Mientras el gobierno disfruta el veranito financiero del momento y continúa la renegociación de la deuda con el FMI, tampoco se priva de seguir endeudando al país con otros organismos de crédito. Se confirmó que el gobierno recibirá un crédito más del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el monto de U$S700 millones. De esta forma, el nuevo préstamo con este organismo se suma a otro entregado esta misma semana por U$S 1.700 millones, acrecentando las obligaciones de la deuda pública del país.
Según lo que indica el Decreto 1052/2024 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el nuevo préstamo con el BID será utilizado para llevar a cabo una “transformación del sector energético del país”. Hay que ver ahora si esta deuda, más allá de los argumentos del decreto, no se transforma en una transferencia directa a las patronales de las empresas energéticas, las mismas que en los primero nueve meses del año ganaron alrededor de $300.000 millones con los tarifazos que se aplicaron.
Además, en la misma decisión del Ejecutivo para volver a tomar deuda con el BID se recalca que el préstamo busca aportar las condiciones necesarias para facilitar a los sectores más vulnerables el acceso al sistema de energía. Toda una farsa que se cae al saber que el mismo gobierno es quien decidió prorrogar la emergencia eléctrica y, por esta vía, recortar más subsidios que se traducirán en un nuevo tarifazo. Fue con el Decreto 1023/2024 que el gobierno tomó la decisión repasada, que posterga la normalización regulatoria de la energía eléctrica y el gas. Con esta prórroga, el Ministerio de Economía va a decidir mensual y discrecionalmente el aumento de las tarifas, sin ningún marco regulatorio.
Otra vez las privatizadas de las energéticas, como viene pasando en el gobierno de Javier Milei, van a recibir otro préstamo del BID como reaseguro de sus ganancias. A la par, ya se anuncian cortes estipulados para el próximo verano.
El esquema del gobierno para las privatizadas obliga a discutir si es necesario mantener las ganancias de estas empresas o en necesario considerar los servicios públicos como un derecho esencial para toda la población. Para esto último, contrario al modelo privatista heredado de los ‘90 que han mantenido todos los gobiernos que luego se sucedieron, hay que avanzar en la estatización del sector con gestión democrática por parte de sus propios trabajadores y profesionales con participación de todos los usuarios en la edificación de un servicio más eficiente, económico y sustentable.
Por otro lado, volviendo al nuevo préstamo del BID, es necesario rechazar cualquier endeudamiento al servicio de ganancias privadas que no tenga nada ver con las demandas sociales de un país donde más del 50% está hundida en la pobreza.