Tras el asesinato de Fernando Martín Gómez de 27 años, padre de tres niños pequeños, la versión del gobierno fue cambiando a medida que pasan las horas y los días de su violenta muerte el pasado miércoles 18 de diciembre.
Primero el gobierno nacional, por intermedio de Gendarmería hizo circular la versión que Gómez “no tenía ningún disparo en su cuerpo”. Luego de la protesta social que reclamaba la entrega de su cuerpo, se aceptó que murió por un disparo de fuego, pero entonces dijeron que este era “amigo”. Sin embargo, posteriormente se conocieron los primeros resultados de la autopsia y la presencia de otros disparos en la pierna del joven, por lo cual no quedó otra que aceptar que las municiones salieron de un arma de las fuerzas federales. Ahora aceptan que murió por un tiro en el pecho con un arma reglamentaria, pero dicen que sería “robada”.
En principio lo que va quedando confirmado es que a Gómez lo mataron con un disparo al pecho y con un arma oficial. Lo que también es muy evidente es la impunidad que manejan las fuerzas federales al amparo de la Justicia. Los abogados del fuero local se sorprenden al enterarse que la fiscalía no secuestró las armas de los prefectos y gendarmes que participaron de los hechos donde murió el bagayero. Las fuerzas ocultan quiénes fueron los efectivos afectados y a cargo de quién estaban. Ante la muerte del joven no hay ningún uniformado demorado y se confirmó la llegada de la plana mayor de Gendarmería a la zona para organizar un operativo que blinde sus responsabilidades.
Sin medidas de prueba y la aplicación de los protocolos más básicos de investigación nunca se podrá saber la verdad, y eso juega a favor del asesino. Además no hay fuerzas federales en la zona que puedan asistir a la Justicia para hacer la investigación, ya que Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura están bajo el mismo operativo del “Plan Güemes”. Para dicha instrucción judicial se debería requerir la presencia de otra fuerza federal: la PSA (Policía Seguridad Aeroportuaria). Pero nada de eso fue anunciado y el tiempo sigue pasando, cada minuto oculta más el crimen.
Estamos entonces en un régimen de facto, donde quien dispone de las armas dispara y puede matar es el mismo que investiga y juzga. Este procedimiento es propio de un régimen autoritario. Los testigos del hecho advirtieron en los medios de prensa local que Fernando fue fusilado, que los federales querían tirar su cuerpo al río Pescado y es ahí cuando los compañeros intervienen para evitar esta situación y son también brutalmente atacados, registrándose los otros 4 heridos que fueran hospitalizados. Uno de ellos con disparos en el rostro y los ojos en grave estado.
La droga
Dos días después del crimen apareció un parte de prensa oficial y una fotografía mostrando 51 Kg. de cocaína, alegando que eso correspondía al operativo del 18 de diciembre. Este evento levantó muchas sospechas por su presentación aislada.
Es protocolo filmar todo el operativo donde se desmantela los objetos que ocultan la droga. Ya sea la puerta de un vehículo, mochilas, cubiertas de autos o lo que se utilice como fachada. En este caso no se conoció ningún vídeo y de repente aparece solo una foto que no guarda relación ni un punto de conexión con las bolsas de los bagayeros.
Es muy poco probable que un patrón narco confíe más de 50 Kg. de cocaína a un simple bagayero que vive en la más extrema pobreza y no tiene espalda financiera para responder por semejante cargamento, y peor aún, es imposible imaginar cómo un cargamento que vale miles de millones de pesos vaya sin custodia.
Si el gobierno quiere conocer el origen de la droga es muy fácil de conseguir, basta con mirar la lista de los que actualmente blanquean capitales de miles y miles de dólares con la Ley Bases de Milei y ahí van a encontrar la ruta del dinero del crimen y sus responsables
Está claro que la joven víctima, “un don nadie”, no es ningún narco. Su casa de madera, piso de tierra, techo de chapa y sin puertas que construyó con mucho esfuerzo con su trabajo de pasador de hoja de coca, son la prueba contundente. Queda demostrado que su muerte fue violenta. Un crimen a sangre fría en medio de un operativo de las fuerzas federales, donde se detonaron al menos 1850 disparos oficiales según lo informado por la propia Gendarmería.
No existe prueba material alguna que certifique un punto de vinculación entre las bolsas de hoja de coca que llevaba Fernando con la carga de 51 Kg. de droga mostrada por Gendarmería. Una foto aislada no puede constituir prueba suficiente mucho menos si una decena de personas testifican lo contrario.
La Justicia no está investigando el crimen con el rigor del caso, por lo que no ha determinado las medidas más elementales. Incluso es necesario formar una comisión investigadora independiente tipo CONADEP, teniendo en cuenta los nefastos antecedentes de la Gendarmería en el norte con las muertes de Gabriel Tercero (Bagayero de Orán) y Aníbal Verón (chofer de colectivo en Mosconi).
Mientras la ministra Patricia Bullrich disfrutará de con sus nietos en los parques de Disney, los hijos de Fernando Gómez seguirán caminando en la pobreza del barrio Libertad de Orán en Salta. En definitiva, no se va a combatir el narcotráfico matando a un bagayero y mucho menos encubriendo un crimen.
Samuel Huerga
Radio Cadena Noa.