En las últimas semanas el gobierno de Milei, buscando reforzar su línea negacionista dio a conocer por medio de un decreto la posibilidad de que se vendan Espacios de Memoria, donde en la última dictadura funcionaron Centros Clandestinos de Detención. Uno de los casos más resonantes es el de La Perla, centro ubicado en la provincia de Córdoba, y además correría la misma suerte el ex Regimiento de Infantería 9 (RI9) de Corrientes.
El pasado 24 de octubre se publicó el decreto 950/24 firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el presidente Javier Milei, en donde se permite a la Administración de Bienes del Estado a “disponer, enajenar y/o transferir los inmuebles del Estado Nacional que se detallan en el ANEXO”. Dicho anexo indicado en el decreto contempla a 309 inmuebles, distribuidos en 18 provincias, donde Espacios de Memoria como La Perla se encuentran incluidos.
En el caso del lugar ubicado en Córdoba, el ex centro clandestino de detención, el más grande en el interior del país, llamado La Perla, ya se encuentra a la venta. Ubicado precisamente en la zona de Malagueño, este centro también contaba con un anexo conocido como La Perlita, una antesala a La Perla, donde durante el mundial del 78, se mantenía en cautiverio a quienes eran secuestrados por la dictadura.
Por otro lado, el ex Regimiento de Infantería 9 (RI9) de la provincia de Corrientes, si bien no figura en la lista de inmuebles del Decreto 950/24, si aparece en el sitio web de la Agencia de Administración de Bienes del Estado como un inmueble listo para entrar en proceso de remate.
En principio, legalmente estos lugares se encuentran protegidos por la Ley nacional 26.691, en donde el Estado Nacional está comprometido a señalizar, preservar y difundir los sitios donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención o donde se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y en sus años previos. Además, estos terrenos se encuentran atravesados por medidas cautelares en caso de que sean utilizados por actividades privadas que nada tienen que ver con políticas relacionadas a preservar la memoria.
El gobierno, tal como viene intentando en estos diez meses de gestión, cuando encuentra un momento aprovecha para profundizar algunas de sus políticas y así poder contentar y disputar ideológicamente parte de su base social. En este caso, con la justificación de que el gobierno no puede costear el mantenimiento de estas tierras ociosas en medio de la crisis económica, aprovechan a profundizar su línea negacionista con respecto a la última dictadura. Esto es algo inocultable en este gobierno. A pesar de las diferencias discursivas, el binomio Milei-Villarruel siempre dejó en claro en qué lugar se posicionan en relación a esta época por la que atravesó el país. Es por esto que desde su arribo al gobierno el desguace en el sector de Derechos Humanos es algo que se profundiza desde el día uno.
Con Adalberto Baños a la cabeza de la Secretaría de Derechos Humanos, la cual hoy se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia, el desarme en materia de políticas relacionadas a la Memoria, a la Verdad y a la Justicia fue un eje rector de dicha secretaría. Por ejemplo, desde que se inicio este mandato se ha pasado la motosierra en sectores sensibles como lo son las leyes reparatorias, en el Archivo Nacional y como lo anteriormente descripto, la venta de los Espacio de Memoria.
Es necesario salir a enfrentar la ofensiva encasillada en la idea de habilitar un discurso negacionista, que permita una avanzada represiva. El gobierno, además de aplicar el terrible ajuste, también se ha dedicado a atacar derechos sociales y democráticos conquistados luego de muchos años de lucha. Frente a este panorama, es importantísimo defendernos de estos ataques, ya que la venta de los Espacios de Memorias o los recortes producidos en el sector de Derechos Humanos es una avanzada contra la necesidad de mantener viva la memoria de los y las compañeras que dieron la vida durante esos años.