una bicicleta. Horas antes habían detenido a Jorge Guebara, en ese entonces menor de edad y amigo de Andrés. A Andrés Alberto Núñez lo apodaban “Gallego”. Cuando el grupo de policías cayó en su casa no estaba. La patota se acomodó en el domicilio a esperarlo, se hicieron servir café. Momentos antes de eso habían levantado a la pareja de la madre de Andrés que llegaba al domicilio, lo fajaron un rato y como no era a quien buscaban lo soltaron.
Finalmente, ya comenzado el 28 de septiembre de 1990, época del gobernador peronista Cafiero, Andrés llegó a su casa. Venía en su bicicleta Olmo gris con detalles rojos de jugar al fútbol, una de sus pasiones más grandes. Sus días se completaban con su trabajo de reparación de electrodomésticos.
Los policías lo arrastraron hasta el fondo de la vivienda y lo golpearon, para luego llevárselo secuestrado. Nada le dijeron a la familia de dónde lo llevaban ni por qué.
Isabel, la madre de Andrés, junto con Mirna, su pareja y madre de su hija (de poco más de un año) salieron a recorrer comisarías y hospitales en busca del Gallego. Recibieron el dato que estaba en la Brigada de Investigaciones de La Plata, ubicada en 61 entre 12 y 13. En el lugar negaron tener a Andrés. Pero la madre de Guebara, que también andaba buscando a su hijo, les confirmó que había visto como entraban arrastrando a Andrés.
El inicio de un largo camino de impunidad
A partir de allí la trama de impunidad, encubrimiento y complicidades se extendió sobre el caso Núñez, al igual que sobre tantos otros hechos cometidos por las fuerzas represivas, en particular y en este caso, la policía bonaerense.
La patota responsable del secuestro, tortura y asesinato de Andrés, y el posterior ocultamiento de sus restos, estaba formada por: Luis Raúl Ponce, Subcomisario; Pablo Martín Gerez, Oficial; y los agentes José Daniel Ramos, Víctor Dos Santos y Jorge Alfredo González. Esa noche usaron el mismo fiat 147 blanco que solían usar en otros procedimientos.
La investigación posterior, que incluyó declaraciones de Guebara y otros detenidos que estaban en la Brigada y policías “quebrados”, permitieron reconstruir que Andrés fue golpeado salvajemente y torturado con el submarino seco, la práctica heredada de la dictadura militar, consistente en colocar una bolsa de nylon en la cabeza, o un trapo, para evitar que la víctima respire. No es extraño: Ponce se había formado en la comisaría 5ta, un centro clandestino durante la dictadura. Y como reveló Jorge Julio López en su testimonió que sirvió para condenar a Miguel Osvaldo Etchecolatz (y que le valiera la segunda desaparición en plena democracia, aún impune y de la cual se cumplieron 19 años este 18 de septiembre pasado), Ponce era chofer del Genocida. Núñez murió en la tortura, “se les fue la mano” diría otro de los detenidos alojados en la Brigada.
El libro de guardia de esa noche fue adulterado. Los policías que se encontraban esa noche en la dependencia fueron procesados por encubrimiento: Héctor Lazcano, Héctor Ferrero, Roberto Mártire, Alejandro Dezeo, Ernesto Zavala, Oscar Silva, César Carrizo, Gustavo Veiga, el jefe de la dependencia Pedro Costilla y su segundo, Juan Kadluwoski.
Inicialmente, la causa recayó en el juez Amílcar Vara. Vara era un gran cómplice y amigo de la bonaerense (entre tantos otros que abundaban y abundan en el Poder Judicial). Incluso se cree que estuvo presente en la Brigada la noche del 28 de septiembre y que fue el que sugirió la desaparición de Andrés.
Vara hizo todo lo posible para frenar la causa y proteger a los policías involucrados. Por supuesto, que estos favores no eran gratis. El por entonces comisario y Jefe de la Brigada de Investigaciones de La Matanza, tristemente célebre Mario “Chorizo” Rodríguez, le habría dado 200 mil dólares al juez a cambio de sus favores. Rodríguez apadrinaba a Gerez.
El juez Vara logró cerrar el expediente en 1993. Pero la movilización de Mirna y su abogados, junto a los organismos de DDHH, amigos, familiares y partidos de izquierda, obligaron a Vara a escuchar los testimonios de los testigos que daban cuenta de la presencia de no sólo de Andrés en la Brigada la noche de su desaparición, si no también de los policías a los que en un principio “no podía ubicar en la escena”.
Los intentos por proteger a los imputados y sus cómplices fueron muchos. Desde la escasa búsqueda de los policías profugos en un comienzo, las declaraciones de policías como Walter Abrigo que intentaban ensuciar a Guebara para anular su testimonio (vale la pena recordar que Abrigo era uno de los policías de la comisaría novena cuando en otro caso emblemático para la ciudad de La Plata y el país fue secuestrado y desaparecido el estudiante de Periodismo Miguel Bru, en 1993. La causa de Miguel también cayó en manos de Vara. El abogado de Abrigo fue Alejandro Casal, el mismo de los policías acusados de la desaparición de Andrés), hasta el involucramiento del “Chorizo” Rodríguez que no se limitó a poner dinero en los bolsillos del juez, también ordenó a Pedro Avio, policía a sus órdenes en La Matanza, que garantizara una quinta para esconder a los fugados del caso Núñez.
