19 condenados por crimenes de lesa humanidad fueron trasladados del penal de ezeiza a la unidad 34 de campo de mayo para tener una condena privilegiada.
¿Quienes son?
Durante la noche del viernes, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, trasladó a diecinueve condenados por crímenes de lesa humanidad desde el penal de Ezeiza hasta la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Los represores se encontraban alojados en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, dividido en dos áreas: una para mujeres y otra para adultos mayores. Fue en esa misma unidad donde, el año pasado, los condenados recibieron la visita de una comitiva de diputados libertarios, que posaron y se fotografiaron con ellos.
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Entre los trasladados se encuentran nueve represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro. El Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que los juzgó y condenó, declaró que no se oponía al traslado.
El movimiento también incluye a cuatro represores que actuaron en el circuito de centros clandestinos conocido como Atlético-Banco-Olimpo (ABO): Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos.
Estos no serían los únicos trasladados. El SPF también informó que reubicará a Manuel Cordero Piacentini, militar uruguayo condenado por su participación en el Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. También será trasladado Marcelo Cinto Courtaux, oficial de inteligencia del Ejército condenado por secuestros y desapariciones. Cabe señalar que su hijo es el actual director general de Relaciones Parlamentarias del Senado y uno de los funcionarios más cercanos a Victoria Villarruel.
En cuanto al caso de Courtaux, la Cámara Federal de Casación Penal fue contundente: “Del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años”.
Una política de gobierno
La medida se excusa en la supuesta sobrepoblación carcelaria del sistema federal, pero detrás se esconde un objetivo político: otorgar condiciones de privilegio a los genocidas de la última dictadura militar.
La Unidad 34 de Campo de Mayo cuenta con comodidades que distan mucho de las del resto del sistema penitenciario: canchas de tenis, pistas de caminata, celdas individuales con televisor, e incluso una heladera por cada dos internos.
Según datos del SPF, hasta este viernes, en la Unidad 34 había 52 detenidos, todos condenados o procesados por delitos de lesa humanidad. Con la llegada de estos 19 represores, el total asciende a 71, en un establecimiento con capacidad para 115 personas.
La diputada libertaria Lourdes Arrieta había hecho público que la visita a los condenados en Ezeiza estaba relacionada con el interés de sectores del gobierno en otorgarles la prisión domiciliaria a los “viejitos”.
La visita y la difusión de la imagen generaron tanto rechazo que ni siquiera se animaron a presentar algún proyecto al respecto. Sin embargo, encontraron otra manera de concederles una condena privilegiada, agrupando a todos los genocidas sueltos en Campo de Mayo.
Los crímenes cometidos por esos represores son imprescriptibles, y cualquier maniobra para privilegiar su condena no es más que una forma de defender la impunidad que durante años les permitió permanecer en libertad. La ministra Bullrich es la mano ejecutora de esta medida, que muestra cómo actúa un gobierno que habla de una “historia completa” para justificar la tortura, las desapariciones y los asesinatos de la dictadura militar.