En el marco de una crisis política, económica y social que se profundiza minuto a minuto, estallan nuevas pruebas judiciales que golpean al gobierno de Javier Milei.
Fernando Cerimedo, director del medio oficialista “La Derecha Diario”, declaró ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi confirmando el contenido de los audios de Diego Spagnuolo y aportando un dato crucial: el propio presidente Javier Milei y su ministra Sandra Pettovello estaban al tanto de la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde, al menos, junio de 2024.
Las declaraciones de Cerimedo, conocidas tras el levantamiento del secreto de sumario, pintan un cuadro de descomposición total en el corazón del poder libertario. Lejos de la supuesta “lucha contra la casta” que pregonaban en campaña, el relato judicial exhibe a un presidente informado de que su hermana, Karina Milei, y su operador, Eduardo “Lule” Menem, se quedaban con el 3% de las coimas extraídas de la compra de medicamentos para los sectores más vulnerables.
Según el testimonio, Spagnuolo le confesó a Cerimedo que “Lule Menem se está choreando casi un palo por mes” y que, tras enterarse, Milei solo habría mostrado una indignación estéril, que no se tradujo en ninguna acción concreta para desbaratar este esquema de corrupción.
Además, el director de “La Derecha Diario”, explicó como se acallaban las quejas sobre este esquema de corrupción. Ante el reclamo de una droguería por el aumento del soborno del 5% al 8%, Spagnuolo respondió que “no podía hacer nada, que le bajaron la línea de que no se meta“, una clara alusión a órdenes que venían desde arriba.
Cerimedo también aportó datos que extienden la línea de la corrupción en el área hacia gestiones anteriores. Spagnuolo le habría contado que una droguería le mencionó que el esquema del 5% funcionaba desde la época de Pablo Atchabahian, titular de Incluir Salud durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que pone una nueva capa de complejidad política al caso.
Este escándalo, no es un hecho aislado. Es la expresión más nítida de un modus operandi que define a este gobierno: ajuste salvaje para las mayorías y negociados obscenos para la cúpula en el poder. Mientras recortan hasta el último peso para logar el bendito superávit fiscal, los funcionarios de la Rosada se reparten millones provenientes de las arcas del Estado. La confesión de Cerimedo deja en claro que la corrupción es una política de Estado del gobierno de Milei, y el sincericidio presidencial de Junín (“les estamos afanando los choreos”) fue mucho más que un lapsus; fue la verdad que se le escapó.
Cuando estalló el escándalo de ANDIS, la frágil ingeniería económica de Luis Caputo ya se encontraba en crisis. Ahora, luego de semanas de destaparse el caso, los mercados, sensibles a la inestabilidad política, volvieron a reaccionar frente a la profundización de esta crisis. El dólar volvió a dispararse, el riesgo país escaló y el gobierno se vio obligado a vender reservas para contener una debacle.
Todo esto también atado a las derrotas políticas consecutivas. El Congreso, reflejando la enorme presión social en las calles, le acaba de dar dos palazos al rechazar los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica y al Financiamiento Universitario. Las masivas movilizaciones del miércoles frente al Congreso, con una plaza colmada por trabajadores de la salud, docentes, estudiantes y otros sectores, demostraron que se puede torcerle el brazo al gobierno y sus planes de ajuste.
Frente a esta podredumbre, las salidas que proponen los partidos tradicionales son insuficientes. No se puede confiar en quienes ayer fueron socios de Milei y hoy buscan capitalizar el descontento para una alternancia que mantenga intacto el mismo sistema de entrega y corrupción.
La salida de fondo, la única verdaderamente democrática, es la que se construye en las calles. Es la movilización unitaria y masiva la que puede terminar de quebrar este gobierno débil y acorralado. Como planteamos desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad, necesitamos una investigación independiente y profunda, una suerte de CONADEP de la corrupción, que expulse y castigue a todos los responsables. Pero sobre todo, necesitamos organizar la lucha para echarlos a todos los ajustadores y a los corruptos de este gobierno.
