En mayo de 2016 se creó el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT a cargo de la Defensoría LGBT -que depende del Instituto contra la Discriminación- y la Defensoría del Pueblo porteña, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El objetivo del Observatorio es “el relevamiento nacional de datos que visibilicen la violencia que viven cotidianamente en nuestro país lesbianas, gays, bisexuales y trans para generar una plataforma de información que permita monitorear e incidir en la formulación de políticas públicas eficaces y propuestas legislativas para prevenir, sancionar y erradicar los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT, motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género”.
Días atrás, el Observatorio hizo público su informe sobre los crímenes de odio en 2020, que adjuntamos abajo para ampliar la información. Allí se aclara que existe un subregistro de datos, ya que los casos contabilizados surgen de la prensa o de las denuncias recibidas, pero una gran cantidad de hechos no se denuncian o no se informa la orientación sexual o identidad de género de sus víctimas.
Las cifras del odio anti-LGBT
- El Informe detalla que durante el año pasado se conocieron al menos 152 casos de crímenes de odio.
- De esos 152 crímenes, el 57% (86) fueron lesiones al derecho a la vida, o sea asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal histórico y estructural; y el 43% restante (66) se trató de lesiones al derecho a la integridad física, o sea violencia física que no terminó en muerte.
- Del total de 86 muertes, 14 fueron asesinatos (10 mujeres trans y 4 varones gays), 5 suicidios (4 mujeres trans y un varón trans) y 67 muertes a causa del abandono estatal estructural (todas mujeres trans).
- El 84% del total de crímenes de odio, es decir 127 sobre 152, tuvo como víctima a una travesti o una mujer trans.
- En cuanto a la autoría, el 44% del total fue cometido por personas privadas y el 56% por personal y/o instituciones del Estado. El 55% de los crímenes se cometió en la vía pública.
Las trans, víctimas número uno
Las travestis y mujeres trans son el blanco predilecto de la violencia social e institucional, ya que son expulsadas de sus hogares a temprana edad, son discriminadas en la escuela y en el sistema de salud y no tienen acceso a empleo formal ni por ende tampoco a vivienda. En su mayoría, son empujadas a la prostitución para poder sobrevivir.
El aislamiento por la cuarentena perjudicó su trabajo sexual, agudizó así su exposición a la violencia policial o de los clientes y además agravó los desalojos por la carencia de ingresos. También es peor el trato hacia las personas trans en las cárceles y comisarías. En ese sentido, el Informe denuncia que “las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios suelen manifestar particular saña y odio contra las personas LGBT, y especialmente direccionada hacia la comunidad de mujeres trans”.
Asimismo, el Informe señala que, aparte del cupo laboral trans que recién se comienza a implementar, a través del INADI el Ministerio de Desarrollo Social de Nación dispuso un programa específico de ayuda a varios miles de personas trans. Pero el monto fue más que escaso: $ 9.000. Y el propio Informe reconoce: “Sin embargo, el contexto de crisis sanitaria internacional, puso en evidencia la falta del diseño políticas públicas específicas, en base a un adecuado diagnóstico de la situación que padece la población trans en Argentina. De este modo, aunque se estén tomando cartas en el asunto, es necesario una política nacional integral que garantice el acceso a una vivienda digna y un trabajo formal a este colectivo. Solo de esta manera, estarán dadas las condiciones para que puedan desarrollar su vida en las mismas condiciones que el resto de la población”.
El patriarcado no terminó
El nivel de crímenes de odio contra nuestra comunidad LGBT no desciende: en 2018 hubo 147 casos, en 2019 se registraron 177 casos, y en 2020, a pesar del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, hubo 152 casos.
A ocho años ya de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, la brecha entre el reconocimiento legal de derechos y la realidad sigue siendo importante. En el caso de las travestis y mujeres trans, por la vulneración de derechos que padecen su promedio de vida no supera los 41 años: la mitad del promedio general.
Por eso compartimos la conclusión del Informe: “Todos los datos anteriormente expuestos muestran la situación actual de precarización de las vidas de lesbianas, gays, bisexuales y trans, un panorama de múltiples exclusiones y vulneraciones de derechos que esta población vive cotidianamente -y que se encuentra agravado por el actual contexto de pandemia-, y pone en evidencia la necesidad de políticas públicas eficaces y acordes a la urgencia, que demuestren el compromiso del Estado argentino con esta población históricamente vulnerada y que permita pasar de la inclusión legal a la inclusión social real”. Y detalla un completo listado de 24 recomendaciones al Estado argentino, desde la necesidad de una nueva ley antidiscriminatoria y una ley integral trans, y desde la laicidad del Estado y la educación pública hasta el aumento presupuestario para las áreas y programas de diversidad.
A diferencia de lo que irresponsablemente aventuró el presidente Alberto Fernández al promulgar la ley de aborto, entre muchos otros hechos este Informe confirma que el patriarcado no terminó.
Desde Libre Diversidad y el MST en el FIT Unidad, como agrupación integrante de la FALGBT, ratificamos nuestro compromiso político y militante de defender todos los derechos conquistados, de ir por más y de proseguir nuestra batalla de fondo contra el patriarcado y el capitalismo, que son un mismo sistema a derrotar y así abrir paso al socialismo.