Luego de la ráfaga de declaraciones que se dieron entre la UIA con el Ejecutivo nacional, apareció un guiño por parte del gobierno hacia el sector empresario. Se materializa la promesa de un mini RIGI a medida de los pedidos de los industriales, con una propuesta de reforma laboral incluida.
Tras los faltazos del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo a la 30° Conferencia Industrial de la UIA, el titular de esta institución, Daniel Funes de Rioja despotricó contra el gobierno. El empresario criticó la falta de apoyo de los libertarios al sector industrial y a las PyMEs, luego de las discusiones sobre la apertura de las importaciones. En medio de estos cortocircuitos, el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, se encargó de comunicar que en la próxima semana se presentará en el Congreso un proyecto de ley para responder a todos estos pedidos.
Lejos de una discusión sobre en qué eje productivo se tendría que apoyar el país para responder a las necesidades de la mayoría, el proyecto de ley se mantiene en el marco en que se inscribió el RIGI. En esta ocasión, orientado para las PyMEs, en donde los incentivos son para la billetera de los empresarios.
Un mini RIGI con una reforma laboral incluida
Con un proyecto auspiciado por la promesa de promover las inversiones y el empleo de las PyMEs y de las grandes empresas, el gobierno hizo aparecer una nueva reforma que ataca directamente a los derechos laborales y llena de ganancias a los bolsillos del empresariado de este sector.
Según las declaraciones de Pazo, esta ley se centraría en “facilitar e impulsar el crecimiento de las PyMEs”, y también agregó que se busca “potenciar las exportaciones, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral”. Toda esta iniciativa se circunscribe en el marco en que se redactó el RIGI, ya que esta ley se complementaría con este régimen de inversiones, en donde los beneficios y las exenciones impositivas para las empresas son la regla.
Mirando detalladamente, algunos de los elementos que contiene el proyecto son:
- Beneficios impositivos
- Reducción de las cargas y contribuciones patronales para la creación de nuevo empleo. Sobre la base del último año, a las micro PyMEs se les reducirá un 75%, a las medianas un 50% y a las grandes empresas un 25%.
- Devoluciones anticipadas de IVA.
- Degravación de derechos de exportación para bienes industriales.
- Otros beneficios para inversiones que superen cierto monto dependiendo el tamaño de la empresa. U$S 150.000 en empresas micro; U$S 600.000 en las pequeñas; U$S 3,5 millones en las del tramo 1; U$S 9 millones en la de tramo 2; y U$S 30 millones en el resto.
- En el agro, se postergaría la valuación de hacienda al momento de la efectiva venta de ganado.
Además de todos estos elementos que se configuran alrededor del objetivo de blindar los intereses de los empresarios, el proyecto se aventura en implementar otro intento de reforma laboral. Si bien el capítulo sobre derechos laborales contenidos en el DNU 70/23 se encuentra judicializado, este regalo del gobierno apunta en la misma dirección. La lógica de maximizar las ganancias a costa de abaratar costos laborales aparece en cada uno de los puntos de esta reforma.
El proyecto busca brindar una serie de actualizaciones a la actual Ley de Contrato de Trabajo y aspira a una modernización del Régimen de Trabajo Agrario. Algunos de los puntos son:
- En relación a los juicios laborales, las empresas solo tendrán que pagar hasta un máximo de 13 cuotas mensuales consecutivas, atadas a una tasa del 3% anual más el IPC.
- Se busca reducir las indemnizaciones. La base del cálculo no incluirá sumas no remunerativas, pago de transporte, internet y gimnasio. Estas también sufrirán una reducción en caso de reintegro del personal.
- El empleador podrá decidir en qué momento dar vacaciones al empleado.
- Los sueldos podrán ser percibidos por cualquier institución bancaria o plataforma virtual. Un guiño para las billeteras virtuales.
Envalentonado por el momento positivopor el que transita el gobierno, se anota para la próxima semana la posibilidad de acertarle un nuevo golpe a la clase trabajadora. Además de que frena un posible conflicto con un sector como la UIA.
Si este intento de recortes de derechos laborales y maximización de beneficios para los empresarios puede entrar en discusión, es gracias al rol de las centrales sindicales y las direcciones políticas que se dicen oposición en el parlamento pero dejan pasar todas las leyes de Milei.
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Como ha hecho durante toda la gestión de Milei, la CGT se mantiene en silencio y desmovilizada. A pesar de haber realizado dos paros generales en el año, los cuales fueron conquistados por la presión de las bases, el papel de los máximos dirigentes de esta central fue la de pactar todo el ajuste con el gobierno. Es tan obsceno el nivel de entrega y tan explícito, que ya por ninguna de las partes se preocupan en ocultar este negociado. Por ejemplo, este proyecto busca recuperar los puntos del DNU 70/23, pero deja afuera las cuestiones sindicales, como es el caso de la cuota sindical obligatoria. Es decir, mientras puedan mantener las cajas que le aseguran la reproducción de sus privilegios, garantizan el desarrollo de la precarización laboral.
Si la crisis de la CGT es verdadera, y el sector que representa Pablo Moyano de verdad quiere enfrentar al plan del gobierno, acá aparece una prueba. Pero a pesar de esas rupturas que aparecen en la burocracia, es necesario poner en marcha la construcción de una alternativa y una nueva dirección, de izquierda, que ponga de pie a todos los trabajadores que han salido a luchar y defender sus puestos de trabajo durante todo el año.