La causa recayó en el juez Ricardo Szelagowski, quien al poco tiempo de recibirla se encontró con la declaración de un arrepentido: José Daniel Ramos, quien negoció su situación en la causa a cambio de informar que Andrés había sido asesinado y su cuerpo quemado y enterrado en un campo a unos cien kilómetros de La Plata, en General Belgrano. Con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense se identificaron los restos hallados y se estableció que pertenecían al Gallego. Ese campo pertenecía a la familia Gerez Duhalde. La madre de unos de los principales responsables del crimen de Núñez, es prima del ex gobernador y presidente Eduardo Duhalde.
Casualmente, o no tanto, Gerez es el único imputado que hoy, a 35 años de los hechos continúa prófugo. Pese a las denuncias de Mirna y las organizaciones que la rodean, que aportaron datos concretos de la vida de su madre, con la que Gerez se comunica cotidianamente o que Gerez haya pedido la prescripción de la causa a través de su abogada, pero con una nota firmada de puño y letra.
La situación judicial al día de hoy
Al día de hoy fueron condenados en el primer juicio, realizado recién en el 2010, Víctor Dos Santos (fallecido en prisión) y Jorge Alfredo González, quien cuenta con salidas transitorias, beneficio que goza en la casa de su hermana en Punta Lara. Un verdadero riesgo si tenemos en cuenta que estuvo prófugo hasta el 2005 cuando fue detenido en Córdoba.
En un segundo juicio durante 2017, fue condenado otro con facilidad para el escape: Luis Raúl Ponce, quien estuvo con paradero desconocido hasta el 2012 cuando fue detenido en Junín de los Andes de pura casualidad, ya que los pesquisas que lo buscaban en realidad intentaban encontrar a un genocida reclamado por la justicia santafesina en una causa de lesa humanidad.
Al día de hoy se espera un tercer juicio para el año que viene donde subirán al banquillo Carlos Veiga imputado por allanamiento ilegal y privación ilegal de la libertad, Ernesto Zabala y César Carrizo acusados de omisión de evitar tormentos, éste último además por falsificación de instrumento público y Pedro Domingo Costilla por encubrimiento y falsificación de documento público.
Zabala y Costilla se encuentran con averiguación de paradero, aunque se sospecha que éste último habría fallecido.
¿Cómo frenar la máquina?
El caso de Andrés Núñez, uno de los emblemáticos para la ciudad de La Plata, junto al de Miguel Bru, Julio López o Johana Ramallo (u otros de la provincia, como el de Luciano Arruga o incluso nacionales como el Daniel Solano, Facundo Astudillo Castro o Santiago Maldonado) dejan al descubierto como trabaja esa máquina aceitada del aparto represivo, la justicia encubridora y el poder político cómplice.
Todas estas instituciones tienen el denominador común de responder a la burguesía que es dueña del país. Una gran parte de sus integrantes, es decir, policías, fiscales y jueces e incluso políticos de los partidos tradicionales, se han formado y actuado durante los peores momentos de la historia reciente de nuestro país: la represión parapolicial y fascista iniciada en el 74 y su continuidad en el golpe de estado del 76 y la sangrienta dictadura que lo continuó.
La policía de cualquier lugar del país y la bonaerense en particular, está pegada prácticamente a todos los delitos y que ocurren, desde la trata a la venta de drogas. Zonas liberadas, participación directa o extorsiones para llevar a jóvenes a “trabajar” para ellos. Y encima permanentemente actúan protegiendo a los patrones, desde las represiones a las movilizaciones y protestas hasta el apriete a los laburantes cuando molestan en alguna fábrica o campo de nuestro país. Y saben que pueden actuar como quieran porque la Justicia, otro de los engranajes de esa máquina infernal, suele estar de su lado. Y ni hablar del Poder político-económico que completa la terna.
Por eso, creemos que para terminar con estos casos, para ir a fondo contra el crimen y el delito, hay que tomar medidas drásticas. Por ejemplo: hay que desmantelar el aparato represivo. Cortar con esa cadena de formación que hunde sus raíces en lo más oscuro de nuestra historia, romper sus vínculos con los grandes bolsones del crimen organizado. Y deben estar controlados por el pueblo de manera directa. Incluso los comisarios y funcionarios deberían ser elegido por voto popular y con la posibilidad de removerlos inmediatamente ante el incumplimiento de las funciones. Lo mismo debería pasar con la Justicia. Hay que elegir a los jueces y funcionarios por voto popular y deben ser cargos revocables, no como hoy que no se jubilan nunca y es prácticamente imposible sacarlos cuando no cumplen sus funciones, actúan junto a los delincuentes o protegiendo a las fuerzas represivas cuando cometen hechos como el de Andrés. Y, por supuesto, que la otra pata, el poder político, también debe cambiar de raíz. Nosotros creemos que los trabajadores deben ser quienes decidan todo y gobiernen el país, porque si no, los casos de represión estatal, de gatillo fácil, de crímenes como el femicidio de Morena, Brenda y Lara van a seguir sucediendo.
Mientras tanto Mirna Gómez, viuda de Andrés, junto a su familia, amigos y organizaciones políticas y de Derechos Humanos continuamos exigiendo Justicia, que se encuentre a Gerez y se condene a todos los responsables, cómplices y encubridores de la desaparición, tortura y asesinato de su compañero.
