El informe de la Junta Interna de ATE Indec señala que una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó en diciembre $ 82.086 para solventar los gastos básicos. Alimentos se encuentra entre el rubro que sufrió mayor aumento.
El acelerado aumento de precios de los alimentos y de los bienes de servicio se encuentran entre las principales preocupaciones de millones de familias trabajadores y sectores populares. La acelerada inflación desvaloriza día a día los salarios y los ingresos económicos, las proyecciones al respecto no son muy favorables.
A pesar de que el gobierno asegura estar tomando medidas al respecto, los precios no paran de subir y la inflación del corriente año se estima que podría alcanzar el 50 por ciento. Los acuerdos de precios cuidados han demostrado ser un rotundo fracaso debido a la falta de controles y a las concesiones otorgadas a los grupos económicos concentrados.
El informe detalla que “un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijxs en edad escolar necesitó en diciembre de 2020 $ 82.085,9 para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $ 27.586,3 necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y $ 54.499,5 para acceder a otros bienes y servicios básicos”. Además, afirman que “ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio”.
Los montos superan ampliamente al salario mínimo vital y móvil que tiene un valor de $ 21.600 mensuales y pone en escenario que cerca de la mitad de los trabajadores registrados del país perciben salarios de pobreza.
Otra cuestión clave a pensar, y que es sistemáticamente negada por el gobierno, es que de aplicarse dicho ejercicio para calcular los ingresos necesarios para una familia tipo, los índices de pobreza en el país serían muy cercanos al 50% de la población. Falta agregar el terrorífico número de los casi 4 millones de puestos de trabajo que se han perdido en lo que va del año.
Barajar y dar de nuevo
Desde el MST en el FIT-U venimos insistiendo que es necesario suspender de manera urgente todo tipo de pago a los grandes fondos de deudas ilegítimas y fraudulentas, esos montos se deben destinar para aumento de salarios, ayudas sociales y creación de nuevos cargos laborales. Se torna necesario cambiar las orientaciones y prioridades para recomponer la vida material de la mayoría de las y los trabajadores y sectores populares.
El Estado tiene la potestad de obligar a las empresas a abrir sus libros contables y avanzar en sanciones a las cadenas de supermercados que no cumplan con los acuerdos de precios máximos, incluso expropiar en los casos que sea necesario. Además, es necesario prohibir los despidos y sanciones por ley y sancionar a las empresas que no cumplan.
Es momento de avanzar en políticas que pongan un freno a los miserables de siempre y a sus voceros de derecha, los salarios no pueden seguir corriendo detrás de los aumentos de precios.