Con un gobierno desesperado por capturar divisas y contener la presión alcista sobre el dólar, el gobierno nacional oficializó este martes, a través del Decreto 685/2025 publicado en el Boletín oficial, la reducción al 0% de los derechos de exportación para las carnes bovinas y avícolas.
La norma firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, extienden hasta el 31 de octubre próximo al beneficio que ya había sido anunciado horas antes para granos y subproductos mediante otro decreto. La decisión, enmarcada en lo que el oficialismo denomina una política de eliminación de “impuestos distorsivos” tiene un claro objetivo inmediato: aumentar de manera urgente la oferta de dólares en el mercado único y libre de cambios (MULC) para sostener el esquema de bandas cambiarias.
La estrategia llega en un contexto de máxima fragilidad financiera y política. La cotización del dólar oficial había mostrado una tensión insostenible en los últimos días, acercándose al límite superior de la banda de flotación. Esta situación obligó al equipo económico a buscar una válvula de escape rápida, esta vez, apelando al sector del complejo agroexportador. Uno de los sectores más especulativos a la hora de decidir el destino de su producción, y que siempre recibe algún que otro favor por todas las gestiones de gobierno. La medida establece que los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas generadas dentro de los tres días hábiles posteriores al permiso de embarque, bajo la amenaza de perder el beneficio y enfrentar sanciones en caso de incumplimiento.
Sin embargo, el carácter temporal de la disposición, que vence el 31 de octubre (inclusive), apenas cuatro días después de las elecciones legislativas nacionales, no hace más que revisar la naturaleza cortoplacista de esta maniobra. El objetivo es claro, conseguir todo el oxígeno financiero posible para atravesar el proceso electoral sin una nueva devaluación que profundice la crisis económica y social.
La incertidumbre sobre qué sucederá después de esa fecha es total, especialmente si se considera que el presidente Milei se encuentra en Estados Unidos buscando un espaldarazo económico de la administración de Donald Trump. Un eventual acuerdo financiero con ese país podría imponer nuevas reglas de juego para el esquema cambiario a partir de noviembre, dejando en evidencia que la actual medida es un parche de emergencia.
La desesperación por calamar al mercado tiene un costo fiscal concreto que pone en evidencia las prioridades del gobierno. Según estimaciones de consultoras privadas, la eliminación transitoria de las retenciones generará un agujero en las cuentas públicas que ronda entre el 0,15% y el 0,25% del Producto Bruto Interno. Este monto es equivalente al que hubieran demandado la ley de Financiamiento Universitario y la ley de Emergencia Pediátrica, ambas vetadas por el Ejecutivo bajo el argumento de la restricción fiscal. Claro que el destino de estos vetos ya se vio resquebrajado en las calles, mientras se realizaba la sesión en Diputados.
La comparación entre las ayudas privilegiadas al agro y el veto a este tipo de leyes no pasa desapercibida. Mientras el gobierno asegura no tener recursos para la educación pública y la salud de los niños, sí encuentra un margen de maniobra para beneficiar a los sectores exportadores más concentrados.
El nuevo esquema de retenciones cero abarca ahora a los principales productos de la cadena agroindustrial. Para los granos y subproductos, el beneficio estará vigente hasta el 31 de octubre o hasta que alcance un topo de U$S7.000 millones en declaraciones juradas de ventas al exterior, lo que ocurra primero. A esta lista se suman las carnes bovinas y aviar. En el caso de la carne vacuna, la alícuota que se elimina temporalmente era del 5%, aplicable específicamente a la categoría novillo, ya que otras categorías ya gozaban de liberación permanente. Para el sector avícola, la quita, también es del 5%. Aunque el anuncio fue celebrado por las cámaras empresarias del sector, especialistas advierten que el impacto real en la cadena puede ser limitado y que el efecto negativo de la reciente caída del tipo de cambio real podría neutralizar la ventaja de no pagar retenciones.
La medida, por un lado, intenta apaciguar la demanda de dólares en el inmediato plazo, apostando a que una mayor liquidación de cosecha y exportaciones de carne alivie la presión sobre las reservas del Banco Central, y de esta manera, llegar con tranquilidad cambiaria a las elecciones. Por otro lado, expone de cuerpo entero la inclinación política del gobierno: en medio de una crisis, la prioridad es garantizar la estabilidad financiera y el apoyo de los sectores del poder económico, a costa de postergar necesidades urgentes de la gente.
El éxito o el fracaso de esta apuesta no solo definirá la cotización del dólar en las próximas semanas, sino que también marcará el rumbo político de un gobierno que busca desesperadamente llegar a octubre con el tipo de cambio bajo control.
